Una de las medidas anunciadas en el paquete de medidas contra la crisis energéticas aprobado por el Consejo de Ministros es que las calefacciones centrales que no cuenten con contadores individuales el 1 de octubre del próximo 2023 no accederán a las ayudas aprobadas en la tarifa del gas.
Solo quedarán eximidas aquellas comunidades que acrediten que instalar esos dispositivos no es viable técnicamente. Para instalarlos no habrá ayudas públicas específicas. La idea es que su coste se financie con los ahorros generados, como es habitual en el sector de la eficiencia energética.
Si el 1 de octubre de 2023 las comunidades no han instalado esos repartidores de costes, la comercializadora facturará a las comunidades un recargo del 25% sobre la energía consumida. Además, las comunidades deberán tener las calderas revisadas.
La nueva TUR 4 para calderas comunitarias estará vigente hasta diciembre de 2023 y puede beneficiar a 1,7 millones de hogares, permitiéndoles un ahorro que Ribera ha cifrado en el 40%. La costeará el Estado pagando a las comercializadoras la diferencia entre el precio regulado y el real.
En conjunto, la dotación presupuestaria para el conjunto de medidas aprobadas este martes asciende a unos 3.000 millones de euros, lo que eleva el esfuerzo para mitigar esta crisis energética en más del 3% del PIB. A partir de ahora los presupuestos también cubrirán el déficit que vaya creándose en los próximos meses en la TUR del resto de consumidores. Desde hace un año, esta tarifa regulada ha tenido las subidas limitadas a un máximo del 5%. Hasta ahora se ha generado una deuda de unos 200 millones de euros que financian las comercializadoras reguladas y pagarán los consumidores en TUR.
La nueva tarifa regulada para calderas comunitarias cubrirá el equivalente al consumo histórico de los últimos 5 años. Se calculará con una fórmula compuesta por un mix del 70% con la TUR limitada y otro 30% de precios sin límite. Los excesos en el consumo se penalizarán con un recargo del 25% para fomentar el ahorro.
Las comunidades se quedarán fuera de las nuevas ayudas de 40 millones que se van a movilizar para la instalación de contadores de gas natural, que irán destinadas a los consumidores con hasta 50.000 kilovatios hora anuales, el escalón de consumo que cubre las otras modalidades de TUR (1, 2 y 3). El Ejecutivo estima que hay unas 400.000 viviendas (con calderas no solo de gas, sino también otros combustibles como gasóleo) que estaban obligadas a instalar estos dispositivos antes de este año y no lo han hecho como establecía un decreto de 2020, que no obstante permitía eximirles si un informe acreditaba que no era viable hacerlo.
El decreto incluye una nueva categoría en el bono social, los descuentos en la tarifa de la luz para colectivos vulnerables, denominado “bono de justicia energética”, para hogares con rentas bajas que hasta ahora no podían acceder a él: con hasta 28.000 euros anuales de renta, entre 1,5 veces el IPREM, donde llega actualmente el bono social, y 2 veces ese indicador. Con ello, se prevé que puedan acogerse 1,5 millones de hogares más al bono social. El Gobierno cree que con ello estará protegido el 40% de los hogares con menor renta en España.
Cambiar la potencia contratada
Tal y como se anunció, el decreto eleva los umbrales de descuento del bono social para vulnerables y vulnerables severos y se eleva la cantidad de energía que tiene derecho a descuento. Y en el bono social térmico se aumenta también la dotación, con un mínimo de 40 euros según la zona climática.
Otra novedad es que se recupera la posibilidad, ya introducida durante la pandemia, de que los consumidores eléctricos puedan cambiar más de una vez en el plazo de dos meses su potencia contratada, para reducir la parte fija de su factura y aliviar los consumos más estacionales (caso de los regantes). Además, se obliga a rescindir automáticamente los servicios adicionales contratados (como el mantenimiento de la caldera) cuando se extingue un contrato, ya que se han detectado casos de abusos en este caso.
El decreto también introduce novedades en la factura que irán entrando en vigor paulatinamente a partir del 1 de diciembre:
Se va a regular la información sobre las reducciones fiscales que actualmente están en vigor para el IVA o el Impuesto eléctrico, y, tal y como se anunció, se va a obligar a informar con transparencia de cómo se está aplicando el mecanismo ibérico: cuando se separe ese concepto se prohíbe usar conceptos como “cargos”, “costes” o “impuestos”, y se incorporará información objetiva sobre su coste e impacto en el mercado mayorista para que los consumidores sean conscientes de sus beneficios: un ahorro de unos 3.000 millones de euros desde su puesta en marcha a mediados de junio, según las estimaciones del Gobierno.
Además, tanto para consumidores en mercado regulado como libre, el recibo incluirá datos sobre la demanda eléctrica de consumidores en el mismo código postal, aunque en este caso la información llegará más tarde porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deberá regular cómo se remiten esos datos. La idea es saber cuánto consume tu vecino para detectar si hay margen de ahorro.
Las facturas incorporarán también recomendaciones de ahorro. Y para los consumidores de gas se incluirá un código QR para acceder al comparador de ofertas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Otra de las novedades del decreto es que, para incentivar el autoconsumo de proximidad, se duplica el radio de proyectos compartidos en cubiertas de los actuales 500 metros a un kilómetro. No se ha aumentado más (como en otros países, como Francia o Portugal) porque las pérdidas se multiplican a medida que se aumenta la distancia, según Transición Ecológica, que estima que se va a multiplicar por 10 la cantidad acumulada de autoconsumo este año.
Asimismo, se prorroga el mecanismo de minoración del gas hasta diciembre de 2023. Se introduce más flexibilidad en el acceso a las redes eléctricas y se simplifican los trámites para la construcción de instalaciones de pequeña potencia, con hasta 500 kilovatios. Y para el fomento de inyección de gases renovables (gas y biometano) se declaran de utilidad pública las acometidas de estas instalaciones a las redes, con el objetivo de facilitar su despliegue.
El Ministerio de Hacienda, en la misma línea, ha informado este martes de la aprobación de la prolongación durante el próximo año de las deducciones de IRPF para quien reforme su vivienda y mejore la eficiencia energética. La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) prevé una serie de deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, que van del 20% al 60% en función de la reducción de consumo obtenida y del tipo de inmueble, ya sea vivienda individual o edificio residencial.
Fuente. El Diario.es
APIEM. Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid.
