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Información de Europa Press.

El Gobierno quiere alcanzar la neutralidad climática de España de aquí a 2050, una fecha en la que además el sistema eléctrico habrá de ser cien por cien renovable, para lo que se darán unos pasos intermedios como alcanzar una rebaja de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 20% respecto a 1990, según consta en el anteproyecto de ley de cambio climático del Gobierno que obtendrá este martes el visto bueno del Consejo de Ministros para su remisión como proyecto de ley al Congreso de los Diputados.


La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, manifestó este lunes durante su comparecencia en el Senado estar convencida de que la propuesta será del agrado de sus "compañeros" en el Ejecutivo.

El texto incluye 36 artículos distribuidos en nueve títulos e incorpora las aportaciones del proceso de participación pública que se inició en febrero de 2019, para que España cumpla el Acuerdo de París en línea con los compromisos de la Comisión Europea y con el Pacto Verde Europeo mediante las señales adecuadas para modernizar la economía.

Para alcanzar la neutralidad climática en 2050, se establece que en 2030 las emisiones de la economía española tendrán que reducirse al menos un 20% respecto a 1990, de acuerdo con el aumento de la ambición de la Comisión Europea que, en su conjunto se ha planteado reducir entre un 50 y un 55 por ciento las emisiones respecto a 1990.


El primer PNIEC (2021-2030) buscará reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al final de esta década
Además, de aquí a 2030, al menos el 35% del consumo final de la energía tendrá que ser de origen renovable y en el caso del sistema eléctrico, establece que la presencia renovable en 2030 tendrá que ser, "al menos" de un 70%. Ya en 2050 el 100% del sistema eléctrico deberá ser de origen renovable y el consumo de energía primaria deberá ser un 35% menor.

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos se implantarán sucesivos planes de Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). Precisamente, el primero de ellos, que marca la senda entre 2021 y 2030 -remitido a la Comisión Europea el 31 de marzo-, plantea una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al final de esta década y duplicar el porcentaje de renovables en el consumo final hasta el 42%.

En esa línea, la presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta el 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%.


Atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en 10 años y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos al año
De acuerdo con los modelos del Gobierno, para el periodo 2021-2030 prevé que la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generar entre 250.000 y 350.000 empleos netos al año.

El anteproyecto contempla que la movilización de inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables conllevarán que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca en torno al 1,8 por ciento en 2030 respecto al mismo escenario sin las medidas del PNIEC, esto es, de 16.500 a 25.700 millones de euros.

Junto con los sucesivos PNIEC, desde el Ministerio para la Transición Ecológica apuntan que los objetivos de la senda de descarbonización y fijación de reducción de emisiones de CO2 se especificarán en la Estrategia a Largo Plazo 2050, que también está ultimando el Ejecutivo.

El texto mantiene la creación de un marco de gobernanza que refuerce la participación mediante la puesta en marcha del Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética que hará recomendaciones y evaluaciones que se recogerán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados.

Entre los plazos previstos en la propuesta normativa, también a partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas tendrán que informar de sus planes de energía y clima a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.

Así, las administraciones locales y autonómicas junto con la Administración General del Estado deberán poner en marcha medidas para que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros en 2050 sean 0 emisores de CO2. Como paso previo, se adoptarán medidas para que los vehículos ligeros -excepto los vehículos históricos o los comerciales- reduzcan de aquí a 2040 sus emisiones para que entonces sean cero gramos de CO2 por kilómetros.

El Ministerio añade que previa consulta con el sector se pondrán en marcha medidas para facilitar la penetración de estos vehículos, incluido el apoyo a I+D+i.


Deberán planificarse zonas de bajas emisiones en las ciudades no más tarde de 2030
Asimismo, en las poblaciones de más de 50.000 habitantes, los Ayuntamientos deberán establecer "no más tarde de 2023" zonas de bajas emisiones en su planificación de ordenación urbana, así como medidas de mitigación para reducir las emisiones de la movilidad, y medidas para facilitar la movilidad a pie o en bicicleta, otros medios de transporte activo y mejorar el uso del transporte público.

En esa línea, también apuesta por impulsar la movilidad eléctrica compartida y el transporte eléctrico privado. Aún más, el anteproyecto establece que cualquier medida que se quiera adoptar y que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones que ya existan deberán contar con un informe previo del Ministerio y del órgano autonómico competente en la materia.


Fin al fracking
A través de planes específicos, se fomentará el uso de gases renovables, incluido el biogás, el biometano, el hidrógeno y no se prevé autorizar nuevos proyectos en energías fósiles, al tiempo que los beneficios fiscales a los productos de origen fósil deberán estar justificados por motivos de interés social o económico.

El proyecto normativo no prevé la autorización de nuevas autorizaciones para explorar permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos ni de fracturación hidráulica en toda España.

La ley llevará aparejados instrumentos como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que está en información pública y también contempla la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y la gestión del agua y la costa, en las infraestructuras, la ordenación del territorio y los usos de suelo y la seguridad alimentaria.

En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la forestal. El texto introduce medidas para reducir la vulnerabilidad del cambio climático en los suelos agrícolas y forestales y en los montes y contempla la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.


Estudiar el cambio climático
Por otro lado, la ley buscará promover y reforzar el conocimiento del cambio climático en la sociedad para lo que revisará el tratamiento de esta materia en el currículo básico de la educación formal y no formal, así como en los planes universitarios y el Catálogo Nacional de Cualificación profesional.

Para Teresa Ribera, el texto sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las administraciones públicas. "Se trata de un proyecto de país, responsable con nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro", ha celebrado.

A su juicio, en el momento en que se debe abordar el proceso de recuperación frente al COVID-19, la transición energética se va a convertir en "una fuerza motriz determinante" para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma "coherente" con lo que se necesitará como país en el medio y largo plazo.

"Contamos con la certeza de que la transición energética tendrá impactos positivos sobre nuestra economía y nuestro bienestar, y sabemos pueden empezar a materializarse de forma inmediata", ha valorado.
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Poco a poco, comienzan a reactivarse algunas aprobaciones de proyectos y licitaciones que darán un impulso económico a la ciudad de Madrid. Uno de estos ejemplos es que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde el acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual de cinco millones de euros (5.003.652) para la redacción del proyecto del ‘paseo Verde del Suroeste, soterramiento de la A-5 paseo de Extremadura’, según ha informado la portavoz municipal, Inmaculada Sanz. El plazo de ejecución del contrato es de nueve meses, se prevé que las obras comiencen en febrero de 2022 y que la reforma del paseo de Extremadura esté finalizada para el primer trimestre de 2023.

Con esta transformación que hoy da sus primeros pasos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ofrecerá una solución a medida para todos los madrileños, tanto para los vecinos, que llevan años quejándose del aislamiento, los ruidos y la contaminación que les provoca esta carretera, como para los ciudadanos de otros municipios o de Madrid que diariamente necesitan atravesar la A-5 por motivos fundamentalmente laborales.

El objeto de este proyecto, que se ejecutará a través de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, es convertir el paseo de Extremadura en una gran área urbana con calles, amplias zonas verdes, espacios públicos y servicios para el ciudadano, permitiendo la permeabilidad entre ambas márgenes de la vía. Aproximadamente 80.000 m2 estarán ocupados por espacios verdes; la mayoría (75.000) se situarán en una vía central del nuevo bulevar que hará desaparecer la autovía en superficie.

La redacción del proyecto incluirá la creación de un gran carril bici que conectará Madrid Río con Alcorcón y que también estará finalizado en 2023. Respecto al tráfico rodado en superficie, sólo existirá un carril por sentido que compartirán los autobuses y los vehículos de los barrios colindantes: Batán, Colonia Jardín, Lucero y Campamento.

Construcción de un falso túnel
La carretera N-V, en su tramo inicial en la ciudad de Madrid, fue construida en el siglo XIX y se desdobló en la autovía A-5 entre el Alto de Extremadura y Cuatro Vientos en 1968. Diariamente, esta vía de seis u ocho carriles (dependiendo del tramo) soporta un tráfico que alcanza los 130.000 vehículos, provocando perjuicios a los vecinos.

El proyecto del ‘paseo Verde del Suroeste, soterramiento de la A-5 paseo de Extremadura’ va a trasladar el tráfico que a día de hoy discurre en superficie a un túnel soterrado de casi cuatro kilómetros de largo que conectará desde la avenida de los Poblados con los subterráneos de la M-30 con tres carriles por sentido, uno de ellos Bus-VAO.

Esta infraestructura se construirá mediante el método de falso túnel o cut and cover, ya que en el documento de Inicio Ambiental se incluye un estudio previo de soluciones donde se establece que este procedimiento es el más viable desde el punto de vista ambiental y económico. Esta técnica, además, permitirá una menor afección al tráfico durante el tiempo que duren las obras, ya que se intervendrá en uno de los sentidos mientras el otro permanecerá abierto a la circulación.

El paseo Verde del Suroeste es una de las medidas principales que se incluye en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 y prevé acabar definitivamente con los problemas de congestión, accidentalidad, contaminación acústica, atmosférica y de accesibilidad de la zona. Esta obra pondrá fin también a la brecha que separa los barrios de Batán y Colonia Jardín, situados en la margen derecha de la vía en dirección salida de Madrid, y de Lucero y Campamento, a la izquierda.
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El Ejecutivo ha declarado la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. Con ello, muestra además el compromiso y la prioridad otorgada a esta agenda en un contexto de grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático, como acaba de reconocer el informe anual del Foro de Davos, que cita la falta de ambición en mitigación y adaptación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos como la dos amenazas de mayor magnitud para la economía global, o el Nuevo Pacto Verde que pondrá en marcha la Comisión Europea.

El Ejecutivo se compromete a ejecutar cinco de las 30 medidas en los primeros 100 días de Gobierno. Entre ellas, la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.

El acuerdo responde, además, a la voluntad expresada por una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados que, el pasado mes de septiembre, instó al Ejecutivo a declarar la situación de emergencia climática.

La Declaración se inicia constatando el consenso generalizado de la comunidad científica sobre el impacto “sin precedentes” que el actual modelo de desarrollo ha tenido sobre el sistema climático. Ante este desafío, el acuerdo marca como “único camino posible” alcanzar la neutralidad climática en 2050, un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española, generando empleo de calidad.


Compromisos para los 100 primeros días


Las primeras medidas para hacer frente a este desafío se materializarán en los primeros cien días de acción de Gobierno. Se trata del marco regulatorio fundamental que es el que inspirará al resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la Administración. Cumpliendo este plazo, el Ejecutivo se compromete a:
  • Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
  • Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
  • Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
  • Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
  • Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.
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