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Las oficinas de APIEM, situadas en los números 36 y 38 de la calle Magallanes, han incoporporado medidores de CO2 para para preservar la seguridad de asociados, empleados, alumnos, y todas las personas que visiten las instalaciones de la asociación, reforzando todo el protocolo de seguridad implantado en las mismas para combatir la expansión del COVID-19.

Según publica el blog tecnológico Xataka, los sensores de CO2 se han convertido en uno de los instrumentos de moda en estos tiempos que corren en los que la ventilación de edificios es tan importante en la lucha contra el COVID-19.

Con un sistema de ventilación adecuado se logra minimizar la posibilidad de padecer el síndrome del edificio enfermo, que definido por la OMS es el conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación del aire en estos espacios cerrados.

Solo por esto el control de la calidad del aire es importante, pero además estos meses estamos siendo golpeados con fuerza por otra enfermedad respiratoria: el COVID-19. El Gobierno ha publicado una guía con recomendaciones sobre el uso de sistemas de climatización y ventilación para prevenir la expansión del COVID-19.

Entre ellas se destaca que "la renovación de aire es el parámetro más importante. Si es posible, se recomienda un mínimo de 12,5 litros por segundo y ocupante, que es el valor que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios atribuye a un aire de buena calidad. Para asegurar este valor mínimo, se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o reducir la ocupación de los espacios."

Por tanto, renovar el aire en espacios cerrados es fundamental para prevenir la expansión del COVID-19 y la forma de cuantificar la necesidad de caudal de aire exterior de ventilación está determinado por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, con la medición de la concentración de CO2 como uno de los métodos empleados para hacerlo.

Por tanto lo ideal serán concentraciones de 500 ppm de CO2, aunque es frecuente moverse en la horquilla entre las 500 y los 800 partes por millón en volumen.

Protocolo de seguridad en APIEM

La instalación de estos sensores en las oficinas de APIEM viene a sumarse un detallado protocolo de actuación que la asociación ha configurado para su atención al público, de tal modo que todo el que entra en las dependencias de la asociación debe proceder a la higiene de manos y debe ir provistos de mascarilla en todo momento. De no contar con ella, se le facilita en las instalaciones.

Asimismo, los puestos de atención al público cuentan con mamparas de seguridad y con material de oficina de un solo uso para evitar compartir bolígrafos, lápices o papel entre varias personas.

Por otro lado, en cumplimiento con la normativa vigente, a diario se realiza una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuente.

El Centro de Formación cuenta con estrictas medidas de seguridad en su actividad presencial. En este sentido, en los talleres se han diseñado recorridos que permitan mantener la distancia de seguridad de al menos dos metros. Asimismo, se cuenta con dispensadores de geles hidroalcohólicos a disposición de los alumnos y de agua y jabón en los aseos, que permite cumplir con el protocolo de higiene de manos.

Todos los alumnos deben ir provistos de mascarillas durante la impartición de las clases en el Centro de Formación.

Respecto a las clases teóricas, las aulas han sido también dotadas con dispensadores de geles hidroalcohólicos, pañuelos, y medidas de distanciamiento personal entre pupitres.
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Quedan 28 días para el fin del estado de alarma, o al menos ese es el plan del Gobierno. El 9 de mayo fue la fecha que el Ejecutivo fijó en octubre para dar por terminado la herramienta judicial que permite aplicar restricciones tan duras como las limitaciones a la movilidad.

A pesar del escaso porcentaje de población vacunada en la actualidad, el Gobierno confía en la posibilidad de que "el 9 de mayo estemos en unas condiciones de vacunación, de inmunidad colectiva y de cifras que nos permitan salir del estado de alarma", como ha afirmado la propia Carmen Calvo.

Por tanto, si nada cambia, el 9 de mayo se acaba el estado de alarma. Pero, ¿qué supone?, ¿qué pasará al día siguiente?

Realmente volveremos al 24 de octubre, el día anterior a que comenzara el estado de alarma. Es decir, a partir de entonces si una autonomía quiere tomar medidas que, a pesar de ser positivas para la contención de la pandemia, restringen nuestros derechos, tendrán que pedir permiso a los jueces.

El 10 de mayo, si no se prolonga el estado de alarma, se dirá adiós al toque de queda, a las reuniones limitadas en espacios privados... a pesar de que podrían continuar aforos en bares o lugares públicos.

Tampoco habrá restricciones a la movilidad. Volverán las visitas a los pueblos e incluso el turismo, ya que los gobiernos de las comunidades autónomas no pueden poner limitaciones sin el amparo del estado de alarma, aunque sí se podrían dar casos concretos de zonas perimetrales cerradas, como ocurrió en Igualada.

No obstante, los tribunales pueden aprobar medidas propuestas por las comunidades autónomas que a priori supongan la limitación de un derecho. Ya ocurrió con anterioridad al estado de alarma, pero es altamente improbable que den luz verde a ciertas medidas como el cierre de una comunidad autónoma al completo o el impedimento de la movilidad a partir de una hora concreta.

Fuente: La Sexta.
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APIEM se ha puesto en contacto con las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas para solicitarles que los instaladores sean incluidos dentro del Grupo 6 de vacunación contra el COVID-19: colectivos en activo con una función esencial para la sociedad.

De este modo, el presidente de APIEM, Ángel Bonet, ha contactado tanto con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, como con el grupo técnico de vacunación COVID, dependiente del Ministerio de Sanidad, para solicitarles que “esa esencialidad del colectivo de instaladores (indicada en Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma) que contribuye a parar la expansión del COVID-19 sea también tenida en cuenta para protegerles de forma prioritaria”.

El presidente de APIEM ha explicado a las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas que “un gran porcentaje de nuestras empresas asociadas desarrollan labores de instalación eléctrica y de telecomunicaciones y mantenimiento en centros sanitarios y socio sanitarios, imprescindibles para el correcto funcionamiento a diario de estos inmuebles. Dichos profesionales pueden entrar en estrecho contacto y exposición con el SARS-coV-2, por lo que ruego se analice los riesgos de esta exposición para poder ser incluidos dentro del colectivo 6 de la Estrategia de vacunación COVID-19”.

Asimismo, les ha manifestado su sorpresa al no ver al colectivo de instaladores incluido en el grupo 6 de vacunación como trabajadores esenciales al mismo nivel que el resto ya que “cuando el país tuvo que parar de forma mayoritaria para hacer frente a la rápida expansión del COVID-19, los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones fueron considerados esenciales para mantener el motor del país en marcha (a pesar de no contar con medidas de protección ni de seguridad para realizar estas tareas). El colectivo de instaladores ha demostrado siempre su compromiso y responsabilidad, conscientes de que la electricidad es el principio de todo y que sin ella los hospitales y centros de salud, centros neurálgicos de lucha contra el coronavirus, no podrían funcionar ni tampoco podrían desarrollarse actividades esenciales de suministro de medicamentos y alimentos, el confort térmico de los hogares o el desarrollo de telecomunicaciones que han permitido el teletrabajo”.

El Ministerio de Sanidad contesta

Desde el grupo técnico de vacunación COVID, dependiente del Ministerio de Sanidad, aseguran en una carta remitida al presidente de APIEM que “estamos de acuerdo en el riesgo que puede suponer al personal de su colectivo, así como al de otros establecimientos la atención de forma directa a diversas personas, pero actualmente el número de dosis disponibles es limitado y es necesario, por tanto, establecer un orden teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos”.

Este grupo de trabajo explica en su contestación que “dado que las primeras vacunas frente a COVID-19 están disponibles en una cantidad limitada, que se irá aumentando progresivamente, es necesario establecer el orden de prioridad de los grupos de población a vacunar. Se ha establecido un orden de vacunación de los grupos de población en función de la disponibilidad de dosis de vacunas. La priorización se ha realizado en función de criterios éticos y de la evidencia científica, dirigiendo la vacunación a las personas más vulnerables y con mayor riesgo de exposición y de transmisión a otras personas”.

Este grupo dependiente del Ministerio de Sanidad indica en su carta que los grupos de población a vacunar contemplados hasta el momento en la Estrategia de vacunación COVID-19 son:

1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes
2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.
3. Otro personal sanitario y sociosanitario
4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas
5. Personas de 80 y más años (nacidas en 1941 y en años anteriores).
6. Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad
7. Menores de 60 años con condiciones de riesgo alto
8. Personas entre 56 y 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1965, ambos inclusive)
9. Grupo 9. Personas entre 45 y 55 años de edad (nacidas entre 1966 y 1976, ambos inclusive)

Para finalizar, señala que “no obstante, en los próximos meses se irán aumentando progresivamente las dosis suministradas por las compañías farmacéuticas por lo que gradualmente se irá vacunando a toda la población en función del riesgo de exposición. La administración de las vacunas se está organizando desde las Comunidades Autónomas, y son ellas quienes indicarán a los grupos de población a vacunar cuándo y dónde se procederá a la vacunación a medida que se vaya disponiendo de vacunas”.

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La Comunidad de Madrid ha ampliado las restricciones de movilidad por el coronavirus a dos nuevas zonas básicas de salud (ZBS) y seis localidades, por lo que a partir del lunes, 29 de marzo, no se podrá entrar y salir de ellas, excepto por causa justificada.

De este modo, a partir de las 00:00 horas del lunes 29 de marzo y hasta las 00:00 horas del lunes 12 de abril, quedarán restringidas las zonas básicas de salud de Vicálvaro-Artilleros y Valdebernardo, ambas en el distrito de Vicálvaro de Madrid capital y en las localidades de Paracuellos de Jarama, Villanueva de la Cañada, Navas del Rey, Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería.

Además, hasta las 00:00 horas del lunes 5 de abril seguirán con restricciones de movilidad las zonas básicas de salud de Núñez Morgado en el distrito de Chamartín; Virgen de Begoña en el distrito de Fuencarral-El Pardo, ambas en Madrid capital; la zona básica de salud de Valle de la Oliva, en el municipio de Majadahonda, y la localidad de Navacerrada.

Por otro lado, se levantan las restricciones en el municipio de Morata de Tajuña a partir del lunes, 29 de marzo.

La directora general de Salud Pública ha explicado que debido a la situación epidemiológica las restricciones seguirán aplicándose con los siguientes criterios: umbral superior a 350 casos, observación de transmisión comunitaria y la tendencia creciente.

Medidas vigentes

La Comunidad de Madrid mantiene la prohibición de las reuniones de no convivientes en domicilios, salvo que se trate de cuidados a terceras personas (mayores, dependientes, menores de edad o personas vulnerables). En este sentido, la Consejería de Sanidad recuerda que el 80% de los contagios de COVID-19 se producen en el ámbito familiar y domiciliario.

También continúa la limitación de movilidad nocturna desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas y que el sector de la hostelería y de la restauración puedan permanecer abiertos hasta las 23:00 horas, quedando prohibida la entrada de nuevos comensales después de las 22:00 horas.

La Consejería de Sanidad recuerda que el número de comensales en las terrazas es de un máximo de seis personas por mesa, y de cuatro en el interior de los establecimientos. Asimismo, reitera la obligatoriedad del uso de mascarilla de forma continuada, tanto en el interior como en la terraza, excepto en el momento concreto de la ingesta de bebida o comida.

Además, sigue siendo obligatorio, dentro de las medidas preventivas para hacer frente al coronavirus, asegurar la ventilación adecuada de los establecimientos, ya sea por medios naturales o mecánicos; y se mantiene la prohibición del consumo en barra.

Fuente: Comunidad de Madrid.
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La Comunidad de Madrid ha incorporado un número de teléfono único para que el usuario que reciba una llamada telefónica procedente de su centro de salud pueda identificar el origen de la llamada entrante como el teléfono institucional de Atención Primaria. Afectará a llamadas a teléfonos fijos y a móviles para la cita para vacunarse frente al COVID-19 o bien para consulta telefónica.

Se trata del número de teléfono 913700001, que identifica así cualquier llamada que un profesional de Atención Primaria realice a un usuario de la Comunidad de Madrid para una cita en su centro de salud, consulta, cualquier trámite relacionado o asistencia sanitaria. De esta manera, el usuario identificará fácilmente el número y si lo guarda en sus contactos le resultará más fácil identificar de quien se trata.

Este servicio se encuentra disponible en el 95% de los centros de salud de la Comunidad de Madrid (en ocho están en proceso de adaptación) y en 29 consultorios locales que cuentan con la tecnología digital. Por otro lado, se recuerda que los teléfonos de cita previa y de contacto con el centro de salud siguen siendo los habituales.

Con este número de teléfono, que identifica de forma unívoca la llamada, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria pretende facilitar al usuario la identificación de un número institucional, evitar las pérdidas de llamadas que se generan ante la recepción de números desconocidos o centralitas, y potenciar la confianza en la comunicación y fidelización con la institución sanitaria.

En caso de que no se conteste o se pierda la llamada, el ciudadano deberá contactar con su centro de salud, tal y como indica la locución si se contacta con el teléfono 913700001.

Intensa actividad en la pandemia

En los últimos meses la actividad telefónica, tanto la que realizan los usuarios a los centros como las consultas telefónicas que gestiona Atención Primaria, se ha incrementado en los centros de salud durante la pandemia debido a las medidas adoptadas para minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19 entre profesionales y usuarios, evitando el contacto físico innecesario.

De media, cada mes los profesionales de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid realizan tres millones de consultas telefónicas: 1,7 de Medicina de Familia; 500.000 consultas por parte de Enfermería y 250.000 de Pediatría, a las que hay que añadir las llamadas que realizan los profesionales de las Unidades de Atención al Usuario (unidades administrativas), las unidades de apoyo: fisioterapeutas, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, o matronas.

Esta nueva modalidad telefónica se lleva a cabo entre la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad con Madrid Digital, soporte informático de la Comunidad de Madrid, y se enmarca en el Plan de Mejora de Actuaciones de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y en la línea para la transformación de la telefonía analógica a digital.

Fuente: Comunidad de Madrid.
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El próximo 31 de marzo finalizará el plazo para solicitar las nuevas bonificaciones COVID 2021 en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de diciembre para contribuir al mantenimiento del mayor número posible de negocios y actividades empresariales en la ciudad como consecuencia de la crisis generada por la pandemia.

Este paquete de incentivos fiscales puesto en marcha por el Ayuntamiento para empresas y negocios afecta al IBI, IAE, la Tasa de Dominio Público (tasa de terrazas) y la Tasa de Residuos Urbanos de Actividad (TRUA).

Entre las bonificaciones acordadas por el equipo de Gobierno municipal el pasado año destacan:

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)

Bonificación del 25 % en los sectores de ocio, comercio, hostelería, cultural y espectáculos.

Bonificación del 50 % en el sector hotelero.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)

Bonificación del 25 % en los sectores de ocio, comercio, hostelería, cultural y espectáculos.

Bonificación 50 % en el sector hotelero.

TASA DE USO DE DOMINIO PÚBLICO

Bonificación del 100 % de la tasa 2021 para mercadillos, puestos aislados, terrazas, circos, tómbolas y distribuidores de prensa gratuita.

Bonificación del 100 % de la tasa 2021 para reservas permanentes de aparcamiento de vehículos de uso exclusivo de los hoteles.

TASA DE RESIDUOS URBANOS DE ACTIVIDAD (TRUA)

Bonificación del 25 % para los usos ocio, hostelería, comercial, espectáculos, cultural e industrial (113.092 potenciales recibos y 5,05 millones de euros).

Bonificación del 50 % en los sectores hoteles, hostales, moteles, apartahoteles y bungalows (5.069 potenciales recibos y 1,1 millones de euros).

La Agencia Tributaria de Madrid, con la finalidad de que estas bonificaciones lleguen al máximo número de beneficiarios posibles, ha remitido una carta personalizada a una veintena de asociaciones del mundo empresarial, comercial, hostelero y de ocio, adjuntando una guía con información detallada y el procedimiento a seguir para solicitar estas bonificaciones a través del Portal del Contribuyente del Ayuntamiento.

Además, en esta nueva convocatoria se ha ampliado hasta tres meses el plazo para presentar la solicitud de bonificaciones de IBI e IAE. En los casos de las otras dos tasas bonificadas, la de terrazas y la TRUA, se aplicarán de oficio.

Todos los posibles beneficiarios pueden resolver sus dudas a través del 010 o solicitando cita previa en las oficinas municipales de atención integral al contribuyente de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: Ayuntamiento de Madrid.
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El CNAE de actividades eléctricas (4321) no está incluido en el FONDO DE AYUDAS DIRECTAS NO REEMBOLSABLE PARA AUTONOMOS Y EMPRESAS, y con carácter finalista para deudas contraídas desde marzo de 2020, creándose un centenar de actividades a las que les podrán llegar las ayudas, y en ese centenar no están las instalaciones eléctricas, además de tener una caída de ingresos de al menos el 30 % de 2020 a 2019.

El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, dispone de una línea directa de ayudas por 7.000 millones de euros. Esta Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas tiene como fin reducir el endeudamiento suscrito a partir de marzo de 2020 por parte de aquellas empresas y autónomos cuya actividad se ha visto más negativamente afectada por la pandemia.

La CAM anuncia que amplía el fondo a los sectores excluidos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la pasada semana que el Gobierno autonómico compensará económicamente con ayudas de hasta 200.000 euros a los autónomos y empresas de sectores que han quedado excluidos por el Ejecutivo central a la hora de recibir apoyo tras las consecuencias de la pandemia. “Queremos estar junto a los madrileños, junto a aquellas personas que con su esfuerzo y trabajo levantan todos los días Madrid”, ha indicado.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Díaz Ayuso ha explicado que estas compensaciones van dirigidas a los negocios que han quedado fuera de las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros, y que suponen casi la mitad del sector comercial. Se trata de peluquerías, centros de estética, tiendas de souvenirs, autoescuelas, talleres, academias, ferreterías, tiendas de muebles, de iluminación, establecimientos de electrodomésticos, o librerías, entre otros. De esta manera, la Comunidad de Madrid concederá hasta 3.000 euros a los autónomos que tributan por módulos en la región, y desde 4.000 hasta 200.000 euros al resto de trabajadores y empresas que se hayan visto más afectadas por la pandemia y que hayan sufrido una caída en la facturación de, al menos, un 30%.

El Gobierno regional también ha pedido que el Ejecutivo central aclare cuanto antes todos los detalles del mecanismo de estas ayudas con la publicación de la orden correspondiente y la firma del convenio con todas las comunidades autónomas. El objetivo es poder acelerar la concesión de las mismas.
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Los trabajadores que en 2020 se han visto afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) deberán tener en cuenta algunas particularidades a la hora de presentar su declaración de la renta de 2020, cuya campaña comienza el próximo 7 de abril. El hecho de tener más de un pagador, los posibles errores cometidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el abono de prestaciones o las retenciones aplicadas pueden tener consecuencias importantes en la declaración. Estas son algunas claves.

¿Por qué es diferente la declaración de la renta para los afectados por un ERTE? Porque los trabajadores que se han visto afectados por un ERTE han cobrado una prestación del SEPE, de manera que en el ejercicio 2020 han tenido dos pagadores (su empresa y el SEPE) a efectos de tributación. Su situación tributaria es la misma que la de cualquier trabajador que haya tenido más de un pagador, pero diferente de cuando se tiene solo uno.

¿Qué supone tener dos pagadores? Que el umbral que obliga a presentar la declaración de la renta es más bajo. Cuando el contribuyente tiene un único pagador solo está obligado a presentar la declaración de la renta si sus ingresos en el año superan los 22.000 euros, aunque puede presentarla voluntariamente si está por debajo de esta cantidad. Cuando el contribuyente tiene más de un pagador está obligado a presentar declaración si ha ingresado más de 14.000 euros, salvo que los abonos de todos los pagadores a partir del segundo no alcancen los 1.500 euros. Esto es así porque unos pagadores desconocen los abonos y retenciones de los demás, por lo que es necesario ajustar la tributación.

¿Hay que pagar más si se tienen dos pagadores que si se tiene uno? No. La tributación es la misma, ya que depende de los ingresos obtenidos y no del número de pagadores.

Entonces, ¿el resultado de la declaración será igual que el de otros años? Depende de las retenciones que se hayan practicado. Normalmente, cuando un trabajador tiene un único empleador, este le aplica retenciones acordes a sus ingresos. Sin embargo, si tiene más de un pagador ninguno sabe cuáles son los ingresos totales, por lo que las retenciones podrían ser excesivas o insuficientes y esto tendrá que ser ajustado en la liquidación del IRPF. En el caso de los afectados por un ERTE, si las prestaciones que han recibido son pequeñas es probable que el SEPE apenas les haya aplicado retenciones, por lo que tendrán que abonar los impuestos pendientes con la declaración.

¿Y qué ocurre con las deducciones? Las deducciones familiares -por familia numerosa, ascendientes o descendientes con discapacidad a cargo o familias monoparentales con dos hijos que no reciban anualidad por alimentos- no se ven afectadas, ya que van vinculadas al alta en la Seguridad Social o al cobro de prestaciones. Sin embargo, la prestación por maternidad, que cobran las mujeres con hijos menores de tres años, está vinculada al desarrollo de una actividad por cuenta propia o ajena, de manera que si se interrumpe por un ERTE o cese de actividad se dejan de cumplir los requisitos para aplicarla.

¿Qué ocurre si hay errores en los pagos del SEPE? Esta es una de las principales preocupaciones de muchos colectivos e incluso el Defensor del Pueblo ha alertado de la situación excepcional en que se encuentran los trabajadores que han recibido prestaciones por un ERTE superiores a las que les correspondían. Según los técnicos de Hacienda (Gestha), si el SEPE ha reclamado el reintegro de las cantidades abonadas indebidamente y se han devuelto en 2020, los datos fiscales deberían ser correctos y reflejar los ingresos reales. En cambio, si el SEPE ha exigido el reintegro y se ha efectuado la devolución en 2021 es posible que el borrador no recoja el ajuste. En estos casos, el contribuyente tendría que modificar el borrador para consignar las cantidades reales cobradas, una vez descontada la devolución. Por último, en los casos en que el SEPE aún no ha reclamado el reintegro en el momento de presentar la declaración, el contribuyente tiene que declarar el total de ingresos recibidos. Posteriormente, una vez que el SEPE pida el reintegro y se realice la devolución, el contribuyente podrá presentar una solicitud de rectificación de autoliquidación para corregir la declaración y, en su caso, recuperar las cantidades tributadas de más.

¿Está previsto algún cambio en la tributación de este colectivo? No. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que la normativa del IRPF no ha cambiado y que todos los contribuyentes pagarán "en función de lo que han cobrado, ni un euro más ni un euro menos".

¿Qué recomiendan los expertos? Los expertos recomiendan revisar todos los datos antes de confirmar el borrador, especialmente los referentes a las cantidades recibidas del SEPE y las posibles devoluciones.

Fuente: Expansión.
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El Gobierno ha aprobado un nuevo plan de ayudas que incluye la transferencia directa de fondos a empresas y autónomos para cubrir distintos gastos directos y superar la merma de ingresos provocada por las restricciones sanitarias. Las ayudas irán destinadas a empresas que presenten una caída de sus ingresos del 30% por el impacto del coronavirus.

El paquete destinado a estas ayudas es de 7.000 millones de euros que serán transferidos a las Comunidades Autónomas para que estas se encarguen del reparto. El plazo previsto por el Gobierno es que el instrumento legal que regule la transferencia esté listo en un plazo máximo de 40 días, y a partir de ahí sería cada autonomía la que articularía la entrega del dinero. Este cálculo permitiría que a finales de abril las subvenciones pudieran comenzar a llegar a los beneficiados.

Los fondos podrán ser utilizados para distintos usos como el pago de facturas o de créditos. La Agencia Tributaria será la que analice si la empresa que solicita las ayudas cumple con los criterios requeridos. Las ayudas podrán cubrir un 40% de la caída de la facturación en el caso de pymes y micropymes, y hasta un 20% para el resto de empresas.

Los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.

Las ayudas directas irán complementadas con un plan de reestructuración financiera dirigido a reducir el sobreendeudamiento en el que han caído muchas empresas por el incremento del crédito durante la crisis y las bajas perspectivas de ingresos a corto y medio plazo. Este paquete, con una cantidad de 3.000 millones de euros, incluirá distintas medidas para impulsar la reestructuración de créditos como el alargamiento de los plazos de devolución del principal, periodos de carencia y en última instancia reducción de la carga financiera con una quita. Este plan se articula en diferentes pilares:

Ayudas para la reestructuración de deuda financiera COVID

Este segundo eje de actuación incluye un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo así que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera.

Este eje se ve apoyado mediante la creación de una nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones de euros.

Las Líneas de Avales del ICO puestas en marcha en 2020 han permitido movilizar más de 121.000 millones de euros de financiación para autónomos y empresas. La norma aprobada hoy extiende hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitar préstamos con aval del ICO.

En noviembre se adoptaron ya medidas para facilitar el pago de estas deudas, al extenderse hasta dos años el periodo de carencia del pago del principal y ampliarse a ocho años el plazo de devolución de los préstamos.

Sobre la base del análisis del cliente que haga la entidad financiera, se podrán acordar medidas para, en primer lugar, extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público; en segundo lugar, convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.

Como medida de último recurso en este ámbito, se permite la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia.

Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan los criterios de elegibilidad que se establecerán por un posterior Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo.

Para la articulación de estas medidas se aprobará un Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y otros organismos, similar al existente en el ámbito hipotecario, cuyo objetivo es favorecer una actuación coordinada y eficiente de los bancos en apoyo de empresas viables con problemas puntuales de solvencia.


Fondo de recapitalización de empresas medianas


En tercer lugar, y para los casos en que las medidas anteriores no hayan sido suficientes, se crea un Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dirigido a reforzar los balances de empresas que eran viables en diciembre de 2019, pero que se enfrentan a problemas de solvencia por la pandemia.

Este fondo está dotado con 1.000 millones de euros y será gestionado por COFIDES, empresa con capital público-privado. Las ayudas se realizarán en forma de instrumentos financieros, como préstamos ordinarios, préstamos participativos, capital u otros a empresas que atraviesen dificultades temporales y que no puedan acceder a las ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado por SEPI, que tiene un importe mínimo de aportación de 25 millones de euros.


Modernización de la normativa concursal para favorecer la continuidad de la actividad empresarial


El Real Decreto-Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, extendiéndose hasta el 31 de diciembre las moratorias actuales, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo.

De forma específica, se extienden las moratorias relativas a la exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores; se amplía el plazo para renegociar, tanto los acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago (ambos son instrumentos previos al concurso), como los propios convenios concursales; y se amplían hasta el 31 de diciembre de 2021 las medidas procesales que agilizan los procesos, como la tramitación preferente y el fomento de la subasta extrajudicial.

Esta extensión proporcionará un periodo para abordar los procesos de análisis y reestructuración de las empresas sin desencadenar una innecesaria pérdida de valor en tanto se moderniza y agiliza el régimen concursal, favoreciendo la acción temprana y los acuerdos de reestructuración de las deudas con el fin de evitar la destrucción de empleo y de tejido productivo, con ocasión de la transposición de la Directiva de la UE sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.


Otras medidas


Adicionalmente, con el objetivo de reforzar la solvencia de las empresas se amplían los plazos de ejecución de proyectos financiados por la Secretaría General de Industria y de la PYME y de los préstamos concedidos por Emprendetur a empresas del sector turístico.

También se aumenta a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora.


La norma regula la posibilidad de que las sociedades anónimas que no hayan podido modificar sus estatutos puedan seguir celebrando la junta general o asamblea de socios por medios telemáticos durante el ejercicio 2021, siempre que se garantice la identidad del accionista que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por distintas vías.

Finalmente, se establecen los mecanismos necesarios para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pueda regular la publicidad de criptoactivos u otros activos o instrumentos presentados como activos de inversión que en la actualidad se encuentran fuera del perímetro de la regulación financiera.

Con información de El Mundo y asociaciones del sector.
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Más de la mitad de las empresas instaladoras madrileñas consideran los programas financieros (préstamos, avales, incentivos, etc.) como la medida más útil para enfrentar la crisis del COVID-19, tal y como han asegurado un 56,2% de los consultados para la realización del III Informe de la Profesión Instaladora.

En esta misma encuesta, el 21,3% consideraron útiles los programas para impulsar el empleo y un 7,1% opinó lo mismo respecto a los programas de formación. Tan solo un 1,3% señaló como útil los planes de nuevos proveedores y un 14,1% apuntó a la utilidad de otras herramientas puestas en marcha por las instituciones.

El III Informe de la Profesión Instaladora de 2020 ha sido realizado tras analizar las respuestas de una encuesta lanzada por APIEM entre sus asociados, así como tomando como referencia datos de universo de fuentes oficiales como el INE o los informes Forrester. Este estudio pretende ayudar al sector a conocer su evolución, sinergias y desafíos a lo largo del tiempo.


La digitalización no despega


La digitalización no se ha visto potenciada a causa de la pandemia en casi el 80% de las empresas instaladoras madrileñas. En este sentido, un 21, 8% de las compañías consultadas afirman haber aprovechado la situación generada por el COVID-19 para poner en marcha programas de digitalización.
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