Se duplica la distancia máxima que debe haber entre el punto de generación eléctrica en cubierta y el de consumo

El Gobierno ha aprobado una serie de medidas para tratar de impulsar el autoconsumo eléctrico entre comunidades de vecinos, polígonos empresariales y otros tipos de colectivos que pueden compartir la instalación de placas solares.

Concretamente, el Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de duplicar la distancia máxima que debe haber entre el punto de generación eléctrica en cubierta (los tejados donde se instalan las placas solares) y el de consumo (donde se encuentran los enchufes).

Más distancia para el autoconsumo

Así, la distancia entre ambos puntos para que una red eléctrica sea considerada de autoconsumo pasa de ser 500 metros a un kilómetro, una distancia que el Gobierno considera “razonable” para evitar en cualquier caso que se creen “parques de autoconsumo rodeando zonas urbanas”.

Con esta iniciativa se quiere favorecer que las comunidades de vecinos (el 70 % de los españoles viven en pisos) y los polígonos industriales instalen placas para generación propia y colectiva de electricidad.

El mismo objetivo tiene la decisión de permitir más de una instalación en una misma referencia catastral, evitando limitaciones al crecimiento en lugares donde ya haya una planta fotovoltaica operativa.

Además, se ha acordado que las instalaciones de menos de 500 kilovatios (kW) no tenga que obtener una autorización previa y de construcción, un límite que hasta ahora era de 100 kW.

El Gobierno explica que estas medidas buscan seguir impulsando el autoconsumo en España, que en los últimos cuatro años se ha multiplicado por diez, con un crecimiento exponencial, de manera que en este año se ha desplegado más de un tercio del total

Alumbrado público

Además, el Ejecutivo eleva los requisitos mínimos de eficiencia para el alumbrado público y con el que prevé ahorros de hasta el 67 %.

En concreto, los requisitos mínimos de eficiencia aumentan un 119 % para el alumbrado funcional y un 163 % para el alumbrado ambiental.

Con estas medidas, que recogen además la instalación de nuevas bombillas, el Ejecutivo calcula que se podrían lograr unos ahorros de entre el 39 y el 67 %, según han indicado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El alumbrado funcional incluye las instalaciones de iluminación de carreteras, autopistas, autovías o vías urbanas, mientras que el alumbrado ambiental recoge aquellas que se colocan sobre soportes de baja altura, generalmente en zonas urbanas para la iluminación de vías peatonales, comerciales, aceras, parques o jardines.

Además, se ha actualizado el sistema de etiquetado mediante letras, de modo que solo lo más eficiente se califique como “A” o “B”. El Gobierno busca con ello dar al usuario final información más realista de la eficiencia energética de su instalación y potenciar el ahorro.

El nuevo reglamento afectará a la iluminación pública (carreteras y calles), lo que incluye la de las administraciones y la de los agentes privados que iluminen espacios públicos, como algunas vías de concesionarios.

Estas medidas serán voluntarias desde su publicación y obligatorias para los proyectos que se inicien el 1 de enero. Los que se hayan iniciado antes tienen un año máximo para concluirse.

El Ejecutivo está trabajando para modernizar el reglamento del alumbrado exterior y confía en poder aprobarlo en su conjunto en los próximos meses.

Con el objetivo de adelantar la eficiencia energética, se incluye la tecnología LED, que no se recogía hasta ahora, y se duplican los estándares de eficiencia energética.

Cabe recordar que el Ejecutivo ya aprobó la semana pasada el Plan Más Seguridad Energética (+SE), que, entre otros puntos, recogía un programa de sustitución del alumbrado público dotado con 100 millones de euros y un nuevo reglamento para ser más eficientes en alumbrado con créditos 100 % reembolsables.

Según ha señalado la ministra del ramo, Teresa Ribera, es importante que las administraciones hagan un esfuerzo en reducir su consumo energético propio, tanto en sus instalaciones como el consumo que dependa de ellos. En este sentido, ha apuntado que debe ser cada administración la que decida dónde y cuándo canaliza el ahorro y que es importante que lo haga de forma transparente.

Fuente: El Periódico de la Energía/Europa Press