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Quedan 28 días para el fin del estado de alarma, o al menos ese es el plan del Gobierno. El 9 de mayo fue la fecha que el Ejecutivo fijó en octubre para dar por terminado la herramienta judicial que permite aplicar restricciones tan duras como las limitaciones a la movilidad.

A pesar del escaso porcentaje de población vacunada en la actualidad, el Gobierno confía en la posibilidad de que "el 9 de mayo estemos en unas condiciones de vacunación, de inmunidad colectiva y de cifras que nos permitan salir del estado de alarma", como ha afirmado la propia Carmen Calvo.

Por tanto, si nada cambia, el 9 de mayo se acaba el estado de alarma. Pero, ¿qué supone?, ¿qué pasará al día siguiente?

Realmente volveremos al 24 de octubre, el día anterior a que comenzara el estado de alarma. Es decir, a partir de entonces si una autonomía quiere tomar medidas que, a pesar de ser positivas para la contención de la pandemia, restringen nuestros derechos, tendrán que pedir permiso a los jueces.

El 10 de mayo, si no se prolonga el estado de alarma, se dirá adiós al toque de queda, a las reuniones limitadas en espacios privados... a pesar de que podrían continuar aforos en bares o lugares públicos.

Tampoco habrá restricciones a la movilidad. Volverán las visitas a los pueblos e incluso el turismo, ya que los gobiernos de las comunidades autónomas no pueden poner limitaciones sin el amparo del estado de alarma, aunque sí se podrían dar casos concretos de zonas perimetrales cerradas, como ocurrió en Igualada.

No obstante, los tribunales pueden aprobar medidas propuestas por las comunidades autónomas que a priori supongan la limitación de un derecho. Ya ocurrió con anterioridad al estado de alarma, pero es altamente improbable que den luz verde a ciertas medidas como el cierre de una comunidad autónoma al completo o el impedimento de la movilidad a partir de una hora concreta.

Fuente: La Sexta.
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El Consejo de Ministros, en su sesión extraordinaria del 25 de octubre, ha aprobado a través de un Real Decreto la declaración del estado de alarma inicial de 15 días.

El estado de alarma finalizará a las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que puedan establecerse.

Durante el periodo establecido:

1) Se limita la circulación de las personas por las vías o espacios de uso público entre las 23:00 y las 6:00 horas excepto para: adquirir medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad; asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios o a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia; cumplir obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; retornar al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de estas actividades; asistir y cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra actividad de análoga naturaleza acreditada; repostar en gasolineras o estaciones de servicio, cuando sea necesario para la realización de las actividades previstas.

La autoridad competente delegada podrá modular, en su ámbito territorial, su inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. Su aplicación será para todo el país salvo la Comunidad Autónoma de Canarias, debido a su mejor situación epidemiológica.

2) Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad o ciudad autónoma salvo para: asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplir obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; asistir a centros universitarios, docentes y educativos; retornar al lugar de residencia habitual o familiar; asistir y cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazarse a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes, actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; renovar permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables; realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables; causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

3) Se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.

4) Se limita la permanencia de personas en lugares de culto: la autoridad competente delegada correspondiente fijará aforos para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos atendiendo al riesgo de transmisión que pudiera resultar. Dicha limitación no podrá afectar al ejercicio privado e individual de la libertad religiosa.


Restricciones de movilidad en 32 áreas sanitarias de la CAM
Asimismo, la Comunidad de Madrid ha dictado ORDEN 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. Descargue su certificado de desplazamiento, si lo necesita, en este enlace

La Orden tiene por objeto establecer, con carácter temporal y excepcional, medidas adicionales específicas de contención y prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ante su evolución en los núcleos de población correspondientes a las siguientes zonas básicas de salud:

— Municipio de Madrid:

• Distrito de Chamartín:

- Zona básica de salud Núñez Morgado.

• Distrito de Chamberí:

- Zona básica de salud Guzmán el Bueno.

• Distrito de Villaverde:

- Zona básica de salud San Andrés.

- Zona básica de salud San Cristóbal.

 - Zona básica de salud El Espinillo.

• Distrito de Puente de Vallecas:

- Zona básica de salud Entrevías.

- Zona básica de salud Peña Prieta.

- Zona básica de salud Pozo del Tío Raimundo.

- Zona básica de salud Alcalá de Guadaíra.

- Zona básica de salud Rafael Alberti.

- Zona básica de salud Numancia.

• Distrito de Ciudad Lineal:

Zona básica de salud Daroca.

• Distrito de Moratalaz:

- Zona básica de salud Vinateros Torito.

- Zona básica de salud Pavones.

- Zona básica de salud Vandel.

• Distrito de Latina:

- Zona básica de salud Puerta del Ángel.

• Distrito de Fuencarral-El Pardo:

- Zona básica de salud Virgen de Begoña.

• Distrito de Tetuán:

- Zona básica de salud Infanta Mercedes.

- Zona básica de salud Villaamil.

— Municipio de Collado Villalba:

• Zona básica de salud Collado Villalba Pueblo.

— Municipio de Guadarrama:

• Zona básica de salud Guadarrama.

 — Municipio de Majadahonda:

• Zona básica de salud Majadahonda.

— Municipio de Pozuelo de Alarcón:

• Zona básica de salud San Juan de la Cruz.

— Municipio de Parla:

• Zona básica de salud San Blas.

• Zona básica de salud Pintores.

— Municipio de Colmenar Viejo:

• Zona básica de salud de Colmenar Viejo Norte.

— Municipio de Morata de Tajuña:

• Zona básica de salud Morata de Tajuña.

-Municipio de Torrejón de Ardoz:

• Zona básica de salud Las Fronteras.

• Zona básica de salud Brújulas.

-Dentro de la zona básica de salud Manzanares el Real, exclusivamente el municipio de El Boalo.

-Dentro de la zona básica de salud Villarejo de Salvanés, exclusivamente el municipio de Villarejo de Salvanés.

-Dentro de la zona básica de salud Colmenar de Oreja, exclusivamente el municipio de Colmenar de Oreja.

Se restringe la entrada y salida de personas de los ámbitos territoriales recogidos en el apartado anterior salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos: asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales, asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, para desplazarse a entidades financieras y de seguros, para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales, para realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables, para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables. por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

La circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen los ámbitos territoriales que constituyen el objeto de la presente Orden estará permitida siempre y cuando tengan origen y destino fuera del mismo.

Se permite la circulación de personas residentes dentro de las zonas afectadas, siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades sanitarias competentes, si bien se desaconseja a la población los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles.
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El Boletín Oficial del Estado publicó en la misma tarde del viernes, 9 de octubre, el Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. El presente real decreto entrará en vigor desde el instante mismo de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Este estado de alarma es de aplicación en el territorio de los siguientes municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid:
  • Alcobendas.
  • Alcorcón.
  • Fuenlabrada.
  • Getafe.
  • Leganés.
  • Madrid.
  • Móstoles.
  • Parla.
  • Torrejón de Ardoz.

La duración del estado de alarma es de quince días naturales.

La autoridad competente durante el estado de alarma es el Gobierno de España y en virtud de este Real Decreto, queda señalada:


Limitación de la libertad de circulación de las personas
1. Se restringe la entrada y salida de personas de los municipios recogidos en el artículo 2 a aquellos desplazamientos adecuadamente justificados que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse.

g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

2. La circulación de las personas en tránsito a través de los ámbitos territoriales que constituyen el ámbito de aplicación de este real decreto no estará sometida a las restricciones establecidas en el apartado anterior.

El incumplimiento del contenido del presente real decreto o de las órdenes de las autoridades será sancionado con arreglo a las leyes.


La Comunidad de Madrid dicta normas para zonas básicas de salud
Por su parte, la Comunidad de Madrid publicaba en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el sábado, 10 de octubre, un día después de la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno la Orden 1322/2020, de 9 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.

La presente Orden tiene por objeto establecer, con carácter temporal y excepcional, medidas adicionales específicas de contención y prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ante su evolución en los núcleos de población correspondientes a las siguientes zonas básicas de salud:
  • Municipio de Colmenar Viejo: zona básica de salud de Colmenar Viejo Norte.
  • Municipio de Arganda del Rey: zona básica de salud de Arganda del Rey.
  • Municipio de Coslada: zona básica de salud Valleaguado.
  • Municipio de Collado Villalba: zona básica de salud Sierra de Guadarrama.

Las medidas establecidas en la presente Orden serán de aplicación a todas las personas que se encuentren o circulen, así como a aquellas personas que sean titulares de cualquier actividad económica, empresarial o establecimiento de uso público o abierto al público ubicado en las zonas básicas de salud afectadas.


Medidas específicas preventivas a aplicar en estas zonas básicas de salud
1. Se restringe la entrada y salida de personas de los municipios recogidos en el apartado anterior, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales.

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Para desplazarse a entidades financieras y de seguros.

g) Para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

h) Para realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

i) Para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

La circulación por carretera y viales que transcurran o atraviesen los ámbitos territoriales que constituyen el objeto de la presente Orden estará permitida siempre y cuando tengan origen y destino fuera del mismo.

Se permite la circulación de personas residentes dentro de las zonas básicas de salud afectadas, siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades sanitarias competentes, si bien se desaconseja a la población los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles.

2. La asistencia a lugares de culto no podrá superar un tercio de su aforo y se deberá garantizar en todo caso la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso de mascarilla.

3. La asistencia a velatorios se limita a un máximo de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

4. Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el cincuenta por ciento del aforo permitido y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22.00 horas.

Esta limitación horaria no será de aplicación a los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales, entendiéndose como tales aquellos que prestan o realizan servicios imprescindibles e inaplazables.

5. Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al cincuenta por ciento, tanto en espacios interiores como exteriores, no estando permitido el consumo en barra.

Las mesas o agrupaciones de mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas, con el objeto de asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al menos, 1,5 metros entre las personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

La ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas, no pudiendo admitir nuevos clientes a partir de las 22:00 horas, y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 23:00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio y la recogida de comida por clientes para consumo fuera del local.

Estas mismas limitaciones de aforo y horario son aplicables a los establecimientos y locales en donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas.

6. La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 9 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, podrá impartirse de forma presencial siempre y cuando no supere una capacidad del cincuenta por ciento respecto al máximo permitido, debiendo garantizarse en todo momento el respeto a la distancia de seguridad interpersonal.

Estas medidas serán también aplicables a las actividades formativas presenciales del ámbito de la formación para el empleo gestionadas y/o financiadas por la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.

7. Podrá realizarse práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido de la instalación en espacios interiores y el sesenta por ciento en espacios exteriores. La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de seis personas.

En las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional y las competiciones internacionales que estén bajo la tutela organizativa de las Federaciones deportivas españolas que se desarrollen en los municipios previstos en el apartado 1.1, será de aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada 2020/2021, elaborado por el Consejo Superior de Deportes.

8. Se suspende temporalmente la actividad de los parques infantiles de uso público.
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El pasado día 20 se publicó en el BOCM la Orden 668/2020 de 19 de Junio de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

Con carácter general, se recuerdan las siguientes indicaciones:

a) Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes.

b) Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros, se asegurará que los trabajadores dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.

c) Se adoptarán medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo.

d) El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada uso.

e) Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de Madrid o con el centro de salud correspondiente y, en su caso, con el correspondiente servicio de prevención de riesgos laborales. El trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo.

f) En los establecimientos y locales que abran al público la distancia entre el vendedor o proveedor de servicios y el consumidor durante todo el proceso de atención al consumidor será de, al menos, 1 metro cuando se cuente con elementos de protección o barrera, o de 1,5 metros sin estos elementos.

g) Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características,

h) Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de un ascensor será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes.

i) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios.

j) Se promoverá el pago con tarjetas.

En cuanto al aforo en el ámbito comercial se señalan las siguientes medidas y limitaciones:
  • Distancia de seguridad de al menos 1,5 m.
  • Medidas de protección e higiene adecuadas
  • Uso de mascarillas obligatorio para mayores de 6 años.
  • Los trabajadores tienen que tener permanente a su disposición agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes.
  • Itinerarios para la circulación de clientes.
  • Aforo máximo del 60% hasta el 5 de julio y a partir del 6 de julio se amplía al 75%.
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Información de ABC.

El nuevo coronavirus, causante del Covid-19, ha azotado de manera muy trágica al mundo. España no ha sido menos y, desgraciadamente, ha sufrido la pérdida de miles de sus ciudadanos a lo largo y ancho de nuestra geografía. En concreto, la Comunidad de Madrid ha sido la más afectada, con más de 9.000 muertos con coronavirus.


Sin embargo, poco a poco, se ha ido logrando reducir el número de contagios y de fallecidos y se ha reforzado el sistema de salud madrileño entrando en un proceso de desescalada que culmina, al menos legalmente, este domingo.

A partir de las 00:00 horas del domingo 21 de junio, el estado de alarma decretado por el Gobierno central, que establecía las fases de desescalada y, por tanto, las restricciones de movilidad, decae. Esto significa que a partir de ese momento, los madrileños podrán salir de la Comunidad y moverse por el resto de España con total libertad.

Con todo, desde la Comunidad están elaborando un protocolo que dicte cómo será la llamada «nueva normalidad» en nuestra región, donde se prevén restricciones de aforo, entre otras medidas específicas.
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Información de El Confidencial.

Un millón de sanciones quedarán en el limbo de la indeterminación a partir del próximo 21 de junio, día en que el estado de alarma acabará en toda España después de más de tres meses. Los despachos de abogados que se ocupan de recurrir estas multas en nombre de los afectados han encontrado un resquicio en la ley en la que se apoyó el real decreto por el que se declaró que puede desactivar todas aquellas que no sean firmes antes del próximo domingo.


El argumento para dinamitar la tramitación por parte de las administraciones de estas propuestas elevadas por los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se encuentra en la norma que permitió al Ejecutivo declararlo. La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Desde su arranque, ya en el artículo 1, la norma precisa que una vez finalizada su vigencia, "decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a estas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes".

Aunque el textual del artículo parece bastante claro, los multados no las tienen todas consigo. La norma jurídica puede interpretarse de varias maneras, y al final todo dependerá de lo que decidan interpretar políticamente el Gobierno de turno y los jueces de lo contencioso. Antecedentes no hay. La indeterminación viene de que, desde que se dictó, no se ha aplicado en 40 años.

Por ejemplo, el real decreto se desarrolló a través de nuevos decretos u órdenes ministeriales y, en ningún momento, incluyó un régimen sancionador específico. El Ministerio del Interior se basó en el incumplimiento de otras leyes que ya existían. En las instrucciones que el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha ido dando a las policías y la Guardia Civil, para orientar y graduar la incoación de sanciones por incumplir el confinamiento generalizado, se fijaban multas de entre los 601 euros y los 10.400 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza.

Durante estos tres meses, ha habido de todo. Muchos juristas reconocían que las multas eran necesarias para controlar, en muchos casos, la observancia del encierro obligatorio en los hogares. Pero también se han producido excesos de celo que dieron lugar a situaciones injustas. Recintos religiosos desalojados, multas por comida inadecuada, detenciones por delitos de desobediencia e incluso de odio, advertencias de agentes por el uso de lugares que, sin embargo, no son públicos, como las azoteas, o por la elección de la residencia donde el ciudadano escoge confinarse.

El último recuento proporcionado, de finales de mayo, cifraba en 1.013.747 las propuestas de sanción impuestas, a las que se sumaban 8.418 detenidos. Como en una montaña rusa, el inicio de la desescalada supuso también un descenso de las multas, mucho más elevadas en las semanas iniciales que en las del final. Pero siguen imponiéndose. Incluso el decreto de la llamada 'nueva normalidad' prevé para aquellos que no lleven mascarilla en los casos obligados 100 euros de sanción.

El laboratorio para probar la validez del recurso por esta disposición que parece borrar de un plumazo todas las que no sean firmes está siendo Galicia. Ha sido la primera comunidad que ha quedado fuera del estado de alarma. Ha abandonado este lunes de forma anticipada la fase 3 de la desescalada y, por ello, son los multados allí quienes primero probarán el argumento para solicitar archivar expedientes sancionadores abiertos.

A esta arma legal se suma contra la tramitación efectiva su enorme volumen de multas, que provocará que, en muchos casos, acaben convirtiéndose en papel mojado. Gran parte de ellas quedarán desactivadas, atrapadas en las dificultades de tramitación y en la falta de personal de muchas de las delegaciones de gobierno donde han ido acumulándose semana tras semana. El reloj también va a favor, ya que, transcurridos seis meses, el expediente caduca.

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Fuentes: La Moncloa/VozPópuli.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Conoce esta norma al completo pinchando en este enlace.


La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que estas medidas regirán tras la finalización del estado de alarma, el próximo 21 de junio, y el proceso de desescalada. Desde el lunes, ha recordado, el 52% de la población (aproximadamente 25 millones de personas) se encuentra ya en la fase 3, la última antes de la nueva normalidad.

María Jesús Montero ha insistido en que el virus sigue siendo una amenaza para nuestra seguridad mientras no haya un tratamiento eficaz o vacuna, por lo que hay que seguir tomando precauciones y "no bajar la guardia, ni actuar pensando que todo ha pasado y estamos a salvo".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha precisado que la norma aprobada permanecerá vigente hasta que el Gobierno declare de forma motivada el final de la crisis sanitaria.

Al carecer del estado de alarma, la herramienta que necesita el Ejecutivo central para poder imponer restricciones a la movilidad, los españoles podrán volver empezar a viajar entre comunidades autónomas.

"Si las cosas evolucionan en la línea que están evolucionando, el 21 de junio se van a dar las condiciones para que en toda España se pueda entrar en una nueva normalidad y por tanto se dé fin al estado de alarma y se levanten las restricciones de movilidad tal y como las hemos conocido", ha resaltado en rueda de prensa el titular de Sanidad, Salvador Illa.


Son las CC.AA. las que deciden el pase a la nueva normalidad
A partir de la fase 3, en la que se encuentran ya algunas comunidades autónomas, serán los líderes autonómicos los que decidan cuánto tiempo mantenerse en esa fase, por lo que a partir del día 21 podrán optar a pasar directamente a la 'nueva normalidad' si lo consideran oportuno. En ese sentido, la decisión de cuándo pasa una comunidad autónoma a la 'nueva normalidad' también es de los propios Gobiernos autonómicos, por lo que dependerá de cada comunidad el momento de decidir cuándo pasan a la 'nueva normalidad' y, por tanto, cuándo pueden viajar entre autonomías.

La confusión sobre este punto se ha debido a ciertas idas y venidas por parte del ministro de Sanidad y el titular de la cartera de Transportes y Movilidad Urbana, José Luis Ábalos, que aseguró que desde el Ejecutivo estaban estudiando permitir la movilidad entre comunidades autónomas a partir de este lunes, 8 de junio, entre aquellas regiones que estuvieran en la fase 3.

No obstante, Illa corrigió al ministro y estableció que si bien durante la fase 3 está permitida la movilidad dentro de las comunidades autónomas, entre sus provincias, para viajar entre autonomías habrá que esperar a que lleguen a la 'nueva normalidad', esa suerte de 'fase 4' final con la que finaliza la 'desescalada'.


Prevención, detección precoz y sistema sanitario preparado
Illa ha señalado que algunas de las medidas de este Real Decreto-ley no son nuevas, sino que prolongan las adoptadas durante el estado de alarma, como las de prevención e higiene que, ha reiterado, son claves para frenar la propagación del virus.

Concretamente, se ha referido a la limpieza de espacios públicos y privados, el lavado frecuente de manos, el mantenimiento de la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso obligatorio de mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes. A partir de ahora, en los medios terrestres y aéreos, ha destacado Illa, los operadores que trabajen con asiento preasignado deberán conservar los registros de pasajeros un mínimo de 4 semanas "para poder garantizar la trazabilidad de los contactos si se produjeran casos positivos".

También se da continuidad a las obligaciones de recogida, tratamiento y remisión de información de la enfermedad al Ministerio de Sanidad por parte de todos los operadores sanitarios de las comunidades autónomas. Illa ha destacado la importancia de la detección precoz y la vigilancia epidemiológica para poder adelantarse a cualquier rebrote y, si se produjera, garantizar las capacidades del sistema sanitario para afrontarlo en un breve periodo de tiempo.

Así, se especifican los recursos necesarios de profesionales sanitarios, disponibilidad de camas y la obligatoriedad de planes de contingencia y la realización de pruebas diagnósticas PCR o similares tan pronto como sea posible en los casos sospechosos. Respecto a los centros residenciales de mayores, se establece que deben estar coordinados con los centros sanitarios de sus respectivas comunidades autónomas y tener preparados planes específicos para hacer frente a eventuales rebrotes.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con el objeto de garantizar la disponibilidad de los que sean necesarios para hacer frente al coronavirus, podrá recabar información de los fabricantes sobre sus operaciones de producción previstas y, eventualmente, establecer prioridades. Además, y excepcionalmente, tendrá la facultad de otorgar licencias previas de funcionamiento de instalaciones para garantizar la fabricación en España de productos sanitarios y medicamentos.

En el ámbito deportivo, las medidas preventivas a adoptar en los eventos de la Liga de fútbol profesional y la Liga ACB serán establecidas por el Consejo Superior Deportes, previa consulta con los organizadores de ambas competiciones, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.
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El próximo 11 de junio de 16:00 a 17:00, Sayma Consultores ha organizado un encuentro virtual para resolver algunas cuestiones jurídicas y dar respuesta a preguntas como:
  • ¿Cómo reanudamos la vida societaria tras el estado de alarma?
  • Efectos del Covid-19 sobre los contratos de la empresa.
  • ¿Cómo solventamos las situaciones de impagos o insolvencias derivadas del estado de alarma?

Para ello, se contará con la colaboración de los siguientes ponentes:
  • Javier Sastre, abogado del Área Legal de Sayma Consultores
  • Gala Pons, abogada del Área Legal de Sayma Consultores
  •  Garazi Martínez, abogada del Área Legal de Sayma Consultores

Para conocer más sobre este Encuentro Digital y asistir a él, solo tienes que pinchar en este enlace.
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Información de El Economista.

Una buena parte de los especialistas en Derecho Contencioso-Administrativo de los bufetes de abogados están convencidos de que las Administraciones Públicas van a tener dificultades para cobrar las sanciones impuestas por saltarse el confinamiento y el resto de medidas de aislamiento.


Sin embargo, advierten que quienes han sido sancionados por incumplir las restricciones no pueden esperar de antemano a que éstas vayan a prescribir, puesto el Gobierno cuenta con que en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, se prevé la imprescriptibilidad de la sanción en el caso de que se trate de una actuación que se considere que afecte a al interés general. Ello, a pesar de que el plazo de caducidad de este tipo de sanciones es de tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación,

Los abogados basan sus previsiones de recurso en torno a la inseguridad jurídica generada por la falta de definición de asuntos tan básicos como las propias situaciones penalizables por salir de casa. Así, la normativa deja a la interpretación de los miembros de las Fuerzas de Orden Público la oportunidad de sancionar o no, según su criterio personal, lo que vulnera lo establecido en el artículo 27.4 de Procedimiento Administrativo Común, que obliga a que en las normas que definen las infracciones y las sanciones no se permite la aplicación por analogía de otras figuras sancionadoras similares.

En un Estado democrático donde impera la ley, como es España, el ciudadano tiene derecho a saber previamente cual es el motivo de la sanción. Sin embargo, no se ha querido poner en marcha un régimen sancionador extraordinario, como sería exigible y, por tanto se falta a la regla básica de proporcionalidad. Además, la Orden INT/226/ 2020, de 15 de marzo, recuerda a los agentes que el incumplimiento o la resistencia a sus órdenes se sancionan de acuerdo con los estipulado en los artículos 550 a 556 del Código Penal. Una forma de derivar la tipología sancionadora, según coinciden los juristas consultados.

Argumentan los especialistas en Derecho Constitucional, que vivimos desde el inicio del estado de alarma en un estado de excepción, no declarado y, por tanto, en un estado de excepción encubierto.


Control parlamentario reforzado
Argumentan que el estado de excepción está sometido a un "control parlamentario reforzado" frente al previsto para el de alarma. Por ello, ahora que la desescalada entra en sus fases finales, se intuye una avalancha de recursos ante los tribunales, muchos de los cuales hurgarán en la deficiente técnica legislativa empleada, en la mayoría de los casos para evitar los controles.

Según diversas fuentes judiciales consultadas, el efecto podría ser la nulidad de las multas por infringir el confinamiento; la posibilidad de reclamaciones de responsabilidad patrimonial; las cuotas pagadas a la Seguridad Social que no respondan a un trabajo efectivo; los conflictos laborales desatados a la hora de recuperar las horas, etc. Una avalancha nunca imaginada, tal y como prevé el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su plan de choque para la vuelta a la normalidad en los juzgados.

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Los DNI que caduquen durante la vigencia del Estado de Alarma quedarán automáticamente renovados un año. El Real Decreto-Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, aprobado el pasado 17 de marzo de 2020, así lo establece.

"Queda prorrogada por un año, hasta el día trece de marzo de dos mil veintiuno, la validez del documento nacional de identidad de las personas mayores de edad titulares de un documento que caduque desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19", señala el texto legal.

También se indica que "la prórroga de la validez del documento nacional de identidad permitirá que puedan renovarse, conforme al procedimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual periodo".
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