El nuevo impuesto al plástico ha logrado soliviantar a toda la industria. El gravamen fue publicado en el BOE el 30 de diciembre y entró en vigor el 1 de enero. Las empresas afectadas han tenido que afrontar un desembolso significativo para adaptar, a la carrera, su operativa. El Ejecutivo sacó adelante la tasa con un rechazo total. Del automóvil a la alimentación; empresas y patronales pidieron una prórroga al Ejecutivo, en línea con el resto de Europa. España es el único país de la UE que aplica un tributo como este. En el sector del plástico, uno de los más afectados, reina la confusión y el enfado con el Gobierno que, aseguran, ha ignorado a todo el tejido empresarial del país.
“No es correcto que el impuesto vaya a acabar, como alega el Gobierno, con el consumo de plástico desde la raíz. A día de hoy no existen alternativas seguras para muchos de nuestros productos”, asegura Rafael Climent, presidente de Industrias Climber, empresa puntera en la fabricación de envases y embalajes de poliestireno expandido, un tipo de plástico que se emplea, entre otros usos, en la conservación de alimentos frescos. Su empresa está asentada en la localidad alicantina de Ibi y es fruto de la reconversión de una juguetera familiar, que apostó por la transformación ante la entrada de los competidores chinos en el negocio de los juguetes.
Climent cifra el impacto del impuesto en 900.000 euros anuales. “El ingreso a Hacienda debe hacerse a los 20 días de la facturación, mientras que a nosotros muchos de nuestros clientes no nos ingresan hasta pasados 80 días, lo que supone un decalaje de dos meses, es decir, que tendremos que adelantar 150.000 euros de nuestra tesorería”, calcula Climent, que prevé problemas de caja para algunas empresas: “Habrá quien tenga que pagar a Hacienda sin poder pagar las nóminas”. El enfado entre los industriales de la zona es generalizado.
La tasa grava con 0,45 euros cada kilogramo de plástico no reciclado. Esta estructura ha obligado a empresarios como Antonio Ruiz, director ejecutivo de Pohuer, grupo especializado en envases, a acometer un ajuste en sus sistemas de facturación. “Hemos dedicado unos 8.000 euros a esta labor”, apunta. En Pohuer cerca del 70% de la producción se destina al sector alimentario. Ruiz señala que la tasa lleva a traspasar la subida aguas abajo en la cadena de distribución.
“El cliente, a su vez, trasladará el incremento al siguiente eslabón y así hasta llegar a las grandes marcas”, explica. Grupos como Carrefour o Mercadona, que cuentan con una mayor fuerza de negociación frente a los proveedores, “no van a admitir el 100% de la repercusión del impuesto, lo que se traduce en que nuestros clientes volverán sobre sus pasos para renegociar con nosotros”, apunta.
Los márgenes de los fabricantes ya venían tocados por la crisis energética, lo que coloca a estas empresas en una posición complicada a la hora de asumir parte del impuesto en favor de sus clientes. “La tasa nos ha sorprendido en plena renegociación de los acuerdos comerciales anuales. Sin duda, afectará a las ventas”, conviene Ruiz, quien calcula un impacto de alrededor de 400.000 euros anuales para la empresa: “El golpe es equiparable a lo que pagamos por la luz de un año”.
Un golpe de 690 millones
“El Gobierno no ha sido claro con la industria hasta el último momento. Ha habido contactos, sí, pero al final este Ejecutivo prefiere regular a base de decretazos”, lamenta Alfonso Biel, presidente del Grupo Sphere en España, compañía de origen aragonés y capital francés especializada en la fabricación de bolsas. Biel puntualiza que parte de los plásticos ya pagan un punto verde para su gestión, del mismo modo, critica que el nuevo gravamen afecta al impacto del IVA, impuesto que se sobrepone al anterior.
Biel asevera que la tasa merma la competitividad del sector y fomenta que los clientes busquen alternativas al producto nacional. El directivo muestra su preocupación por un desvío del apetito inversor hacia otros países: “En nuestro caso, tenemos que rendir cuentas ante París. El grupo tiene plantas en Francia, Alemania, Italia o Reino Unido, si España desincentiva y complica al sector, el capital se marcha”.
Cinta Bosch, gerente de Sostenibilidad de AECOC, la patronal de fabricantes y distribuidores, asegura que más de veinte días después de su entrada en vigor, el impuesto sigue generando muchas dudas en la industria. “Nos contactan pymes que creen que no están afectadas por el nuevo gravamen y sí lo están”, señala. Según los datos de la patronal, el golpe anual del impuesto para el conjunto de las empresas afectadas en España se cifra en alrededor de 690 millones de euros, entre el impacto directo y los gastos necesarios para adaptar la operativa de las empresas al nuevo marco normativo. Hacienda prevé recaudar 491 millones de euros anuales.
Fuente: El Mundo