El Gobierno ha presentado a los agentes sociales un nuevo esquema para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por el coronavirus. El plan ofrece exoneraciones a la Seguridad Social de mayor cuantía para las empresas que den formación a los trabajadores suspendidos de empleo, han indicado fuentes de UGT a Europa Press.
En concreto, durante una reunión “de urgencia” celebrada por la tarde, el Ejecutivo ha ofrecido, dentro de los ERTE de limitación de actividad, exenciones del 20% para empresas de más de 10 trabajadores que no ofrezcan formación a sus empleados y del 50% si imparten acciones formativas. Para las empresas más pequeñas, de menos de 10 trabajadores, estas exoneraciones alcanzarían el 50% sin formación y el 70% con formación. En los ERTE de impedimento de actividad, las exoneraciones para todas las empresas serían siempre del 100%.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defiende que, de prorrogarse en las condiciones actuales, muchos sectores quedarían fuera de los esquemas de despidos temporales porque la actividad se ha recuperado. “Dado que algunos trabajadores han estado fuera del mercado laboral desde el inicio de la pandemia, creemos que es más necesario que nunca apostar por la formación”, señalan fuentes del departamento que encabeza José Luis Escrivá, que apuesta por buscar fórmulas que abran el camino para vincular “de forma permanente” los ERTE con la formación de los trabajadores.
La propuesta del Gobierno es que, para poder acogerse a las exenciones en sus cuotas, las empresas que tienen entre 10 y 49 empleados dediquen un mínimo de 30 horas a acciones formativas. Para las que tienen 50 o más empleados ese requisito se elevaría hasta las 40 horas. Para ello habría que aumentar el crédito que se contempla en la ley del sistema de formación profesional para el empleo, que se nutre de las aportaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social.
El sistema no convence a las patronales CEOE y Cepyme. De hecho, fuentes empresariales apuntan a las exoneraciones como el gran escollo que está impidiendo llegar a un acuerdo. Coinciden los sindicatos, que tampoco ven con buenos ojos vincular los ERTE a la formación en este momento. La medida estaba pensada para el mecanismo estructural que sustituirá a los ERTE coyunturales por covid una vez se supere la pandemia y se está negociando en el marco de la reforma laboral. “La premura de esta prórroga impedirá implementar [este sistema] con garantías suficientes”, indican en UGT. Tanto patronales como sindicatos se quejaron esta semana de que Inclusión no les había detallado su propuesta.
“Desde el Ministerio de Inclusión consideramos fundamental la vinculación de los ERTE con ayudas públicas a la formación de los trabajadores”, insisten las fuentes de ese departamento. “Dadas las dificultades técnicas que se nos ha planteado tanto desde las empresas como desde los servicios de empleo”, añaden, “proponemos dar un mes de plazo desde la renovación del ERTE para que se puedan realizar los trabajos técnicos necesarios para presentar los planes de formación”.
El actual esquema de ERTE por covid caduca este mes. Eso ha puesto el foco de atención sobre el Consejo de Ministros del próximo martes, el último que hay programado antes de que expire la actual prórroga. El hecho de que el Ejecutivo quiera plantear cambios en las condiciones para acogerse a la medida ha generado inquietud en muchas empresas, que han revelado planes alternativos como preparar expedientes de despidos temporales no basados en la coyuntura pandémica sino en las tradicionales causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (conocidas por las siglas ETOP).
Para evitar esa circunstancia, la idea que baraja el ejecutivo es extender solo un mes los ERTE covid en las condiciones actuales (aunque las empresas tendrían que volver a solicitar acogerse a los mismos como en las anteriores extensiones) y que luego entre el 1 de noviembre y el 31 de enero se aplique una nueva prórroga con expedientes ya vinculados a planes formativos de las empresas. Los sindicatos plantean que, de ser así, la segunda prórroga sea al menos hasta el 31 de marzo de 2022, para que dé tiempo a desplegar los efectos positivos de los planes formativos. Este lunes se ha programado una nueva reunión del Ejecutivo con los agentes sociales para tratar de cerrar un acuerdo.
Fuente: El País
APIEM. Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid.
