El coste del despido en España es el más alto de la Unión Europea

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha relanzado su ofensiva para establecer un “despido disuasorio” en España, con el argumento de que el coste de una extinción es “demasiado barato” en nuestro país. Pero los datos demuestran que no es así: de hecho, el que fija la legislación española es el más elevado de la Unión Europea y el tercero de la OCDE.

La ministra de Trabajo aprovecha este argumento para justificar una reforma que será difícil que vea la luz antes de que acabe la Legislatura, pero que le permitirá llegar a las elecciones salvando las críticas por no haber derogado uno de los aspectos troncales de la legislación laboral impuesta por el Partido Popular en 2012.

Revertir el abaratamiento del despido de 33 a 45 días por año trabajado en casos de despido improcedente nunca estuvo sobre la mesa en la negociación de la reforma laboral de 2021. Tampoco cambiar las causas que justifican el despido por causas objetivas, tasado a 20 días.

Bajo la lupa de Bruselas

La razón no fue tanto la necesidad de lograr un acuerdo con la patronal, como que se trata de una línea roja para la Comisión Europea, que considera que el cambio legal de hace una década era imprescindible para reducir la rigidez del mercado laboral español y no aceptará ningún retroceso que introduzca “obstáculos desproporcionados” para que las empresas “se adapten al ciclo”. De ello depende incluso el desembolso de los fondos ‘Next Gen’.

Ante este escenario, Díaz se ha visto obligada a buscar vías alternativas para sortear los recelos de Bruselas. Una de ellas, es esta idea del despido “disuasorio” que establezca indemnizaciones especiales para colectivos con más dificultades para encontrar empleo, como los mayores de 50 años, especialmente las mujeres. La justificación es la decisión que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CDS) tomará ante una denuncia de UGT sobre la falta de proporcionalidad entre la legislación del coste del despido en España y el prejuicio al trabajador.

No resulta sorprendente el apoyo del Gobierno a una denuncia contra él mismo: el sindicato solo pudo presentarla gracias a una puerta abierta en la propia reforma laboral, que puede así ir más allá de lo pactado sin decir que ha roto un acuerdo con los empresarios.

Aunque la fórmula tampoco es la perfecta. Según los expertos, el CDS no se decidirá hasta mediados de año. Y no es un órgano con el peso del Tribunal Superior de Justicia. Las resoluciones en el caso de Italia, Francia y Finlandia no se han traducido en cambios legales como el que pretende llevar a cabo Díaz. Además, parten de legislaciones muy diferentes a la española, lo que no le impidió construir un discurso en el que da a entender que España tiene uno de los menores costes del despido de Europa.

Dualidad del despido

Lo cierto es que, según un informe de la OCDE de 2021, no es así. El documento, elaborado por Alexander Hijzen y Andrea Salvatori, de la División de Empleo e Ingresos de la OCDE, con la colaboración de consultores españoles como Florentino Felgueroso y Marcel Jansen, analizaba el impacto de la indemnización por despido en la dualidad del mercado laboral. En este sentido planteaba la posibilidad de introducir un cambio en el que no hay indemnizaciones sino un fondo que se nutre de aportaciones de los trabajadores, como la denominada ‘mochila austriaca’.

Para ilustrar su tesis comparaba el coste del despido procedente para los trabajadores fijos en la OCDE. Y España es uno de los más elevados. “Los trabajadores fijos despedidos de después de 4 años de servicio tienen derecho a 80 días de salario, el quinto más alto de la OCDE, y los despedidos después de 20 años a 360 días, el tercero más alto de la OCDE”, incide el documento.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, la indemnización media por despido con contrato es de 11.416,7 euros, aunque esto varía según el tipo de contrato. Un indefinido a tiempo completo percibe 18.112,4, un fijo discontinuo 4.642,7 y un temporal a tiempo completo 1.462 euros. También influye el tipo de despido: uno disciplinario (que legalmente no tienen indemnización) recibe no obstante una compensación media de 9.512,3 euros, mientras un despido objetivo solo 9.310,3 euros. Por el contrario, un despido colectivo alcanza los 21.754,9 euros.

¿Qué impacto tendrá la reforma que prepara de Díaz en estos importes? A priori, muy escaso. La razón es que este prometido despido disuasorio se limita, en principio, a los despidos que se declaren improcedentes. Una forma de evitar los recelos de Bruselas.

La reforma de 2012 eliminó el ‘despido exprés’, que permitía recurrir a esa indemnización sin mediar denuncia del trabajador. Esto contribuyó al abaratamiento del precio del despido tanto o más que el propio recorte de 33 a 45 días, aunque elevó la judicialización de los procesos. Según los datos de Trabajo, en 2021 un 15% de los despidos fueron recurridos.

Los datos no son exhaustivos, pero permiten estimar que dos tercios de ellos resultaron declarados improcedentes por el juez o en un acto de conciliación. En esos casos, la indemnización subió de media hasta los 19.198,3 euros, un 68%. Un incremento que tampoco casa con el argumento de un despido “demasiado barato”. No en el contexto de las principales economías del mundo.

Fuente: El Economista