En el siguiente enlace, puedes conocer todas las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para autónomos. Destacamos las siguientes:


Aplazamiento bonificado en el pago impuestos

Todos los contribuyentes pueden solicitar aplazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias, los cuales se conceden sin necesidad de aportar garantías y mediante un procedimiento automatizado de resolución cuando sus deudas son iguales o inferiores a 30.000 euros. Esta medida beneficia sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.

A esta medida ordinaria se añade otra extraordinaria con la finalidad de evitar posibles tensiones en tesorería que puedan experimentar estos colectivos.

Se propone una flexibilización en materia de aplazamientos, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago de impuestos a pymes y autónomos, previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés en unos términos equivalentes a una carencia de tres meses.

Más información en Agencia Tributaria, aplazamiento de deudas



Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos afectados por la suspensión de actividades decretada por el estado de alarma o que vean reducida su facturación, al menos, un 75% en el mes anterior a la solicitud respecto a la facturación media del semestre anterior (o a igual periodo del ejercicio anterior en el caso de sectores con alta estacionalidad) podrán acceder a esta prestación económica extraordinaria a cargo de la Seguridad Social.

La cuantía la prestación será el 70% de la base reguladora y tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día mes en el que finalice el estado de alarma.

En este periodo, el autónomo no tiene que pagar cotización a la Seguridad Social, contándosele dicho periodo como efectivamente cotizado.

Los que sean beneficiarios de la prestación por cese de actividad podrán abonar fuera de plazo y sin recargo las cotizaciones del mes de marzo correspondientes a los días previos a la declaración del estado de alarma.

Los trámites relativos a las cotizaciones de la seguridad social de aplazamientos en el pago de deudas, moratorias o devoluciones de ingresos indebidos se podrán hacer a través del Sistema RED de comunicación electrónica.

Más información en Seguridad Social.


Adaptación del pago de tributos a los ingresos reales de los autónomos

Se adaptan, de forma proporcional al periodo temporal afectado por la declaración del estado de alarma en las actividades económicas, el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. Estos pagos, al estar calculados sobre signos, índices o módulos previamente determinados en situación de normalidad, conllevarían unas cuantías no ajustadas a la realidad de los ingresos actuales de los autónomos.


Reducción pago fraccionado a pagar en IRPF e IVA descontando los días de estado de alarma en el primer trimestre de 2020
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas por las que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y determinen el rendimiento neto de aquéllas por el método de estimación objetiva, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado no computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.


Medidas de flexibilización de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada (ERTEs) por causa de fuerza mayor

Con el objetivo de evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo, se adoptan diversas medidas de flexibilización y agilización de los procedimientos de regulación de empleo y de mejora de la cobertura:

Se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada y se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo por fuerza mayor: se reduce de 7 a 5 días el plazo máximo de tramitación del procedimiento y la solicitud de informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pasa a ser potestativa.

Se agiliza, asimismo, la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción: se reduce de 21 a 12 días el plazo máximo de tramitación del procedimiento. Por otro lado, se incorporan modificaciones en el procedimiento de consultas con los trabajadores.

Para agilizar la tramitación de las prestaciones a las que se da derecho, la empresa podrá presentar una única solicitud por el conjunto de los trabajadores afectados, evitando así que haya que gestionar de una en una las solicitudes.

El RDL 15/2020 modifica la regulación de los ERTEs por causa de fuerza mayor para dar cabida a las actividades que hayan sido afectadas por las medidas de reducción de la movilidad, aunque no fueran actividades que hayan sido sujetas a suspensión total por parte de las autoridades.

Podrán acogerse a los ERTEs de fuerza mayor las empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo u otras normas, y las distintas Órdenes dictadas por las autoridades competentes, para aquella parte de la actividad o aquella parte de la plantilla que no esté afectada por dicho carácter esencial.

Más información en Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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Información de Cinco Días.

Autónomos, microempresas y pymes con hasta diez empleados o empresas de hasta 250 trabajadores y con ventas inferiores a 50 millones de euros o un activo inferior a 43 millones pueden solicitar estos créditos solicitar hasta el 30 de septiembre. Según las bases, se pueden presentar empresas de cualquier actividad y que necesiten liquidez para pagar salarios, alquileres, pagar a los proveedores o el pago de vencimientos de financiación y obligaciones tributarias.


En ese sentido podrán disponer de hasta 1,5 millones de euros o una cantidad relativa de hasta el 25% de los ingresos anuales o de 24 meses de gastos de personal. Las empresas dispondrán de hasta 5 años con uno de carencia para devolver el préstamo.


Documentos a aportar
Para solicitar los créditos del ICO, se deberá aportar al banco el Impuesto de Sociedades del 2018 y una auditoría de la empresa, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del 2019, el modelo 390, el 190, el 303, el 111 y el 347, todos ellos del año 2019.

A su vez se deberán entregar certificados de estar al Corriente de pago de Seguridad Social y Hacienda, el Pool Bancario de las fuentes de financiación con las que se cuente, el Cap table, esto es, el porcentaje de accionariado y capital invertido total, la escritura de constitución y escrituras de ampliación de capital, una presentación comercial y la finalidad de la inversión.


Préstamos a grandes empresas
Las grandes empresas de más de 250 empleados y ventas superiores a 50 millones de euros o con activos superiores a los 43 millones de euros también pueden acceder a los créditos ICO, según explican desde Billin, donde han analizado en profundidad cómo pueden acceder las empresas a estas líneas de financiación.

Los casos en los que se pueden solicitar los créditos son los mismos que para las pequeñas empresas, aunque aquí el importe que se podrá prestar será de hasta el 25% de ingresos anuales o 24 meses de gastos de personal. Asimismo, el plazo de devolución de la subvención es hasta 5 años con uno de carencia y con la garantía del 70% para nuevas operaciones y de un 60% en renovaciones.
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El Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo en su artículo 29 aprobó una Línea de Avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Los avales se otorgarían a la financiación concedida, por las entidades financieras para facilitar acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Los Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de marzo, de 10 de abril y de 5 de mayo establecen la activación de tres tramos de la Línea que se han distribuido de la siguiente forma:

- Pymes y autónomos: 40.000 millones de euros

- Empresas no pymes: 20.000 millones de euros

Esta Línea de Avales del Estado para empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital será gestionada por el ICO a través de las entidades financieras que concedan financiación a empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19, garantizando la liquidez y cubriendo las necesidades de circulante de autónomos, pymes y empresas, con el fin de mantener la actividad productiva y el empleo.

Las empresas y autónomos podrán tener acceso a estos avales a través de sus entidades financieras, mediante la formalización de nuevas operaciones de financiación o renovación de las existentes.


¿Cuál es la finalidad de esta Línea?
Facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación como:
  • Pagos de salarios
  • Facturas de proveedores pendientes de liquidar
  • Alquileres de locales, oficinas e instalaciones
  • Gastos de suministros
  • Necesidad de circulante
  • Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias

No podrán financiarse con cargo a la Línea de Avales las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

La financiación avalada no podrá destinarse al pago de dividendos ni de dividendos a cuenta ni a una finalidad diferente a la establecida.


¿Qué entidades financieras operan en esta línea?
Son:
  •  Entidades de crédito
  •  Establecimientos financieros de crédito
  •  Entidades de dinero electrónico
  • Entidades de pagos

Deberán estar registradas y supervisadas por el Banco de España y haber suscrito con ICO un contrato marco para participar en la Línea de Avales.


¿Cómo funciona esta Línea y dónde tienen que dirigirse los autónomos y empresas?
Los autónomos y empresas interesados en acogerse a esta línea deberán dirigirse a cualquiera de las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago o entidades de dinero electrónico que suscriban con el Instituto de Crédito Oficial los correspondientes contratos marco para participar en la Línea de Avales.

La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos.

Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.

Para más información, puedes consultar la página web del ICO.
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Información de El Economista.

En plena recta final para la aprobación del ingreso mínimo vital, que se producirá en el Consejo de Ministros del 26 de este mes, según ha confirmado el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya se conocen la mayoría de los aspectos fundamentales de la nueva ayuda articulada por el Gobierno como una balsa de salvación para aquellos hogares más vulnerables en situación de pobreza extrema que carecen de los ingresos mensuales necesarios para cubrir las necesidades básicas de las familias.


Como pudo saber elEconomista, durante estos días el borrador de la norma que regulará el ingreso mínimo vital será entregado a los agentes sociales para su valoración y posteriormente se remitirá a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos donde se evaluará la viabilidad económica de la ayuda que se prevé cargue a la Seguridad Social con un gasto extra de 3.000 millones de euros cada año.

De este modo, tal y como aseguró el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ayuda estaría aprobada a finales de este mes y se podría comenzar a solicitar y cobrar en junio, y será compatible con el cobro de una nómina y de otras ayudas y pensiones del Estado y diferentes organismos de la administración.


Solicitud
Aunque no se conoce el detalle, fuentes de Moncloa confirman que accederían aquellos hogares donde los ingresos mensuales no superen el 80% del Iprem, unos 430 euros. Además se realizará la petición no solo a través de la plataforma de la Seguridad Social, sino que se establecerá un medio de solicitud multicanal en el que otros organismos de la administración también puedan atenderlas. La solicitud se podrá llevar a cabo desde el día posterior a la publicación de la norma en el BOE, previsto para el miércoles 27 de mayo, un día después de su aprobación en Consejo de Ministros.


Requisitos
Los requisitos de acceso al ingreso mínimo vital serán estrictos y estarán sujetos a una vigilancia de cumplimiento. El beneficiario deberá tener entre 23 y 65 años de edad, y demostrar el umbral de acceso por ingresos con un test de renta. Además deberá justificar que está en búsqueda activa de empleo y demostrar que ha solicitado todas las ayudas, prestaciones y pensiones posibles de los diferentes niveles de la Administración, incluidas las de alimentos. Cabe recordar que este ingreso mira la renta global de los hogares y que es compatible con otras ayudas. No podrán acceder al ingreso mínimo quienes tengan un patrimonio superior a los 100.000 euros, un agregado de renta en el que no se incluirá finalmente el valor de la vivienda habitual.


Cuantías
Así para quienes cumplan los requisitos se contemplan diferentes cuantías en función del número de cabezas de familia y de hijos a cargo. La cuantía de las pagas iría desde los 462 euros en caso de que sea un adulto el perceptor del ingreso mínimo vital, hasta los 1.015 euros mensuales en caso de tratarse de dos adultos con más de dos hijos a su cargo los beneficiarios de la ayuda. Se prevén rentas de 700 euros mensuales para un adulto con un hijo a cargo; 838 euros en caso de ser un adulto con dos hijos a cargo; y de 977 euros para un adulto con tres o más hijos a cargo. En el caso de ser dos cabezas de familia, aparte del caso mencionado en el que se concedería la ayuda de 1.015 euros, si los beneficiarios son dos adultos sin hijo a cargo la ayuda ascenderá hasta los 600 euros al mes; hasta los 738 euros en caso de ser dos adultos con un menor a cargo; 877 euros si se trata de dos adultos con dos hijos a cargo; mientras que si se trata de tres adultos sin cargas se prevé una ayuda de 730 euros y de hasta 877 euros para tres adultos con un menor a cargo.


Características
El ingreso mínimo será compatible con otras ayudas estatales, regionales o locales y podrá ser compatibilizado con el cobro de una nómina. La medida es de carácter estructural y no temporal y desde el Ministerio de Seguridad Social se calcula que podría dar cobertura a 1,1 millones de hogares en situación de vulnerabilidad, lo que supondría un coste agregado de 3.000 millones de euros con cargo a la Tesorería del Sistema. Además, según confirmó el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá se realizará una concesión de oficio a 100.000 hogares que se presupone están en situación de vulnerabilidad que supondría la base de concesiones del ingreso mínimo vital. Además, aseguró que el ingreso mínimo vital se cobrará "mensualmente" y "habrá un test sobre el patrimonio neto agregado" en el que se valorarán "todos los activos, menos las deudas y excluida la vivienda habitual", como se ha mencionado. 
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Información de Expansión.

El Consejo de Ministros aprobará hoy un nuevo tramo de 20.000 millones de euros de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que aprobó el Gobierno para garantizar la liquidez de empresas y autónomos, según anunció este fin de semana el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.


En rueda de prensa telemática desde La Moncloa, Sánchez destacó que más del 90% de las líneas de avales anteriores que han sido aprobadas se han dirigido a pymes y autónomos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó el domingo que al menos el 50% del nuevo tramo irá destinado también a pymes y autónomos.

Esta nueva línea de avales del ICO, por importe de 20.000 millones, es la cuarta que aprueba el Gobierno, con lo que el importe conjunto se eleva a 84.500 millones sobre el total de 100.000 millones que aprobó el Gobierno.

Sánchez aprovechó para volver a pedir al sector financiero que sea "suficientemente dinámico y ágil" para que los avales lleguen fundamentalmente a pymes y autónomos, "que son los que más lo necesitan".

Hasta el pasado 13 de mayo el ICO había registrado 371.070 operaciones por importe de 36.291 millones de euros, y un flujo de crédito canalizado de 47.751 millones de euros.

De estas cifras, pymes y autónomos han recibido 364.213 operaciones por importe de 25.277 millones de euros y una financiación canalizada de 31.659 millones de euros.
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Información de ABC.

El Gobierno va a imitar lo realizado con los ERTE y mantendrá la prestación extraordinaria por cese de actividad por la pandemia del COVID-19 hasta el 30 de junio y estudiará cómo ampliarla para algunos sectores, como el turismo, más allá de esa fecha.


Según ha explicado en RNE el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, el Gobierno está viendo cómo calibrar esta ayuda con «unas características de gradualidad similares» a las que se han aprobado para ampliar los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio desligándolos del estado de alarma.

Según la normativa vigente, los autónomos beneficiarios de la prestación, 1,3 millones, seguirán percibiéndola hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma. Más allá de esa fecha del 30 de junio, Escrivá ha avanzado que se estudiará la situación por sectores, como puede ser el caso del turismo, para ir acomodando la prestación.

Sobre la situación del empleo en mayo, el ministro ha avanzado que se ve recuperación de la afiliación en sectores como la construcción, que ya ha recuperado 60.000 de los 150.000 empleos destruidos en marzo: «Para la magnitud del parón, la destrucción de empleo es moderada», ha apuntado.

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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha transferido, de manera adelantada, más de 446 millones de euros a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para la ejecución de los programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

De esta manera, en el ejercicio 2020, el importe total a trasferir por el Ministerio a las Comunidades Autónomas para la ejecución del Plan estatal de Vivienda 2018-2021 asciende a 346.637.200 euros.

Este importe, que ya ha sido transferido de manera adelantada, se desglosa por Comunidades Autónomas como sigue:

120520-Tabla1


De acuerdo a lo establecido en la Disposición final novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, adicionalmente a los 346 millones de euros mencionados anteriormente se ha autorizado al Mitma a disponer de 100 millones de euros, con cargo al Fondo de Contingencia.

El criterio para su reparto se ha realizado con los mismos porcentajes que se acordaron en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, de acuerdo a la siguiente tabla:

120520-Tabla2

Con el adelanto de estas cantidades, el Ministerio dota a las Comunidades Autónomas de los fondos necesarios para atender a los programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Las administraciones autonómicas tienen flexibilidad para decidir el importe a destinar en cada programa de ayudas, como son el programa de ayudas directas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, sin hogar y especialmente vulnerables, el programa para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, entre otros.

Así, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, traslada los fondos para contribuir a hacer efectivas las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 11/2020 y las Órdenes Ministeriales TMA/336/2020 y TMA/378/2020, todas ellas dictadas para brindar especial protección del derecho a la vivienda, en un contexto de incertidumbre.
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Información de Cinco Días.

El Real Decreto-ley 15/2020 recoge la información necesaria sobre cómo puede solicitar el cese de actividad el trabajador autónomo. Esta prestación extraordinaria la tramitan las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. El Real Decreto recoge que la solicitud de la prestación del cese de actividad debe realizarse a través de las mutuas.


El decreto establece que se pueden acoger a la prestación por cese de actividad aquellos autónomos que hayan visto una minoración de ingresos por debajo del 75% o que se hayan visto obligados a cerrar sus negocios debido al decreto del estado de alarma.


Tramitarlo a través de las mutuas
En dichos casos deberán solicitar la prestación a través de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Los autónomos que tuviesen su protección por incapacidad temporal a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social deberán también tramitar la prestación a través de una de estas entidades.

Además, se aconseja que el trabajador autónomo se informe o elija la mutua que desea ya que será a partir de esta a la que se considere asociado. Este proceso no necesitará comunicarlo a la Seguridad Social.


Tres meses para adherirse a una mutua
Para aquellos autónomos que no soliciten el cese y que no estén adscritos a ninguna mutua se han habilitado nuevos plazos para realizar el trámite.

En ese sentido, dichos autónomos tendrán un plazo de tres meses, una vez finalice el estado de alarma para tramitar su solicitud de adhesión a una mutua. Según la Seguridad Social, dicha elección surtirá efecto a partir del primer día del segundo mes del fin de este plazo.

Pudiera darse el caso de que concluido este plazo, el autónomo no ha solicitado ninguna mutua, de ser así, se le asignará una. Los criterios para la asignación de la mutua se basarán en aquella que cuente con un mayor número de trabajadores adscritos en su provincia.
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El Boletín de la Comunidad de Madrid ha publicado hoy 12 de mayo ORDEN de 11 de mayo de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración Local, por la que se convocan las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive.

El objeto de esta orden es conceder subvenciones en régimen de concesión directa, dirigidas a las personas arrendatarias de vivienda habitual en la Comunidad de Madrid que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler.

Asimismo, se incluyen las ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y contraídas por arrendatarios de vivienda habitual, a cuya devolución no pudieran hacer frente.

Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en la presente Orden las personas físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual en la Comunidad de Madrid, acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19.

Los requisitos para acceder a esta ayuda son:

a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar, a partir del 1 de marzo de 2020, en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud:

i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de

Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por 100, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por 100, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por 100 de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud.

La cuantía de la ayuda será del 100 por 100 del importe mensual de la renta arrendaticia con un máximo de 900 euros al mes. Se podrá conceder por un plazo máximo de 6 meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020.

En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 5.400 euros con la que se satisfará total o parcialmente el pago de la renta de la vivienda habitual.
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Información APIEM/EL PAÍS.

APIEM quiere poner en la mesa de debate de las instituciones la situación de las empresas de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones tras el desconfinamiento y, para ello, reclama a organismos centrales y autonómicos competentes un paquete de medidas que permitan inyectar liquidez a empresas y hogares españoles para generar confianza e incentivar el consumo de familias, empresas y autónomos.


“La mayoría de las instituciones se están centrando en el aplazamiento de los pagos de los impuestos, que son medidas bien acogidas, pero que deben complementarse con otras que generen efectivo en los hogares para de esta manera, incentivar el consumo y poder reactivar así el mercado de las reformas, que es una de las principales de negocio de nuestras empresas asociadas, asegura Ángel Bonet, presidente de APIEM.

En el año 2019, Houzz, empresa especializada en renovación de viviendas, presentó un estudio en el que se señalaba que el gasto mediano, es decir, el más común, de los españoles que reformaron su vivienda ascendió a los 10.000 euros. De los 10.000 euros que suelen desembolsar los españoles al reformar su vivienda, el grueso (80%) proviene de los ahorros. “Por tanto, para nosotros, como empresarios de instalaciones eléctricas, es fundamental que las familias dispongan de la liquidez necesaria para que se animen a acometer las reformas estacionales, que son las no urgentes, en un periodo especialmente favorable para nosotros como es el verano”, indica Bonet.

El periódico EL PAÍS cuenta en un reportaje, bajo el título Atrapados en la reforma, la odisea de “cientos de familias que se encontraban reformando sus viviendas cuando llegó la epidemia” y que ahora “se las apañan como pueden”. “Se han confinado como todos, pero no en la casa que querían. Y siguen sin tener claro cuándo podrán estrenar unas obras paralizadas por el estado de alarma, lo que ha llevado también al límite a muchos autónomos y pequeñas empresas del sector”.

En este sentido, APIEM insta a las autoridades competentes a que pongan en marcha iniciativas que permitan liquidez a las familias para que puedan acometer (o retomar) reformas en sus viviendas; entre ellas, la asociación de instaladores madrileños destaca como importantes:
  • Abono inmediato de las prestaciones a los trabajadores afectados por ERTEs.
  • Liquidación urgente de TODAS las devoluciones de las declaraciones de IRPF.
  • Agilizar trámites para modular el pago de hipotecas y alquileres.
  • Nueva línea de AVALES a los créditos ICO.
  • Simplificación de trámites para la concesión de créditos y ayudas para dotar de liquidez a las empresas y que garanticen la supervivencia.
  • Permitir a las empresas realizar test a sus empleados para recuperar la normalidad lo antes posible.
  • Poner en marcha medidas urgentes para el pago a proveedores y trabajadores, evitando así el cierre de empresas
  • Poner a disposición de las familias créditos rápidos
  • Facilitar descuentos fiscales
  • Diseño de Planes Renove, bonificando el importe de las reformas tanto en viviendas particulares como en comunidades de propietarios
  • Empresas que estuviesen aplicando las medidas de suspensión o reducción de jornada pueden renunciar a las mismas, de manera total o parcial, respecto de parte o la totalidad de la plantilla, y de forma progresiva según vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor, así como alterar las medidas suspensiva inicialmente planteada y facilitar el tránsito hacia las reducciones de jornada, que supongan un menor impacto económico sobre la persona trabajadora y permitirán atender a la paulatinamente creciente oferta y demanda de productos y servicios de las empresas.

“Contar con dinero es vital para el consumo. La falta de liquidez limita las posibilidades de generar ahorros o excedentes de dinero, que son los que las familias españolas utilizan para acometer las s reformas estacionales, es decir, las no urgentes o las que no se hacen por averías. El 80% de nuestras empresas asociadas encuentran en este tipo de reformas una de sus principales líneas de su negocio y sostenibilidad”, señala el presidente de los instaladores eléctricos madrileños.

Una de las crecientes preocupaciones del empresario instalador es la progresividad y el mantenimiento de la actividad, una vez superado el estado de alarma en función a la evolución de las fases de desconfinamiento; en este sentido, "reclamamos medidas económicas flexibles, efectivas y rápidas del Gobierno en apoyo a las empresas, así como señales directas de incentivos al consumo, siendo precavidos para adoptar soluciones que erradiquen la morosidad y dotar así de mayor seguridad jurídica a la actividad económica".


No reparar y mantener las instalaciones eléctricas por miedo al contagio puede suponer un riesgo aun mayor
APIEM también ha alertado de que no ejecutar determinadas acciones de mantenimiento de instalaciones de origen eléctrico y en las telecomunicaciones, siempre que sea haga con las medidas de protección necesarias, puede suponer un riesgo mayor para la seguridad de las propias instalaciones y también para las personas.

La asociación ha tenido conocimiento de que propietarios de viviendas en Comunidades de Propietarios, están llamando a la policía, para intentar paralizar los trabajos que están ejecutando instaladores en las comunidades por cierta prevención a la pandemia; y, en este sentido, destaca que sus profesionales son los primeros preocupados por la seguridad de los vecinos y de sus propios trabajadores, y están concienciados de la importancia de realizar los trabajos con los equipos de protección oportunos frente al COVID 19.

“En nuestro firme compromiso asociativo, también con la seguridad sanitaria, y con mitigar la propagación de la pandemia, recomendamos a todos nuestros instaladores que las ejecuciones llevadas a cabo en domicilios particulares, a requerimiento de sus titulares, se realicen mediando una declaración jurada de la no existencia en el domicilio de personas incluidas en el grupo de vulnerables para Covid-19”.

El reportaje de EL PAÍS señala el caso de una carpintería familiar con 10 empleados en Cebolla (Toledo). “Ya antes del estado de alarma, las juntas de vecinos nos ponían problemas”, recuerda. Así que tras la última orden ministerial, consultó con organizaciones sectoriales y abogados. “Me han dicho que espere unos días”, resume, “¿qué ciencia jurídica hay de que no vaya a tener un problema? ¿quién decide si cumplo la orden, el policía que vaya? Estamos en el aire”. En su caso, volver a trabajar supondría intentar salvar aproximadamente una cuarta parte de la facturación anual, ahora comprometida. Y también rescatar a algunos de los ocho empleados a los que tuvo que aplicar un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo).

También destaca el caso de Juan Miguel Evangelista y su familia en Málaga, a quienes el estado de emergencia dejó empantanadas las obras de la cocina. “Amparándose en la excepción que permitía trabajos de urgencia, Evangelista intentó que al menos fueran el fontanero y el carpintero para dejar la cocina operativa. Pero los vecinos de la urbanización se quejaron y el administrador llamó “con un tono bastante beligerante”. La familia se apaña con un pequeño baño y con la antigua vitrocerámica conectada en el pasillo. “Para los platos tenemos un lavadero abajo, en el garaje, con lo cual tienes que estar subiendo y bajando”, lamenta, “se sobrevive, pero con unas condiciones de vida que no son ideales”, cuentan en el reportaje de EL PAÍS, que puede leerse íntegro en este enlace.
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