El 20 de abril las mascarillas dejarán de ser obligatorias en todos los espacios interiores. La Semana Santa será, por tanto, el último periodo vacacional en el que haya que meter el tapabocas en la maleta para entrar en un bar, centro comercial o iglesia. Pero ojo, que la medida de protección más icónica de la pandemia no queda desterrada. Seguirá siendo obligatoria en el transporte público, los centros sanitarios y las residencias. “El objetivo es proteger a los más vulnerables”, ha argumentado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial en el que ha anunciado que el Gobierno aprobará el día 19 el real decreto necesario para modificar su uso.
La norma se publicará en el BOE al día siguiente y a partir de ese día ya no será obligatoria la mascarilla en los recintos cerrados. Pero, siguiendo la recomendación de la Ponencia de Alertas, que reúne a los expertos del Gobierno y las autonomías, sí será preceptiva en el transporte público, en los centros de salud para los profesionales, pacientes y visitantes, en los hospitales cuando las personas ingresadas estén en espacios comunes y en las residencias y espacios sociosanitarios para visitas y trabajadores.
En el ámbito laboral, el real decreto dejará en manos de los servicios de prevención donde conviene su uso, que dependerá de si el espacio se puede ventilar o si se pueden guardar las distancias. Y en los colegios no se mantendrá “en ningún caso”, según la ministra, salvo aquellos profesores o alumnos que quiera seguir llevándola, dado que el uso voluntario, evidentemente, no queda prohibido.
De hecho, la Ponencia de Alertas ha recomendado realizar “un uso responsable” del tapabocas cuando haya aglomeraciones de personas y por parte de las personas vulnerables al covid. Asimismo, la Sociedad Española de Epidemiología, tras conocer la decisión, ha pedido prudencia a la ciudadanía, dado que “persiste la transmisión del virus”. No obstante, la mayoría de expertos hace días que había manifestado su apoyo a la retirada del tapabocas -sobre todo en los centros educativos-, en línea con la decisión adoptada por otros países europeos como Francia, Alemania o Reino Unido.