La UE bloqueó el pasado 24 de mayo la tramitación del reglamento de la morosidad privada, es decir, entre empresas. Debido a la falta de acuerdo entre países, el Consejo de Competitividad tuvo que posponer la aprobación. Desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) lamenta que se haya vuelto a repetir ya que considera que homogeneizar la regulación debería ser «prioritario» ya que garantizaría la igualdad de condiciones entre empresas europeas.
Asimismo, la patronal de la pyme apunta que cree que es «preocupante» que se pudiera reabrir el debate de si es necesario un Reglamento o si podría regularse a través de una Directiva. En su opinión, la única forma de garantizar un cambio es a través de la aprobación de un reglamento europeo. Por ello, pide al Gobierno de España y del resto de estados europeos que lleguen a un acuerdo en el próximo Consejo de Competitividad, que se celebrará bajo la Presidencia húngara.
Cepyme ha analizado la situación de nuestro país en el contexto europeo y concluye que la morosidad «altamente nociva para el tejido productivo« no tiene la misma incidencia en todos los países.
Tomando los extremos, y según la Encuesta de Pagos D&B recogida en la documentación con la que ha trabajado la Comisión Europea, los pagos que se efectúan después de la fecha de vencimiento oscilan entre el 10% de Dinamarca y el 86% de Rumanía. En España, los pagos atendidos fuera de plazo alcanzan el 56%, en línea con nuestro vecino Francia (58%), Bélgica (56%) y por debajo de Italia (62%), pero lejos de Alemania (35%).
Según explica Cepyme, además de este dato, también es relevante el tamaño de las empresas de cada país ya que la pyme se ve más comprometida que una empresa grande si afronta problemas de liquidez.
En este sentido, detallan que, la principal razón para aceptar un pago demorado en España es la voluntad de mantener la relación comercial con los clientes para que no deteriore futuras transacciones. Además de otras características específicas de cada sector.
«La morosidad en las operaciones comerciales es un problema generalizado en Europa, que tiene graves efectos negativos sobre la liquidez de las empresas y afecta de manera especial a las pymes, por sus menores recursos y capacidad de negociación con los proveedores y clientes, y mayor debilidad para afrontar el retraso de pagos«, recuerda la organización. Que agrega que, el retraso de los pagos supone un aumento en los costes de financiación, lo que ocasiona situaciones »inasumibles« para las pequeñas y medianas empresas.
Un problema que crece
En estos momentos, la morosidad comercial se encuentra regulada por la Ley de morosidad de 2004 y la Directiva Europea de Morosidad, de 2011. Sin embargo, apunta Cepyme «esta regulación se ha mostrado insuficiente para combatir el incremento de la morosidad y reducir los períodos medios de pago». En nuestro país, los periodos medios de pago superan los 80 días, 20 más que lo que establece la Ley.
La Ley de Creación y Crecimiento empresarial introdujo medidas sancionadoras que, tal y como señala Cepyme «no solo no han resultado eficaces, sino que, por el contrario, penalizan de manera especial a las pequeñas y medianas empresas, limitando su capacidad para acceder a ayudas o contrataciones públicas».
Por ello, la organización considera urgente contar con una reglamentación clara y unificada a nivel europeo, que no discrimine a las empresas españolas frente a sus homólogas europeas. El objetivo del reglamento en cuestión es el cumplimiento de los plazos legales.
Fuente: ABC
APIEM. Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid.
