Con el levantamiento de la suspensión de realizar obras en viviendas o comunidades de propietarios al entrar la Comunidad de Madrid en fase 1, te hacemos llegar una actualización de la Declaración Responsable de Cumplimiento en Vivienda de los Protocolos Sanitarios, adaptada a la nueva situación de desescalada.

En este documento, el cliente autoriza expresamente en su vivienda los trabajos de instalación y / o mantenimiento eléctrico y telecomunicaciones, ejecutándose los mismos en cumplimiento de las medidas preventivas del COVID-19 recomendadas por el Ministerio de Sanidad y por tanto, que la intervención solicitada no supone un grave riesgo para la salud.

Del mismo modo, APIEM ha elaborado un protocolo de actuación con otras recomendaciones para empresas instaladoras de electricidad y telecomunicaciones en ejecuciones de obra en domicilios de particulares o zonas de Comunidades de Propietarios.

Para acceder a ambos documentos es necesario registrarse antes en www.apiem.org, una vez dentro de la página web pincha "Manual del Instalador" y busca la carpeta Documentos COVID. En su interior, encontrarás los documentos.

Enlace Declaración Responsable >>

Enlace Protocolo de Actuación >>
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Información de El Economista.

Las Mutuas han comenzado a buscar autónomos que hayan podido cobrar de manera incorrecta la prestación por cese de actividad durante el mes de marzo. A lo largo de los últimos días, son muchos los autónomos que han recibido una carta de sus mutuas para que aporten la documentación necesaria que de-muestre una caída del 75% de la facturación durante dicho mes, tal y como exigía la normativa.


Las Mutuas tratan de averiguar ahora si algún autónomo ha recibido esta ayuda de modo irregular para poder reclamársela. No obstante, la medida parece carecer de sentido, ya que al tratarse de una única prestación, el cumplimiento de la misma en los meses posteriores permite cobrarla igualmente desde el principio del estado de alarma y el Ministerio ha insistido en que no se reclamará a aquellos autónomos que hayan vuelto al trabajo desde el pasado 4 de mayo.

Pese a estas afirmaciones, la Federación Española del Taxi asegura que un buen número de autónomos de este sector ha recibido una comunicación de Fraternidad Muprespa. Los taxistas califican en su cuenta de Twitter esta prestación como de "AyudaTrampa" y ponen en duda la normativa aprobada por el Ministerio de Inclusión. Este sector no lleva libros de contabilidad al tributar por módulos y, por lo tanto, tiene muy complicado demostrar la caída de facturación.

Por otro lado, ATA y Upta han trasladado ya al ministro de Inclusión una propuesta acordada por ambas organizaciones, solicitando la continuidad de la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá del estado de alarma y del periodo de desescalada, como ya se ha hecho con los Ertes.

Ambas organizaciones aseguran que en la reunión interministerial que han mantenido optaron por mantener supuestos vinculados a las restricciones no voluntarias o sobrevenidas sobre la actividad, así como al criterio de descenso de los ingresos.

ATA y Upta consideran que una misma actividad dista mucho de tener la misma casuística que otra en función del territorio y el entorno en el que se desarrolla, y más allá de casos muy concretos, como los autónomos de temporada. Ambas organizaciones indican que referenciar la continuidad de la prestación a CNAES podría no dar solución a las necesidades específicas de las diferentes tipologías de negocios en los mismos.

Esta situación de hecho ya generó conflicto con varias profesiones sanitarias como fisioterapeutas, ópticos o podólogos, que Sanidad les recomendaba cerrar, pero estaban a su vez incluidos en las CNAE con obligación de permanecer abiertos y, por lo tanto, sin derecho a percibir esta ayuda en los primeros compases de esta crisis.

ATA y Upta también han optado por que la prestación extraordinaria correspondiese a periodos trimestrales, con el fin de facilitar a las Mutuas el control del cumplimiento de los requisitos en cuanto a la reducción de ingresos a través de las declaraciones trimestrales de tributos.

Esta propuesta parte de la convicción de la necesidad de mantener dicha ayuda esencial para el sostenimiento de los autónomos y sus negocios en España.
 

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Información de Cinco Días.

Los grandes bancos españoles ya han finalizado sus respectivos cupos de créditos con avales del ICO correspondientes al cuarto tramo, por 20.000 millones de euros. En total, el ICO ya ha liberado 84.500 millones de euros de esta línea de avales para pymes, autónomos, y empresas. Por lo que ya solo restarían 15.400 millones de euros, por repartir de los 100.000 millones aprobados por el Gobierno el pasado 18 de marzo.


El quinto tramo, sin embargo, será también de 20.000 millones de euros, como ya confirmó el Gobierno hace unas semanas.

Pero el éxito de estos préstamos ha sido tal que cinco de los grandes bancos españoles reconocen que las peticiones por parte de las empresas, sobre todo de las pymes, sigue siendo elevada. Tanto es así, que algunas fuentes bancarias explican que incluso la petición de préstamos sin la garantía del Estado se ha elevado por encima, no solo de lo concedido el año pasado, sino de sus propias previsiones nada más iniciarse la pandemia y el estado de alarma el 15 de marzo. Es por esta razón por la que las principales entidades del país consideran necesario que el Gobierno apruebe una ampliación de esta línea de avales de 100.000 millones de euros, por lo menos en un tramo más de 20.000 millones como mínimo.

Un ejemplo de la avalancha crediticia que está asumiendo parte del sector es Banco Santander. La entidad ha concedido desde el 15 de marzo hasta la semana pasada 35.000 millones de euros en créditos, de los que 15.000 millones corresponden a préstamos con aval del ICO, y tiene demanda para alcanzar a finales de junio los 45.000 millones en préstamos, de los que el 50% son créditos con aval.

CaixaBank ha concedido ya créditos con avales ICO que superan los 12.000 millones de euros. BBVA, sin embargo, va ligeramente más rezagado, ya que con una cuota similar a la de la entidad de origen catalán ha prestado 6.400 millones de euros con garantía del Estado, que representan una financiación de 8.300 millones de euros, en 85.120 operaciones. Banco Sabadell, uno también de los grupos mas activos en créditos a pymes, lleva hasta el momento concedidos 6.300 millones de euros, en 14.000 operaciones. De hecho, tiene comprometidos casi la totalidad del cuarto tramo.
 
Bankia ha dado financiación con avales ICO por un importe de 6.300 millones de euros, aunque la cifra avalada es de 4.700 millones de euros.

El problema, como se ha reiterado ya, es que algunas entidades van a un ritmo mucho más lento que otras. Incluso, algunas entidades no logran cubrir todo el cupo que se les adjudica. Los cupos que no se cubren son, posteriormente prorrateados entre el resto de los bancos, pero el siguiente ajuste de tasas no se producirá hasta el 30 de junio, “lo que supone mucho tiempo para esperar a comprobar si con este sobrante será o no suficiente para hacer frente a las peticiones que tenemos en las tuberías”, explica el director de un banco.

De ahí, que las grandes entidades vuelvan a pedir una ampliación de la línea ICO. Aunque en Economía recuerdan que hasta el 24 de mayo se habían realizado 462.614 operaciones, por un importe de 44.095 millones de euros, lo que se corresponde a una financiación de 57.852 millones.


Colaboración entre los bancos y el ICO
Más dinero. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, declaró hace unos días sobre la necesidad de una ampliación de las líneas ICO: “Estamos financiando, y en colaboración con el ICO, a más de 400.000 autónomos, y seguro que vamos a necesitar más".

El Gobierno ya explicó cuando aprobó a línea de avales que estaba dispuesto a ampliar hasta 150.000 millones estas garantías si era necesario. Ya la Cepyme planteó recientemente que se necesitarían unos 200.000 millones de euros en avales. La banca y las empresas también reclaman ayudas directas.

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Información de Cinco Días.

Los trabajadores autónomos que han tenido que solicitar el cese de actividad extraordinario por el coronavirus deben tener la precaución de guardar bien los documentos e información que hayan tenido que presentar a la mutua. Estas entidades advierten en diferentes documentos y comunicaciones que pueden solicitarle todos los documentos, para posibles revisiones.


Las mutuas revisarán las solicitudes una vez finalice el estado de alarma y podrán solicitar también de nuevo toda la información al trabajador autónomo. En caso de encontrar incoherencias, o no haber justificado convenientemente los requisitos para acceder al cese por COVID, podrían reclamar las cuantías recibidas. Así puede leerse en la documentación al respecto de Activa Mutua, que recopila datos sobre cómo acceder a esta prestación. Y también alerta de esas posibles revisiones.


Incompatibilidades en la prestación
En el caso de que el trabajador autónomo haya comenzado también a percibir otro tipo de prestación tendrá que comunicarlo a la mutua. Este paso es necesario debido a las posibles incompatibilidades que pueden existir con respecto al cese de actividad. Algunas de esas incompatibilidades ocurren en caso de estar de baja médica o de percibir prestaciones por paternidad o maternidad o al comenzar con actividades por cuenta ajena en el sector agraria.


Devolver las ayudas
En caso de estar percibiendo una ayuda de este tipo y haber solicitado el cese por actividad se deberá tramitar una renuncia parcial de las ayudas.

Por otro lado, si durante la revisión la mutua advirtiera que no se han cumplido los requisitos que se establecen para el cese de actividad, se exigirá al trabajador autónomo devolver las ayudas. No obstante, esto no está relacionado con la posibilidad de abrir el negocio en mayo o junio. Y es que la prestación por cese de actividad se recibirá mientras dure el estado de alarma.

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Información de Europa Press.

La crisis derivada del coronavirus está provocando un deterioro progresivo de la capacidad de pago de gran parte del tejido productivo y ha colocado a unas 760.000 empresas en riesgo de incurrir en impagos, según los cálculos realizados por la consultora Iberinform.


De acuerdo con las estimaciones de Iberinform, al menos el 18% del tejido empresarial en España se encuentra en máximo o elevado riesgo de impago y un 21% adicional presenta riesgo moderado.

Por su parte, solo el 61% del tejido empresarial afronta con garantías el actual escenario y mantiene valores que permiten considerar su riesgo de crédito bajo o mínimo, apunta la consultora.

Para realizar este cálculo, el equipo de analistas y expertos en modelos predictivos de Iberinform han tenido en cuenta las estimaciones más conservadoras en las horquillas de caída del PIB difundidas por organismos internacionales e instituciones de inversión, la correlación entre crecimiento y riesgo de crédito de crisis pasadas y los impactos diferenciales de esta crisis en determinados sectores de actividad.
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Información de El Economista.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado una guía rápida para que quienes aún no hayan cobrado la prestación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se les aplicó a causa del COVID-19 puedan identificar el posible problema que puede estar provocando el retraso en el cobro.


La guía divide los posibles errores en la entrega de la documentación en tres escenarios: 1. nadie de la empresa ha cobrado, 2. solo algunos trabajadores no han cobrado y 3. algún trabajador ha cobrado sin tener derecho o han cobrado el importe incorrecto.

Para cada supuesto, el SEPE identifica varias posibilidades por las que se puede estar viendo retrasado el cobro y que en su mayoría tiene que ver con un envío incorrecto de la solicitud o con la introducción errónea de algunos datos requeridos, tal y como aparece en la guía.

Según recuerda el SEPE en su página web, las "comunicaciones deben dirigirse a la Dirección Provincial correspondiente por registro electrónico común, describiendo en el campo 'Expone' el motivo de la remisión del nuevo".

La publicación en la cuenta oficial de Twitter del organismo de empleo estatal no ha tardado en recibir decenas de comentarios criticando que se intente culpar del retraso a los solicitantes y exponiendo casos en los que el cobro no llega incluso con todos los datos bien enviados.


El SEPE ya habilitó un correo
No es la primera herramienta que el SEPE habilita para quienes no han percibido la prestación en lo que va de estado de alarma. La semana pasada se habilitó una dirección de correo electrónico para que los afectados pudieran consultar el estado de su solicitud.

Según el Gobierno, son 68.000 las personas que aún no han percibido el ingreso por ERTE. Sin embargo, la cifra no coincide con la que maneja el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, que en su última estimación apuntaba a que están a la espera más de 900.000 trabajadores debido a la falta de liquidez.

Además, el Gobierno ha aprovechado el real decreto-ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para "ajustar algunas imprecisiones" sobre el régimen de exención de cuotas a las empresas acogidas a los ERTE por la crisis sanitaria.

En la disposición final decimotercera, el Ejecutivo precisa que no será posible aplicar exoneraciones en las cotizaciones de empresas sometidas a estos expedientes de regulación de empleo "sin cumplir el requisito de suministrar por medios electrónicos los datos relativos a inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, así como los referidos a la cotización y recaudación".

También hoy el Congreso ha convalidado el Decreto Ley que prorroga los ERTE por causa de fuerza mayor hasta el 30 de junio acordado entre Gobierno y agentes sociales y que según el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz no comprometerá el mantenimiento del empleo para las empresas con riesgo de quiebra.
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El Área Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid trabaja desde el pasado viernes, día en que se anunció el pase de la Comunidad de Madrid a la fase 1 de la desescalada, en el proceso para poder abrir los centros deportivos municipales (CDM) a partir del 1 de junio con todas las garantías de seguridad tanto para trabajadores como para usuarios.

Este trabajo implica tres niveles de preparación: uno técnico de mantenimiento de instalaciones y puesta en marcha, otro sanitario de desinfección y prevención de riesgos laborales para los trabajadores municipales y un tercer nivel de planificación deportiva y condiciones de práctica segura para usuarios.

Una de las principales medidas que se está adoptando es que todos los trabajadores de los CDM deben superar, antes de su reincorporación al puesto de trabajo, un test PCR realizado por Madrid Salud. Estas pruebas comenzaron a realizarse el pasado lunes en el caso de los empleados de los centros municipales próximos a su reapertura, garantizando así que pueden volver a su puesto de trabajo sin riesgo para ellos ni para los usuarios de los centros.

A partir del próximo lunes irán abriendo aquellas unidades deportivas de los centros que están al aire libre, ya que las instalaciones cerradas no están autorizadas para su apertura hasta avanzar en las fases de la desescalada. En todas ellas se realizará una desinfección de acuerdo al protocolo sanitario establecido como medida de seguridad.

Además, se están señalizando las diferentes zonas con elementos organizativos y soportes informativos que incluyen las medidas que todos los usuarios deben cumplir para prevenir los contagios, como zonas de uso, accesos, salidas, entradas de circuitos o zonas de espera para mantener las distancias de seguridad.

La concejala del Área Delegada, Sofía Miranda, ha explicado cómo se está trabajando “en un protocolo conjunto con los distritos que garantice la implementación de todas las medidas higiénico sanitarias marcadas por las autoridades competentes para que nuestros usuarios puedan volver a estas instalaciones de forma segura” y ha pedido prudencia y responsabilidad “para que entre todos podamos seguir avanzando en la desescalada”.

El Estadio de Vallehermoso, en Chamberí, será el primero en abrir el próximo lunes para la práctica del atletismo y le seguirán en los próximos días, una vez se efectúen las pruebas a los trabajadores y se adopten todas las medidas de seguridad, Vicente del Bosque, en Fuencarral-El Pardo; La Almudena y Concepción, en Ciudad Lineal; Daoiz y Velarde, en Retiro; Moscardó, en Salamanca; Pradillo, en Chamartín, Fernández Ochoa, en Carabanchel; La Bombilla, en Moncloa-Aravaca; La Elipa, en Moratalaz; CDM Hortaleza, en Hortaleza; Plata y Castañar, en Villaverde; Cerro Almodóvar, en Villa de Vallecas; Faustina Valladolid, en Vicálvaro; y el CDM Barajas del distrito de Barajas.
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El Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo (BOE de 27 de mayo de 2020 y en vigor el 28 de mayo), adopta medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (RDL 19/2020).

De forma ampliada, AECIM detalla las medidas del ámbito tributario:

A) ADAPTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES CON LAS OBLIGACIONES CONTABLES Y MERCANTILES Y LA MODIFICACIÓN DE SUS PLAZOS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19.

En el artículo 12 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, se prevén medidas en relación con la presentación de este impuesto para los contribuyentes que se ajusten para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Real Decreto- Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Estos contribuyentes, presentarán la declaración del Impuesto para el período impositivo correspondiente a dicho ejercicio en el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo).

Si a la finalización de este último plazo, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente, la declaración se realizará con las cuentas anuales disponibles.

A estos efectos, se entenderá por cuentas anuales disponibles:

a) Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 41 del mencionado Real Decreto-ley 8/2020.

b) Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rijan.

En el caso de que la autoliquidación del Impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas anuales aprobadas por el órgano correspondiente difiera de la presentada con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, los contribuyentes presentarán una nueva autoliquidación con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020.

a) La nueva autoliquidación tendrá la consideración de complementaria a los efectos previstos en el artículo 122 de la Ley 58/2003, General Tributaria, si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación anterior efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, General Tributaria, desde el día siguiente a la finalización del plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, sin que le resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

b) En los casos no comprendidos en la letra anterior, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 120 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y en los artículos 126 y siguientes del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por RD 1065/2007 de 27 de julio, ni se limiten las facultades de la Administración para verificar o comprobar la primera y la nueva autoliquidación.

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, no resultará de aplicación respecto de la nueva autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 119 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En el caso de devolución de cantidades derivadas de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se aplicará el artículo 127 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos el plazo de los 6 meses se contará a partir de la finalización del plazo establecido en el apartado anterior para la presentación de la nueva autoliquidación.

No obstante lo anterior, cuando de la rectificación a la que se refiere la letra b) del apartado anterior resulte una cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso efectivo en la autoliquidación anterior, se devengarán intereses de demora sobre dicha cantidad desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de declaración a que se refiere el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios a las que se refiere este artículo podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda. En particular, no se derivará ningún efecto preclusivo de las rectificaciones a las que se refiere la letra b) del apartado 2 de este artículo.

B) PUBLICIDAD DE SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO RELEVANTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

La publicación de los listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias a que se refiere el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, General Tributaria, derivada de la concurrencia a fecha 31 de diciembre de 2019 de los requisitos exigidos para la inclusión en aquel, se producirá, en todo caso, antes del 1 de octubre de 2020.

C) APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE DEUDAS DERIVADAS DE DECLARACIONES ADUANERAS.

Se establece la ampliación del plazo de no devengo de intereses de demora para los aplazamientos previstos en el artículo 14 del Real Decreto Ley 7/2020 y del artículo 52 del Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo.

"Las modificaciones del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto Ley 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, y del apartado 6 del artículo 52 del Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se aplicarán, respectivamente, a las solicitudes de aplazamiento que se hubieran presentado a partir de la entrada en vigor de dichos Reales Decretos-leyes 7/2020, de 12 de marzo, y 11/2020, de 31 de marzo".

Se modifica el apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto Ley 7/2020, ampliando el plazo en que no se devengarán intereses de demora derivados del aplazamiento de deudas tributarias: Será durante el plazo de los cuatro primeros meses. (Pasa de 3 meses a 4 meses).

Se modifica también el apartado 6 del a artículo 52 del Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo, ampliando el plazo en que no se devengarán intereses de demora derivados del aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras: Será durante el plazo de los cuatro primeros meses. (Pasa de 3 meses a 4 meses).

D) ITPAJD.

Se añade un nuevo número 29) en el apartado B) del artículo 45. I del texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, de tal manera que estarán exentas:

«29. Las escrituras de formalización de las moratorias previstas en artículo 13.3 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo,   de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como en el artículo 24.2 del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y de las moratorias convencionales concedidas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo».
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El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley 18/2020 que otorga cuerpo legal al Acuerdo en Defensa del Empleo, suscrito en el Palacio de La Moncloa, el pasado 11 de mayo, entre el Gobierno y los agentes sociales.

La prórroga de los ERTE hasta el 30 de junio, la implementación de la fuerza mayor parcial y un innovador sistema de exenciones, que estimula la recuperación de la actividad, son los principales ejes de la norma aprobada.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, expuso, al cierre de la sesión plenaria y en la primera jornada de luto nacional decretada por las víctimas de la Covid-19, los principales hitos de un articulado que prorroga, hasta el 30 de junio, el mecanismo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Tal como señaló la ministra Díaz, los ERTE "han permitido que 3,3 millones de personas mantengan su relación laboral con la empresa, al mismo tiempo que han servido para que más de medio millón de empresas se mantengan vivas en espera de la reactivación económica".

La titular de Trabajo ha incidido en el papel preponderante del Diálogo Social en la articulación de un Real Decreto-ley que favorece un regreso pautado, de todos los sectores, a la actividad económica, a través de la denominada 'fuerza mayor parcial', una figura que permite la convivencia, dentro una misma empresa, de personas trabajadoras reintegradas a la actividad y de otras personas trabajadoras que mantienen sus contratos en suspenso o con jornada reducida. El objetivo de este "paréntesis", señaló la ministra de Trabajo, no es solamente "salvaguardar el empleo" sino constituir un incentivo para la reactivación, voluntad que se cifra en el despliegue de "un innovador sistema de exenciones de la cotización empresarial", que tiene en cuenta el momento de vuelta a la actividad, el tamaño de la empresa y la consideración del contrato afectado, ya sea de suspensión o de reincorporación.

El Real Decreto-ley convalidado facilita, además, el tránsito de ERTE por fuerza mayor a ERTE por causa económica, técnica, organizativa y de producción (ETOP), estableciendo los mecanismos de continuidad entre ambos y simplificando, al máximo, esta transición.

La normativa, que contempla la creación de una Comisión Tripartita de seguimiento del Acuerdo, ya en activo, se detiene también en el buen uso de los fondos públicos destinados al mecanismo flexible y adaptable de los ERTE. Fruto de esta voluntad, el Real Decreto Ley 18/2020 recoge la cláusula específica de salvaguarda del empleo, durante seis meses, y la prohibición del despido, hasta el 30 de junio, fecha hasta la que se interrumpe, también, el cómputo de los contratos temporales.

Además, la normativa hoy visada por la Cámara dicta que las empresas domiciliadas en paraísos fiscales no podrán acogerse a los beneficios de los ERTE e impide el reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal que corresponde a la aplicación del expediente.

La ministra Díaz ha destacado el decisivo influjo del Diálogo Social en las medidas laborales, como este Real Decreto Ley 18/2020, diseñadas para paliar las consecuencias laborales y económicas de la pandemia. Díaz ha concluido su exposición refiriéndose al RD 18/20 como "una norma, en fin, que vuelve a confiar en el Diálogo Social para extender sus efectos más allá de junio y seguir gobernando la salida a la crisis de forma rigurosa y plural".
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La Comunidad de Madrid ha presentado un ambicioso Plan para la Reactivación tras la crisis del COVID19, que contempla un total de 30 medidas para alcanzar un triple objetivo: activar la económica y el empleo, ayudar a las personas más vulnerables y normalizar y reforzar la prestación de los servicios públicos de la región afectados por la crisis sanitaria y el confinamiento iniciadas en marzo. El Consejo de Gobierno ha analizado este Plan con el que el Ejecutivo madrileño lidera la adopción de iniciativas directas entre las CCAA para el nuevo escenario económico y social derivado del COVID-19.

Así lo ha explicado la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha presidido en la Real Casa de Correos la reunión semanal del Consejo y ha destacado que el objetivo de este plan transversal, diseñado con todas las Consejerías, “es acompañar y facilitar la vida a los ciudadanos” en estos momentos tan difíciles y “ser coherentes con la situación económica y sanitaria”. “De esta manera, seremos capaces de aliviar todos los daños que está ocasionando el COVID-19”, ha indicado Díaz Ayuso, quien ha sostenido que el Gobierno estima que estas medidas evitarán una pérdida de 1.000 millones de euros para la economía madrileña.

No solo no tenemos que parar sino aprovechar la crisis para reinventarnos como Comunidad de Madrid”, ha añadido la presidenta, quien ha explicado que el texto se ampliará con nuevas medidas según vayan compartiéndolo con los distintos sectores sociales, con los comerciantes, con los ciudadanos, con las familias, con los sanitarios y con los grupos parlamentarios. El objetivo, en definitiva, es ser “más útiles” para los ciudadanos, acercarles más a la Administración, “reducir trabas y ganar tiempo”.

Por su parte, el vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha subrayado la importancia de “profundizar en la etapa de reconstrucción de la Comunidad de Madrid”, una reconstrucción y reactivación que tiene que producirse “con el trabajo de todos y siendo conscientes de lo que hemos vivido para proyectar las soluciones del futuro”. “Tenemos que trabajar recordando lo que hemos perdido en esta crisis y lo que hemos aprendido en estos meses”, ha añadido, afirmando que “queda mucho camino por recorrer en la labor de reconstrucción”.

Según Aguado, las principales prioridades que afronta la región a día de hoy son “evitar rebrotes de COVID-19 y que la pobreza se extienda entre la población”. “El Ejecutivo regional también trabaja en la reconstrucción económica y social de la Comunidad de Madrid para que esta crisis no derive en una crisis social y económica aún mayor”, ha remarcado.

Medidas económicas y menos burocracia

El Gobierno también se centrará en flexibilizar trámites, reduciendo cargas administrativas innecesarias y plazos. De este modo, se ampliará el uso de la Declaración Responsable en lugar de licencias urbanísticas para reconstruir los proyectos de vida de los madrileños y se impulsará la burocracia municipal para agilizar los procedimientos de gestión de trámites y creación de empresas. También se mejoran los servicios de atención al ciudadano, simplificando las subvenciones y el pago de los tributos municipales y reduciendo el intervencionismo.

El Ejecutivo madrileño sacará a concurso público cerca de un millón de metros cuadrados por un valor de mercado de 256 millones de euros. Se trata de 193 parcelas para uso industrial, oficinas y usos comerciales y hoteleros y para vivienda tanto libre como protegida, ubicadas en 20 municipios de la región, que están listas para edificar.

Además, hasta final de la legislatura se invertirán más de 260 millones de euros para descongestionar las líneas 3, 6 y 8 de la Red de Metro de Madrid y trabajar por un transporte público cada vez más sostenible.

Para apoyar la recuperación del sector turístico se va a realizar una campaña de promoción a nivel nacional, se respaldará con avales a sus empresas y se fijará un nuevo marco horario que permita prolongar la actividad de las terrazas.

Otras iniciativas para fomentar la recuperación económica son priorizar la activación del tejido industrial a través del Programa de Inversiones Regionales, implantar el uso del BIM -Building Information Modeling-, herramienta digital que centraliza toda la información de un proyecto de arquitectura para agilizar la concesión de licencias, concesión de ayudas directas por la compra de vehículos cero emisiones, (patinetes, bicicletas, ciclomotores y motocicletas eléctricas) y creación de bono créditos ambientales para el uso de los servicios de car y moto sharing.

Dentro del programa Garantía Madrid se otorgará un sello a aquellos establecimientos que cumplan con estándares de calidad y seguridad superiores a la norma y con los requisitos establecidos, señalando aquellos espacios Libre de COVID.

Tarjeta sanitaria virtual y más sanitarios

El novedoso Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid tiene previsto continuar con el esfuerzo desarrollado por las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales durante los últimos meses. De este modo, se contempla la activación de la Tarjeta Sanitaria Virtual y un Plan de refuerzo de la asistencia sanitaria al paciente crónico, incluyendo líneas específicas para pacientes complejos de COVID19.

En el área sanitaria, destaca también la potenciación de las visitas domiciliarias y una importante medida que permitirá cambiar la normativa para contemplar la exención del requisito de nacionalidad para el acceso a los centros del Servicio Madrileño de Salud. A tal efecto se les dotará de facultativos suficientes para ofrecer y seguir garantizando una cobertura sanitaria de calidad a la totalidad de la población.

En Políticas Sociales, destaca la dotación de 20 millones de euros para los colectivos más vulnerables, incluyendo las personas con discapacidad. Se trata de un Fondo extraordinario de contingencia para el fortalecimiento de las entidades sociales que atienden a las personas más necesitadas de la Comunidad de Madrid y que se han visto afectadas directamente por la crisis del COVID19.

Becas para los más vulnerables

Asimismo, el Gobierno regional va a lanzar las Becas Seguimos para universitarios, que recibirán una dotación de 9 millones de euros por parte de la Comunidad y 3 millones de las universidades, para que los más afectados por la crisis generada por el coronavirus puedan continuar sus estudios en la universidad pública. Asimismo, se va a fomentar con 8 millones de euros la investigación de proyectos orientados al tratamiento y diagnóstico del COVID-19.

También el campo de la educación, la Comunidad de Madrid actualizará la plataforma EducaMadrid para atender las nuevas necesidades derivadas de la generalización de la docencia online. También se creará un centro específico y de referencia de Formación Profesional a distancia. Asimismo, se pondrá en marcha acciones específicas en los centros de FP para intensificar las actividades de aprendizaje que permitan la adquisición de las competencias profesionales de gestión y emprendimiento, que alcanzará a 60.000 jóvenes.

Plan de Protección Civil ante pandemias

Por otro lado, la Comunidad de Madrid elaborará un plan concreto y detallado de Protección Civil ante pandemias, con una guía de actuaciones para desarrollar frente a nuevos brotes epidémicos. En el ámbito judicial, se refuerzan las salas de vistas y el personal tanto del Tribunal Superior de Justicia como de la Fiscalía de Madrid, para apoyarles ante el aumento de litigios, en especial la derivada de los ERTEs y despidos causados por la crisis sanitaria.

También se modificará la ley de Hacienda para dotar al Gobierno de nuevos mecanismos presupuestarios que aporten flexibilidad de actuación ante situaciones de emergencia; y se facilitará a los ciudadanos su relación con la Administración, reduciendo el número de desplazamientos para trámites con una atención y un servicio más integrales, a través del proyecto Oficina 360º. Se impulsará la presentación telemática de documentos y la simplificación de la normativa.

Algunas de las medidas previstas en este Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid han comenzado ya a aplicarse y otras se implantarán progresivamente para desarrollarse hasta el final de la actual legislatura.

Para descargar el plan detallado, pincha en ese enlace
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