18 de noviembre de 2024
La patronal afronta los últimos coletazos de la negociación para la reducción de jornada laboral con pocos incentivos para suscribir un acuerdo del que parece imposible su concurso con la actual deriva de las conversaciones en la mesa de diálogo social. Ninguna de las peticiones que CEOE y Cepyme han ido deslizando para lograr un amerizaje suave del impacto de reducir el tiempo de trabajo aparecen en el texto preliminar entregado por el Ministerio de Trabajo a los empresarios, además de CC.OO. y UGT. Y el análisis de impacto económico que el Gobierno no ha trasladado como parte de su propuesta tampoco deja margen para los empresarios, quienes calculan un coste directo por la reducción de horas de más de 1.000 euros anuales por trabajador de media.
Así se desprende del informe de ‘Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme’ elaborado por Cepyme, en el que se concluye que además de heterogeneidad sectorial a la hora de abordar la eventual rebaja de horas, también el tamaño de las empresas implica un determinante sobre la capacidad de adaptación a la nueva normativa. Cabe recordar, tal y como platea el texto inicial elaborado por el gabinete de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el máximo de 37,5 horas semanales de tiempo de trabajo entraría en vigor el 1 de enero de 2025, por lo que el plazo que tendrán las empresas para abordar ajustes y redistribuciones de horarios será exiguo.
Además, la magnitud de las modificaciones en los convenios colectivos que forzará la aprobación de la medida se puede anticipar teniendo en cuenta, según Cepyme, la reducción de jornada afectará al 75,8% de los trabajadores cubiertos directamente por convenios colectivos, unos 8,8 millones de asalariados. Sin embargo, tal y como explican los técnicos de la patrona, si se escala el impacto a aquellos trabajadores que no están sujetos a ningún convenio pero que tienen condiciones similares reguladas en sus contratos, el volumen de asalariados afectados serían 13,5 millones.
En este punto, uno de los aspectos que ha operado como un freno a la hora de arrimar a la patronal a un acuerdo tripartido que está virtualmente descartado es la ausencia de un periodo transitorio que evite tener que abrir la totalidad de los convenios colectivos para adaptarse a la normativa, obligando así a activar de golpe las más de 4.000 mesas de negociación entre empresas y trabajadores repartida por toda España. Cabe recordar, que el Gobierno insta en el anteproyecto de real decreto al que tuvo acceso ABC que «mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa se articularán las medidas para asegurar el cumplimiento de lo previsto respecto de la duración máxima de la jornada de trabajo y el registro de jornada».
Costes directos e indirectos
En este sentido, los derroteros por los que transcurre la negociación dejan por el momento a un lado la estimación del coste que tendría para las empresas, el tejido productivo y la creación de empleo aplicar esta medida en un plazo de seis meses. Un punto opaco en la mesa de diálogo social este del coste que desde Cepyme tratan de aterrizar. Apunta el responsable de Estudios de Cepyme, Diego Barceló Larrán, que el hecho de aplicar la reducción de jornada de forma no negociada manteniendo intactas las remuneraciones conllevaría un coste directo de 11.800 millones de euros, «referente al aumento de la remuneración por las horas que se dejarían de trabajar».
Así, el coste anual directo que afrontarán las empresas por cada trabajador se sitúa en los mencionados 1.013 euros anuales. Y cómo viene advirtiendo la organización dirigida por Gerardo Cuerva, el golpe no sería similar en todos los sectores. Por ejemplo, entre los que asumirían un mayor coste anual por trabajador se encontrarían las industrias extractivas (2.142 euros anuales por empleado), electricidad y gas (1.723 euros), actividades inmobiliarias (1.570 euros), transporte (1.476 euros), comercio (1.456 euros) y las actividades profesionales y técnicas (1.403 euros).
En el extremo inferior del coste unitario imputable a los empleadores se encuentran las empresas de sectores como las administraciones públicas (54 euros anuales por trabajador), finanzas y seguros (111 euros), educación (234 euros), construcción (479 euros), otros servicios (666 euros), arte y ocio (682 euros), agua y saneamiento (801 euros) y sanidad (848 euros). Muchas de estas, pertenecen al perímetro del sector público al contar con jornadas de trabajo semanal más ajustadas, y por lo tanto la reducción será menor con un menor impacto económico.
Pero más allá de estas cifras, el estudio publicado este lunes advierte de que esta medida conllevará diferentes maniobras por parte de las compañías para adaptarse a la norma, que pueden ir desde asumir una caída de la producción, la contratación de nuevos trabajadores o el incremento de las horas extraordinarias. «El impacto en las pequeñas empresas será más difícil de procesar tanto por su menor capacidad para disponer de nuevos trabajadores, especialmente con la actual problemática de vacantes que sufre el mercado laboral español», señala el estudio. Y advierte Cepyme que la cobertura de la reducción de jornada se agravará en el caso de las microempresas de 1 o 2 empleados.
Si se tienen en cuenta estos determinantes, cabe la proyección de una eventual pérdida de valor añadido bruto que dejaría de producirse al recortarse el tiempo de trabajo si las medidas no tomaran medidas para paliar dicha reducción de jornada. Es decir, el valor de la producción perdida que alcanzaría los 30.600 millones de euros. En suma, el impacto económico para el tejido productivo ascendería a los 42.394 millones de euros.
Los trabajadores más afectados
En línea con la heterogeneidad del impacto del coste, también en términos de trabajadores que se beneficiarían de la medida se observan diferencias sustanciales. Por ejemplo, cuatro sectores se verán altamente tensionado a contar con casi la totalidad de trabajadores afectados por la eventual rebaja a 37,5 horas semanales: actividades inmobiliarias (99,8% de los trabajadores afectados), hostelería (99,5%), el sector agrícola y ganadero (96,8%) y el comercio, donde el 96,6% de trabajadores cuenta con una jornada por encima de las 37,5 horas.
Por contra, en el extremo opuesto se encuentra la administración pública, donde sólo un 4,6% de los empleados se verían afectado por la nueva jornada semanal máxima de trabajo. También en este grupo de los menos afectados se encuentran las finanzas y seguros (7,6%), educación (25,7%), información y comunicaciones (39,1%), arte y ocio (46,5%) y agua y saneamiento, donde se beneficiarían justo la mitad de los trabajadores.
Fuente: GONZALO D. VELARDE, de ABC.
APIEM. Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid.
