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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 298/2021 de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, que tiene por objeto modificar diversos reglamentos de seguridad industrial para unificar los requisitos relativos a la relación laboral del personal de empresas instaladoras y mantenedoras, así como el acceso a las profesiones reguladas en dichos reglamentos (instaladores). La norma tiene efecto positivo en cuanto aumenta las vías de acceso a las profesiones reguladas en los reglamentos. Además, se facilita una interpretación homogénea de la norma para todas las comunidades autónomas, favoreciendo la unidad de mercado.

Con carácter general, todos los reglamentos afectados son modificados en tres ámbitos:
  • La relación contractual de los medios humanos de las empresas instaladoras, que en el caso de profesionales habilitados y técnicos competentes pasan a estar en plantilla. Además, se exigirá que los contratos de instaladores y técnicos competentes abarquen el tiempo que la empresa preste sus servicios, permitiéndose que los socios de las empresas puedan actuar como instaladores habilitados o titulados técnicos competentes.
  • Se modifica además la referencia a técnico competente por técnico titulado universitario con competencias específicas en la materia objeto del presente reglamento.
  • Se equiparán los medios de acceso a la actividad de instalador habilitado incluyendo la certificación de personas en aquellos reglamentos donde no estaban contemplados.

Se modifica la instrucción técnica complementaria ITC-BT-03 "Empresas Instaladoras en Baja Tensión", aprobada por el RD 842/2002, Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. Se especifica que el personal requerido debe estar contratado en plantilla a jornada completa (si la empresa trabaja a jornada completa), si bien se permite la contratación a tiempo parcial siempre que se cubra toda la jornada de apertura de la empresa. Se añade un apéndice con los conocimientos mínimos necesarios exigibles a los instaladores.

Se procede a modificar en el mismo sentido la instrucción técnica complementaria ITC-LAT 03, "Instaladores y empresas instaladoras de líneas de alta tensión", aprobada por el RD 223/2008 (Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus ITCs).

Se modifica la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 21, "Instaladores y empresas instaladoras para instalaciones de alta tensión" aprobada por el RD 337/2014, especificando los conocimientos mínimos de los instaladores, que deberán estar contratados en plantilla a jornada completa (salvo excepciones). En cuanto a la dotación material, se clarifica que los equipos deberán encontrarse en estado de funcionamiento y calibrados.

Por último, se modifica el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, aprobado por el RD 552/2019, en el mismo sentido que todos los reglamentos anteriores.

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Entra en vigor Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

El objeto de este real decreto es establecer los criterios y el procedimiento de aplicación a la solicitud y obtención de los permisos de acceso y de conexión a un punto de la red, por parte de los productores, transportistas, distribuidores, consumidores y titulares de instalaciones de almacenamiento, en desarrollo de lo previsto en el artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.


Ámbito de aplicación

Este real decreto SERÁ de aplicación a los sujetos que participen en la solicitud y otorgamiento de los permisos de acceso y de conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que serán:

  1. Los solicitantes de permisos de acceso y de conexión a un punto de la red detransporte o, en su caso, de distribución de energía eléctrica, que serán: los promotores y titulares de instalaciones de generación de electricidad, de instalaciones de distribución, de instalaciones de transporte, de instalaciones de almacenamiento, y los consumidores.
  2. Los titulares de redes de distribución o de transporte de energía eléctrica.
  3. El operador del sistema y gestor de la red de transporte y los gestores de las redes de distribución.

Este real decreto NO SERÁ de aplicación a las instalaciones de almacenamiento en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares de los que sea titular el operador del sistema, de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

Asimismo, NO SERÁ de aplicación a las instalaciones de almacenamiento cuando estas tengan el carácter de componentes plenamente integrados en la red de transporte, en aplicación de lo previsto en la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, ni cuando las mismas nunca inyecten energía a las redes de transporte o distribución.

De igual modo, NO SERÁ de aplicación a los supuestos en los que un titular de la red deba acceder a redes que sean de su titularidad.


Resumen del documento: Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre

El capítulo I recoge el objeto y ámbito de aplicación de la norma, así como las definiciones de aplicación a los efectos previstos en la misma.

El capítulo II, por su parte, regula los aspectos generales del procedimiento de obtención de los permisos de acceso y conexión. En concreto, este capítulo concreta la obligación de obtener los permisos, los criterios generales del procedimiento de tramitación, el criterio general para el otorgamiento, las causas de inadmisión de solicitudes y las
causas de denegación de los permisos.
El capítulo III recoge el detalle del procedimiento general de otorgamiento de los permisos de acceso y de conexión en lo relativo a su inicio, evaluación de la solicitud, elaboración de la propuesta previa y plazos para su remisión, aceptación por parte del solicitante y emisión de los permisos.

El capítulo IV regula los aspectos relativos al procedimiento abreviado de obtención de los permisos de acceso y de conexión, como son las condiciones del mismo y los casos en los que este podrá ser aplicado, así como los casos concretos que estarán exentos de obtener permisos de acceso y conexión.

El capítulo V regula la posibilidad de convocar, mediante orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, concursos para el otorgamiento de permisos de acceso en nudos concretos de la red de transporte para nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica que utilicen fuentes de energía primaria renovable, solas o combinadas con instalaciones de almacenamiento, o para nuevas instalaciones de almacenamiento. El real decreto limita la aplicabilidad de esta
medida a nudos donde se libere o aflore capacidad como consecuencia, entre otros, de la caducidad de permisos de acceso por incumplimiento de hitos administrativos a los que se refiere el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, o de cambios en los criterios técnicos que determinen la capacidad de acceso disponible en la red. Asimismo, esta medida podrá ser aplicada en nudos nuevos que se incluyan en el plan de desarrollo de la red transporte como consecuencia de un nuevo proceso de planificación.

El capítulo VI regula algunos aspectos relativos a los contratos técnicos de acceso que deberán suscribir los titulares de permisos de acceso y de conexión, así como los relativos al contrato de acceso que deberán formalizar los consumidores.

Por último, el capítulo VII regula las garantías económicas que deberán constituirse para poder tramitar la obtención de permisos de acceso y de conexión en el caso de instalaciones de generación de electricidad. Asimismo, se regula la necesidad de realizar pagos como garantía, en el caso de titulares de permisos de acceso y de conexión, cuando sea preciso realizar modificaciones o refuerzos en las redes de transporte o distribución que deban ser ejecutadas por los titulares de dichas redes, pero sufragadas por los titulares de los permisos.

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El BOE del 18 de noviembre publicó el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas en materia urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, con entrada en vigor al día siguiente al de su publicación, salvo lo contenido en el artículo 6, relativo al tipo impositivo del IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, que dispone lo siguiente:

"…/…Con efectos desde el 1 de noviembre de 2020 y vigencia hasta el 30 de abril de 2021, se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el anexo de este Real Decreto-ley cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas…/…"

Se establecen en el mismo las siguientes medidas:

1)  REDUCCIÓN TIPOS IMPOSITIVOS IVA.

Se prorroga hasta el 30 de abril de 2021 la rebaja al 0% del IVA aplicable a la compra de determinados productos sanitarios como mascarillas, guantes, gafas, gorros, batas impermeables, termómetros, respiradores, y diversos elementos de protección individual por parte de hospitales.

Además, se rebaja, hasta el 31 de diciembre de 2021, el IVA de las mascarillas al tipo superreducido, bajando del 21% al 4% y se adoptan una serie de disposiciones para la transposición de la normativa comunitaria en materia energética. De esta forma, el precio ha pasado de 0,96 euros a 0,72 euros la unidad, con un IVA del 21%. La rebaja del gravamen al 4% provocará una próxima disminución del precio máximo. Por tanto, está previsto que finalmente el precio de las mascarillas bajará en torno a un 35%.

2)  MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

Se modifica el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

De esta forma se amplía la deducción por inversiones en producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales para incorporar la fase de producción a la aplicación de este incentivo en las producciones de animación.

El Real Decreto-ley recoge además la modificación de una serie de incentivos fiscales al sector del automóvil para adecuarlos a la regulación comunitaria. De esta forma, se adapta la libertad de amortización para determinadas inversiones al Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado, y se modifican los límites temporales para poner en funcionamiento las inversiones y para aplicar el incentivo. (Se crea una nueva DA 16ª en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre)

Además, se modifica la deducción por innovación y se introducen diferencias, según la dimensión de la empresa, de forma que para pymes la deducción pasa a ser del 50%, mientras que para no pymes será del 15%.

3)  MEDIDAS DE APOYO A LA LIQUIDEZ Y LA SOLVENCIA DE AUTÓNOMOS Y EMPRESAS.

Con el objetivo de que puedan seguir disponiendo de la financiación adecuada para cubrir sus necesidades de liquidez o realizar sus proyectos de inversión, se amplía hasta el 30 de junio el plazo de concesión de las dos Líneas de hasta 140.000 millones de avales públicos gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
  • Las empresas y autónomos que lo soliciten y que cumplan con los criterios de elegibilidad (no estar en mora ni incursas en procedimiento concursal) podrán disponer de una ampliación en el vencimiento de los préstamos de la Línea de Avales del ICO para liquidez de hasta tres años adicionales, con un máximo de ocho años, desde los cinco actuales.
  • Adicionalmente, podrán gozar de un plazo adicional de carencia en el pago del principal de 12 meses, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses.
  • Asimismo, las entidades financieras no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados y habrán de mantener las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021 para los clientes que cumplan los criterios de elegibilidad y cuenten con un préstamo avalado al amparo de alguna de las dos Líneas de Avales de ICO.
  • Las entidades financieras aprobarán la ampliación de los plazos a solicitud del cliente en un máximo de 30 días.
  • A partir de la entrada en vigor de estos cambios, todas las operaciones de financiación garantizadas con aval del ICO contarán con un plazo de amortización que puede llegar a los ocho años.
  • Se prevé, asimismo, una rebaja de hasta el 50% de los aranceles notariales y registrales correspondientes a las operaciones relativas a la extensión de los plazos.

4)  MEDIDAS EN MATERIA CONCURSAL POR EL COVID-19.

El RDL establece también otras medidas para apoyar la solvencia, recuperación y mantenimiento de las empresas viables, evitando así el posible impacto sobre la continuidad de la actividad económica y la estabilidad financiera generado por el desencadenamiento automático de procesos de liquidación derivados de la caída transitoria de los ingresos por la situación excepcional generada por la pandemia sanitaria. Con este objetivo, se amplía el alcance temporal de algunas medidas aprobadas en materia concursal.

Se modifica, por tanto, la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Se establecen medida que permitirán evitar el concurso de empresas que, en condiciones de normalidad, serían viables, proporcionándoles un tiempo adicional para su recuperación o para la negociación con sus acreedores. Entre estas, destacamos:
  • Se extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores.
  • También se amplía el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdo de refinanciación.
  • Adicionalmente, se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.

5)  FINANCIACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL SEPE.

El Real Decreto-ley también contempla la aprobación de un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social tras el impacto de la pandemia.

Esta transferencia garantiza la financiación del sistema de la Seguridad Social para atender las medidas puestas en marcha para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia. Entre esas medidas que siguen vigentes para proteger las rentas de los trabajadores se encuentran los ERTEs, la prestación por cese de actividad para los autónomos o medidas de alivio para las empresas mediante exoneraciones en las cotizaciones sociales.

El Real Decreto-ley incluye además un crédito extraordinario por importe de 2.300 millones para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
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El Gobierno aprobará este martes, 3 de noviembre, un Real Decreto para «complementar» las ayudas al sector cultural puestas en marcha el pasado mes de mayo, con el que ampliará la cobertura de subsidios, con especial atención a los técnicos que se habían quedado fuera de esas primeras medidas, según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte.

La aprobación de este Real Decreto está prevista para este martes en Consejo de Ministros. Asimismo, también se contempla la aprobación de un subsidio especial para las personas que en el periodo de alarma agotaron la prestación, tal y como ha adelantado la cadena Ser.

El documento podría asimismo ampliar la duración de la prestación económica por desempleo para los artistas en espectáculos públicos hasta el 31 de enero de 2021.

Tanto el sector taurino como los técnicos de espectáculos han sido dos de los más críticos con el Ministerio de Cultura, al entender que se habían quedado fuera de las ayudas. Por ejemplo, desde el movimiento Alerta Roja --que aglutina a numerosos trabajadores del sector de eventos-- se convocó una manifestación el pasado mes de septiembre que reunió a cerca de 25.000 personas en distintas ciudades españolas.

El portavoz de Alerta Roja, Iván Espada, ya adelantó entonces a Europa Press que, pese a que todavía no se manejan cifras de desempleo en el sector, el volumen de trabajo ejecutado hasta octubre era de un 10% en relación a años anteriores.

Asimismo, la Federación de Música en España, Es Música, ha recalculado sus previsiones económicas debido a la pandemia de coronavirus y estima unas pérdidas de 1.265 millones de euros en el plazo de un año, según ha señalado a Europa Press un portavoz de la entidad. De esta manera, la cifra inicialmente prevista de daño económico en el sector musical se ha duplicado con el transcurso de los meses.

Fuente: ABC
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La pasada semana se publicaban en el BOE los conocidos como Decretos de Igualdad que desarrollan reglamentariamente el RD Ley 6/2019 de 6 de marzo y algunos aspectos de la Ley Organiza 3/2007 de 22 de marzo, de Igualdad.

Por una parte, el Real Decreto 901/2020 de 13 de octubre sobre planes de igualdad y su registro, que introduce las siguientes novedades:
  • Determina el alcance subjetivo de los planes de igualdad y regula las cuestiones relacionadas con las empresas obligadas a negociar, elaborar e implementar un plan de igualdad.
  • Regula el mecanismo negociador para la elaboración del plan de igualdad, que gira en torno a la constitución de la comisión negociadora, los sujetos que, en cada caso, están llamados a formar parte de la misma y el carácter inicial del diagnóstico.

Comisión Negociadora:
  • Como regla general, participarán en la comisión negociadora, por parte de las personas trabajadoras, el comité de empresa, las delegadas y los delegados de personal, en su caso, o las secciones sindicales si las hubiere que, en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del comité.
  • La composición de la parte social en la comisión negociadora será proporcional a su representatividad.
  • En las empresas con varios centros de trabajo negociará el comité intercentros si existe y tiene establecidas competencias para la negociación.
  • La negociación del plan de igualdad en los grupos de empresa se regirá por lo establecido en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores para los convenios de ese ámbito.
  • En las empresas donde no existan las representaciones legales se creará una comisión negociadora constituida, de un lado, por la representación de la empresa y, de otro lado, por una representación de las personas trabajadoras, integrada por los sindicatos más representativos y por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión negociadora contará con un máximo de seis miembros por cada parte. La representación sindical se conformará en proporción a la representatividad en el sector y garantizando la participación de todos los sindicatos legitimados. No obstante, esta comisión sindical estará válidamente integrada por aquella organización u organizaciones que respondan a la convocatoria de la empresa en el plazo de diez días.

Los plazos para llevar a cabo la negociación de los Planes son:
  • Sin perjuicio de las mejoras que puedan establecer los convenios colectivos, las empresas deberán iniciar el procedimiento de negociación de sus planes de igualdad y de los diagnósticos previos mediante la constitución de la comisión negociadora, dentro del plazo máximo de los tres meses siguientes al momento en que hubiesen alcanzado las personas de plantilla que lo hacen obligatorio.
  • Las empresas no contempladas antes y que queden obligadas por convenio colectivo a negociar un plan de igualdad, deberán iniciar el   procedimiento de negociación dentro del plazo establecido en el convenio colectivo, o, en su defecto, dentro de los tres meses posteriores a la publicación del mismo.
  • Cuando la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad fuere acordada por la autoridad laboral en un procedimiento sancionador, en sustitución de las sanciones accesorias, el plazo para iniciar el procedimiento de negociación, en su caso, será el fijado en dicho acuerdo.
  • En todo caso, las empresas deberán tener negociado, aprobado y presentada la solicitud de registro de su plan de igualdad en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente a la fecha en que finalice el plazo previsto para iniciar el procedimiento de negociación.

En concreto, el diagnóstico se referirá al menos a las siguientes materias:

- Proceso de selección y contratación.

- Clasificación profesional.

- Formación.

- Promoción profesional.

- Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres (que es objeto de la norma que se analiza a continuación).

- Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.

- Infrarrepresentación femenina.

- Retribuciones.

- Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.


Desarrolla el contenido que ha de tener un plan de igualdad, que incluirá:


- Determinación de las partes que los conciertan.

- Ámbito personal, territorial y temporal.

- Informe del diagnóstico de situación de la empresa.

- Resultados de la auditoría retributiva.

- Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad.

- Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de las mismas, así como diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida.

- Identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y objetivos.

- Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las medidas del plan de igualdad.

- Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica.

- Composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del seguimiento, evaluación y revisión periódica de los planes de igualdad.

- Procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventar las posibles discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación o revisión, en tanto que la normativa legal o convencional no obligue a su adecuación.


Desarrolla la obligación de registro de los planes de igualdad, que se extiende a todos, al margen de su origen y naturaleza, así como el depósito voluntario de las medidas y protocolos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Se considera Registro de Planes de igualdad de las empresas el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.


Esta norma entrará en vigor a los tres meses desde su publicación en el día de hoy.

Por otra parte, el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, del que podemos reseñar lo siguiente:

El principio de transparencia retributiva incluye diferentes instrumentos:

Los registros retributivos, la auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional y el derecho de información de los trabajadores.

Como elemento clave del principio de transparencia, se garantiza el adecuado acceso de los trabajadores a la información contenida en el registro retributivo, a través de la representación legal en todo caso cuando esta exista, o de forma directa, en cuyo caso la información a facilitar se limitará a las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, que también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución y el sistema de clasificación aplicable.

Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva, que debe incorporar los datos necesarios para comprobar que el sistema de retribución existente en la empresa garantiza de manera transversal y completa la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo. A tales efectos, deberán establecerse en el registro retributivo de cada empresa, convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable.

A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción.

La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada, con una antelación de al menos diez días, con carácter previo a la elaboración del registro.

El registro deberá incluir una justificación cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales en la empresa de las personas trabajadoras de un sexo sea superior a las del otro en, al menos, un 25%.

Esta norma entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE.
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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobó el pasado 4 de agosto un Real Decreto por el que se regula la instalación de contadores individuales en los edificios con sistemas de calefacción y refrigeración central.

La medida permite que cada usuario del inmueble conozca y reciba información sobre su consumo energético en calefacción o refrigeración y abone únicamente la cantidad que realmente consume, pudiendo así adecuar y optimizar su uso, lo que supondrá un ahorro medio del 24%.

La normativa será de aplicación en edificios con sistemas de calefacción o refrigeración construidos antes de la aprobación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios de 1998, ya que todos los edificios construidos posteriormente ya están obligados a instalar dispositivos de contabilización individuales. Quedan exentos de la instalación de contadores individuales los edificios situados en las zonas más cálidas del país y los supuestos en los que la inversión no pueda recuperarse en un máximo de cuatro años, a partir de los ahorros que se pueden generar. Además, los consumidores con la condición de vulnerables podrán ser beneficiarios de una ayuda directa para el cumplimiento de esta obligación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El Real Decreto fija fechas límite para que estén activos los dispositivos en los edificios que, en todos los casos, no expiran antes de 2022Se estima que su aplicación podrá impulsar la creación de entre 2.000 y 3.00 puestos de trabajo, directos e indirectos, vinculados fundamentalmente a las cerca de 1.500 pequeñas y medias empresas (PYMEs) que cuentan con homologación para realizar este tipo de instalaciones.


CARACTERÍSTICAS
Mejora de la eficiencia energética en las casas: su principal objetivo es mejorar el rendimiento energético en edificios, basándolo en el consumo individual. Con ello, se posibilita que cada usuario del inmueble abone únicamente la cantidad que consume, lo que le permite adecuar y optimizar el uso que hace de la energía, garantizar un confort adecuado, evitar costes innecesarios y rebajar la huella de carbono del edificio. La inversión necesaria para instalar los dispositivos queda recuperada en un plazo inferior a cuatro años eximiendo de su cumplimiento a aquellos edificios en los que no sea posible esta recuperación de costes antes de 4 años. De igual modo, quedan exentos de su instalación los inmuebles ubicados en las zonas climáticas más cálidas, zonas α, A y B definidas en el Código Técnico de Edificación.

Solo si es técnica y económicamente viable: para determinar si un inmueble debe proceder a la instalación de los contadores, el Real Decreto determina una serie requisitos:

  • Comprobar que la edificación se ubica en una de las zonas térmicas a las que se aplica la norma (C, D y E del Código Técnico de Edificación1).
  • En caso de que sea así, será preciso solicitar, al menos, un presupuesto, gratuito y estandarizado, a un instalador homologado. El presupuesto deberá determinar si la instalación es posible técnicamente y si es económicamente rentable: con carácter general, instalar contadores individuales es viable
    técnicamente en los sistemas de calefacción central de anillo, que tienen un único punto de entrada y de salida para cada vivienda. Si, por el contrario, el edificio cuenta con un sistema de calefacción central en columna, la instalación de contadores no será posible.
Instalaciones a partir de 2022: la norma establece dos plazos: primero, la fecha límite para obtener al menos un presupuesto estandarizado; y, segundo, la a fecha límite para tener activa la instalación, que será
siempre 15 meses después.

Los límites temporales para obtener al menos un presupuesto acreditativo son:

  • 1 de febrero de 2021, para edificios de uso diferente a vivienda y, si se ubican en la zona climática E (la más fría), edificios de 20 viviendas o más.
  • 1 de julio de 2021, para edificios con menos de 20 viviendas si se ubican en zona climática E; e inmuebles con al menos 20 viviendas localizados en zona climática D.
  • 1 de diciembre de 2021, edificios de menos de 20 viviendas en la zona D; y edificios de al menos 20 viviendas en la zona climática C.
  • 1 de febrero de 2022 para edificios de menos de 20 viviendas localizados en la
    zona C.

Teniendo en cuenta que el titular deberá proceder a la instalación en un plazo máximo de 15 meses desde las fechas límite para pedir presupuesto, los contadores o repartidores deberán estar activos, respectivamente, no más tarde del 1 de mayo de 2022; 1 de octubre de 2022; 1 de marzo de 2023; y 1 de mayo de 2023.

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El Consejo de Ministros declaró el pasado 8 de marzo de urgencia la tramitación del proyecto de real decreto por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital. Esta normativa hará posible la liberación de la banda de frecuencias de 694-790 MHz (banda de 700 MHz), ocupada en la actualidad por la TDT, y acelerar el despliegue y desarrollo de la tecnología 5G en España.

La puesta a disposición de la banda de 700 MHz para servicios de comunicaciones electrónicas –o segundo dividendo digital- requiere de una serie de actuaciones previas de índole técnico, económico, jurídico y administrativo. La tramitación de urgencia de este proyecto de real decreto se justifica para cumplir con el calendario establecido en la Unión Europea, que marca como fecha límite para finalizar este proceso el 30 de junio de 2020.

La hará posible la aparición de nuevos modelos de negocio digitales en España. Asimismo, aportaría competitividad al tejido empresarial e industrial nacional.


Real decreto


Este proyecto de real decreto proporciona asimismo seguridad y garantías para la continuidad y el futuro del servicio de televisión digital terrestre. En concreto, se garantiza el uso de la banda 470-694 MHz, que continuará siendo utilizada para el servicio de TDT al menos hasta 2030. En esta banda se dispondrá de las mismas redes de TDT que existen en el Plan técnico actualmente en vigor, y se mantendrá la oferta de canales existentes en la actualidad.

En virtud de este real decreto, cada múltiple digital tendrá capacidad para integrar cuatro canales de televisión en alta definición, al tiempo que podrá continuar las emisiones actuales en definición estándar. En paralelo, se apuesta por un servicio de televisión digital terrestre de calidad, estableciendo una fecha límite para que todos los canales evolucionen sus emisiones a alta definición.

El proyecto de real decreto impulsa también la renovación tecnológica del parque de receptores de TDT en España. Así, transcurrido el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta norma, los receptores que se hagan disponibles en el mercado español han de incluir la capacidad de recibir las emisiones en alta definición. Los de mayor tamaño deberán incorporar también la capacidad de recibir emisiones en ultra alta definición, emisiones con la tecnología de transmisión DVB-T2 y servicios interactivos HbbTV.

Finalmente, se incluyen las especificaciones técnicas de las emisiones de TDT en alta definición y en ultra alta definición, y se incluyen medidas para favorecer e impulsar la implantación futura de estándares avanzados de TDT con tecnologías de mayor eficiencia espectral, que permitan un uso más eficaz del espectro radioeléctrico y una mejora en la calidad.
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