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La Junta de Gobierno ha aprobado una línea de ayudas a la contratación por cuenta ajena de 1.450.000 euros para fomentar el empleo en la ciudad de Madrid. Según ha informado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, la medida, desarrollada por el Área de Economía, Innovación y Empleo, pretende que las empresas puedan beneficiarse de una ayuda económica de hasta 3.000 euros por cada trabajador contratado por un mínimo de seis meses y de 1.450 euros si la contratación es a jornada parcial, con un mínimo de 20 horas a la semana. Cada empresa podrá presentar hasta tres solicitudes de ayuda.

La finalidad de esta medida es el fomento del empleo en la capital a través de nuevas contrataciones o mediante el mantenimiento de puestos de trabajo en los casos en los que se mejoren las condiciones temporales de ciertos trabajadores. En total, el Ayuntamiento de Madrid acumula más de 2,5 millones de euros para el fomento de la contratación directa en la ciudad, ya que, además de los 1,4 millones de euros de esta línea de ayudas, existen dos líneas previas en Vicálvaro y en los distritos del Plan SURES.

Estas ayudas podrán solicitarlas autónomos, instituciones sin ánimo de lucro, entidades de economía social, microempresas y pymes con hasta 50 trabajadores cualquiera que sea su forma jurídica y cuyo domicilio social o centro de trabajo esté ubicado en Madrid. En este sentido, deberán desarrollar sus actividades o tener su sede en la capital, así como estar al día de sus obligaciones tributarias.

La ayuda, puesta en marcha desde la Agencia para el Empleo de Madrid, no será compatible con otras del mismo tipo o con las ya lanzadas desde la propia agencia para el distrito de Vicálvaro o Sures.

Las ayudas se podrán solicitar hasta el próximo 31 de octubre a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es), si bien se podrá solicitar información en las distintas oficinas de empleo de cara a cumplimentar la documentación solicitada.
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El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un Real Decreto para destinar 660 millones de euros, que se ampliarán hasta 1.320 millones, a ayudas para instalaciones de autoconsumo, climatización con energías renovables, y almacenamiento detrás del contador (que en general serán baterías). Estos programas, con cargo al presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son las primeras líneas a gran escala a nivel estatal dirigidas específicamente a autoconsumo y almacenamiento.

Las ayudas estarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023. Se articularán en seis programas que repartirán un máximo de 900 millones de euros para autoconsumo, 220 millones para almacenamiento detrás del contador y 200 millones para climatización y agua caliente con energías renovables. Los 660 millones inicialmente presupuestados se ampliarán, según se vayan ejecutando las cuantías iniciales asignadas a cada Comunidad Autónoma, hasta alcanzar los 1.320 millones del programa total.

Los beneficiarios de municipios con menos de 5.000 habitantes obtendrán un 10% adicional en su asignación. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) se encargará de coordinar las actuaciones y de hacer un seguimiento de su evolución. Con estas ayudas se prevé la creación de más de 25.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Las comunidades y ciudades autónomas deberán comprometer un 80% del presupuesto inicial durante el primer año o tendrán que reintegrar la mitad de lo no comprometido en el plazo de 15 meses desde la publicación en el BOE de este Real Decreto.


Energías limpias y reducción de emisiones


Las ayudas contribuirán a alcanzar los objetivos en materia de energías limpias y de reducción de emisiones marcados por España, cuyo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé una presencia de renovables sobre el uso final de energía del 42% en 2030. En el caso eléctrico, la generación limpia se combinará con 6 GW de potencia de almacenamiento para facilitar la gestión del sistema eléctrico. Por la vertiente térmica, la penetración del 18,9% en los suministros de calor y frío de 2019 debería duplicarse al final de la presente década.

Los 660 millones, con una estimación conservadora, permitirán construir 1.850 MW de generación renovable, incluyendo la sustitución de combustibles fósiles por energía renovable en calefacción y refrigeración en más de 40.000 viviendas. Además, las instalaciones que se ejecuten reducirán las emisiones de CO2 en más de un millón de toneladas anuales y, al estar en áreas habitadas, reducirán los impactos en zonas sin actividad humana.

Seis programas de incentivos

El paquete de ayudas se articula a través de seis programas. El Programa 1 está dirigido al autoconsumo y almacenamiento en el sector servicios (120 millones de euros), mientras que el Programa 2 abarca el autoconsumo y almacenamiento en otros sectores productivos, como la industria o el agropecuario (175 millones), y el Programa 3 se centra en la incorporación del almacenamiento en autoconsumos existentes en sectores económicos (45 millones).

El Programa 4 contempla el autoconsumo y almacenamiento en el sector residencial, el sector público y el tercer sector (215 millones); el Programa 5 está dirigido a la incorporación de almacenamiento en autoconsumos del sector residencial, sector público y tercer sector (5 millones); y por último, el Programa 6 contará con 100 millones de euros para climatización y agua caliente sanitaria obtenida con renovables en el sector residencial, incluida la vivienda pública protegida.

En referencia a las actuaciones superiores a los 100 kW se deberá indicar el origen y lugar de fabricación de los equipos y su efecto tractor sobre pymes y autónomos, y se deberá detallar información sobre el criterio para seleccionar equipos y materiales en función de su impacto ambiental y su durabilidad, así como una justificación de que cumplen el principio europeo de no causar un daño significativo.

Todas las instalaciones subvencionadas tendrán que incluir un sistema de monitorización para reflejar el rendimiento. En viviendas este dato será accesible mediante un dispositivo móvil.

Ayudas para energías renovables y autoconsumo

En el caso de instalaciones de energía solar fotovoltaica para empresas las ayudas abarcarán entre un 15% y un 45%. Los particulares podrán beneficiarse de un 40%, y de un 50% en el caso de sistemas de autoconsumo colectivo. Para las administraciones públicas será del 70%. Se valorará la retirada de cubiertas de amianto y la instalación de marquesinas para optimizar el uso del espacio, como es frecuente en aparcamientos.

En el caso de la eólica, la subvención oscilará entre el 20% y el 50% para empresas, los particulares obtendrán un 50% y las administraciones públicas un 70%.

En las instalaciones de almacenamiento detrás del contador, que en general serán baterías, las ayudas para las empresas variarán entre el 45% y el 65%, mientras que los particulares, administraciones y entidades del tercer sector podrán beneficiarse de un 70%.

En climatización con renovables, la subvención dependerá de la tecnología empleada (como la biomasa o la geotermia), y será del 40% al 70%. Las administraciones públicas propietarias de edificios residenciales podrán obtener un 70%.

Las líneas de ayudas para particulares, autónomos y administraciones públicas entrarán en vigor al día siguiente de la publicación en el BOE del Real Decreto. Los destinatarios de las ayudas tendrán un plazo de 18 meses para justificar la construcción de las instalaciones desde el momento en que se les notifique su concesión.

Fuente: Construible
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La Comisión Europea ha aprobado el plan de recuperación elaborado por el Gobierno español con las reformas e inversiones con las que quiere captar las ayudas del fondo anticrisis de la UE, un paso que acerca el desembolso de los primeros 9.000 millones que llegarán en julio en forma de anticipo, según ha informado la Comisión Europa este miércoles.

España recibirá 19.000 millones de euros del fondo de recuperación de la UE en 2021 y tendrá que ir desbloqueando nuevos tramos cada seis meses a medida que cumple con una serie de objetivos e hitos pactados con la Comisión Europea.

Bruselas ha aprobado el plan de reformas e inversiones remitido a finales de abril por el Gobierno en un paso que acerca la llegada del anticipo de 9.000 millones. Este pago inicial, sin embargo, depende todavía de que el documento reciba también el visto bueno de los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), algo previsto para mediados de julio.

Además, el Ejecutivo comunitario cree que a finales de año podrá aprobar otro desembolso de 10.000 millones de euros, lo que elevaría las ayudas recibidas por España antes de que acabe el año a 19.000 millones. Sin embargo, a diferencia del anticipo, el desembolso que se espera para finales de año sí que depende del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos pactados por el Ejecutivo español con Bruselas. En concreto, las autoridades comunitarias tendrán que validar unas 50 metas para aprobarlo.

Muchos de estos objetivos ya están cumplidos, puesto que se pueden incluir medidas adoptadas desde febrero de 2020. Aun así, fuentes comunitarias señalan que quedan algunas "cuestiones pendientes", en especial reducir la temporalidad del sector público, la entrada en vigor de la ley climática y el despliegue de puntos de recarga de coches eléctricos.

La cantidad aprobada finalmente en el plan de recuperación es inferior a los 27.000 millones de euros procedentes del fondo de la UE que el Gobierno estimaba recibir cuando elaboró los Presupuestos Generales para este año. Preguntado por esta diferencia en la rueda de prensa que ha pronunciado este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "es perfectamente asumible por el Gobierno de España".

Además, Sánchez ha explicado que la diferencia entre lo presupuestado y lo aprobado finalmente se puede entender por la complejidad del proceso de aprobación del plan. "Es importante ser conscientes que es la primera vez que la Comisión sale a los mercados financieros", ha indicado.

Así será el calendario de desembolsos para España

En total, el desembolso de los 69.500 millones de euros en transferencias no reembolsables para España depende de 416 hitos y objetivos que España tendrá que ir resolviendo en los próximos años y cada seis meses para desbloquear nuevos tramos. Para desbloquear cada pago España tendrá que cumplir con todas las metas pactadas, aunque existe la posibilidad de obtener un pago parcial si falta alguno de los objetivos.

El mayor desembolso está previsto para junio de 2022 y alcanzará los 12.000 millones de euros. En este caso, muchos de las metas que tendrá que cumplir el Gobierno están relacionados con reformas del mercado laboral.

El calendario de desembolsos que estima el Ejecutivo comunitario incluye un nuevo pago de 6.000 millones a finales de 2022, otro de 10.000 millones a mitad de 2023, otros 7.000 millones en diciembre de ese año, 8.000 millones a mitad de 2024, unos 3.000 millones un año después y 4.000 millones en junio de 2025.

España será "más verde y más digital"

En su análisis sobre el plan de recuperación español, el Ejecutivo comunitario destaca que programa destina el 68% de los fondos a reformas y programas relacionados con la transición energética y la transformación digital.

"La evaluación de la Comisión considera que el plan de España incluye una extensa gama de reformas que se refuerzan entre ellas e inversiones que contribuyen a atajar por completo o reducen significativamente los desafíos económicos y sociales destacados en las recomendaciones específicas por país para España", ha explicado la Comisión en el comunicado en el que ha informado sobre la aprobación del plan español.

"Este plan transformará profundamente la economía de España, la hará más verde, más digital y más resiliente. Hemos apoyado este plan porque es ambicioso, previsor y ayudará a construir un mejor futuro para los españoles", ha subrayado por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Según Bruselas, el plan desarrolla todos los pilares y objetivos marcados desde las instituciones comunitarias, incluyendo el área de las finanzas públicas y reformas fiscales, del sistema de pensiones y del sistema de 'spending review'.

Además, la Comisión considera que el plan "proporciona suficientes detalles" sobre cómo las autoridades nacionales "prevendrán, detectarán y corregirán" situaciones de conflicto de intereses, corrupción o fraude en el uso de estos fondos europeos.

"Esta es una oportunidad única no solo para fortalecer la recuperación del país de la pandemia, sino para construir una economía que sea más justa socialmente, más sostenible y más dinámica", ha agregado el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

En total, a España le corresponden unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación de 800.000 millones con el que la UE quiere sacar a las economías europeas de la crisis provocada por la pandemia y al mismo tiempo acelerar las transiciones verde y digital. Por el momento, el Gobierno solo ha solicitado los 69.500 millones que llegarán en forma de transferencias y ha dejado para más adelante la parte de préstamos a devolver.

Fuente: El Economista.
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El 15 de junio de 2021 el Consejo de Ministros ha aprobado el funcionamiento del Fondo de Recapitalización. Está contemplado en el Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial aprobado en marzo por el que se moviliza 11.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas, mediante subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital.

Las operaciones financiadas con cargo al Fondo tendrán un importe de entre 4 y 25 millones de euros por beneficiario, entre 3 y 15 millones de euros en el caso de las pymes.


El acuerdo del Consejo de Ministros establece los criterios de elegibilidad de las empresas, reglas de funcionamiento y liquidación del Fondo, competencias de la Gestora y del Comité Técnico de Inversiones. La Sociedad Mercantil Estatal COFIDES se encargará de gestionar el fondo, que debe ponerse en marcha en los 30 días siguientes a la autorización de la Comisión Europea.

El Fondo de Recapitalización tiene como finalidad fortalecer y recuperar la solvencia de empresas de mediano tamaño de cualquier sector con un importe neto de la cifra de negocios entre 15 y 400 millones de euros a nivel consolidado y que, siendo viables a medio y largo plazo, se están viendo afectadas por los efectos de la pandemia en sus balances y mercados.

Con cargo al Fondo, se prestará apoyo público temporal bajo criterios de rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo sostenible y se hará mediante instrumentos de capital e híbridos de capital y, en su caso, complementariamente, de deuda.

Las operaciones de apoyo público temporal podrán otorgarse hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta la fecha posterior que pudieran disponer el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, autorizado por la Decisión SA.56851 (2020/N), y sus sucesivas modificaciones (Marco Nacional).

COFIDES llevará a cabo en general todas las acciones relativas a la gestión del Fondo de Recapitalización y, en particular, tendrá competencias y desarrollará las siguientes funciones:
  • Recibir, estudiar y evaluar las solicitudes de financiación con cargo al Fondo.
  • Solicitar del Comité Técnico de Inversiones la aprobación para realizar las operaciones que la Gestora haya considerado viables.
  • Suscribir y ejecutar los contratos que formalicen las operaciones que previamente le hubiera aprobado el Comité Técnico de Inversiones.
  • Efectuar el seguimiento de las operaciones e informar al Comité Técnico.
  • Proponer las personas que deban ser nombradas consejeros en los órganos de la administración de las empresas participadas con cargo al Fondo.
  • Fijar la posición de la AGE en el ejercicio de los derechos y facultades que le correspondan por su participación en el capital social de las beneficiarias.
  • Realizar los cobros y pagos derivados de las operaciones formalizadas con cargo al Fondo.
  • Solicitar al Comité Técnico la aprobación para llevar a cabo las renegociaciones, las desinversiones o liquidaciones de las operaciones formalizadas.
  • Ejercitar las acciones legales en defensa de los intereses públicos.
  • Registrar todas las operaciones en una contabilidad específica, diferenciada e independiente de la propia.
  • Elaborar los presupuestos anuales del Fondo.
  • Aprobar las cuentas del Fondo y remitirlas al Comité Técnico, a MINCOTUR y a la IGAE.
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La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 14,9 millones de euros destinada a la convocatoria de ayudas a particulares para la rehabilitación de viviendas, el fomento de la conservación y la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, para los ejercicios de 2021 y 2022.

Se subvencionarán actuaciones en la envolvente térmica, cubiertas y fachadas e instalaciones térmicas.

Estas ayudas corresponden al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid. El objetivo es mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su conservación, eficiencia energética, accesibilidad universal y sostenibilidad ambiental.

Las subvenciones se concederán a los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos, hasta el límite de la disponibilidad presupuestaria. La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.

Actuaciones subvencionables y beneficiarios

Entre las actuaciones se contemplan, por ejemplo, la mejora de la envolvente térmica del edificio, instalaciones de calefacción o refrigeración, mejoras en la protección frente al ruido, así como la conservación de la cimentación, instalaciones, cubiertas, azoteas y fachadas. El límite máximo de la cuantía de las ayudas alcanza el 40% del presupuesto total de la obra.

Podrán solicitar estas ayudas los propietarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de edificios existentes de tipología residencial en vivienda colectiva, comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, así como las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios.

De las dos líneas de ayudas contenidas en el Plan Estatal, la destinada al fomento de la conservación, mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad en viviendas, es la que recibirá la totalidad de la inversión, aprobada el pasado 28 de abril, mientras que la relativa a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, se financiará a través de los fondos europeos vinculados al Programa de Recuperación y Resiliencia, una vez que estos sean recibidos.

Fuente: Construible
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El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros el Código de Buenas Prácticas para gestionar los 125.000 millones en créditos con avales del ICO. El Estado se juega casi 96.000 millones, por lo que establecerá normas que los bancos deberán aplicar a los clientes con dificultades para devolver el dinero. La más relevante es la que establece el importe de las posibles quitas, que se aplicarán según la caída de la facturación, a partir del 30% anual y ha generado tensiones entre el sector y el Gobierno.

Otra de las novedades será que se podrán prolongar hasta 12 años los créditos (frente al tope de ocho años actual), así como las moratorias (cuando solo se pagan los intereses), que podrán superar el límite establecido e ir más allá de dos años, según ha podido saber EL PAÍS. Los bancos tendrán la última palabra.

Han pasado casi 14 meses del inicio del estado de alarma que encerró a los ciudadanos y congeló la economía. Ahora toca empezar a hacer recuento de daños, es decir, a ordenar la situación de la gran inyección de liquidez y de créditos que se distribuyeron para paliar la crisis.

Hasta el 30 de abril de 2021, las diferentes Líneas de Avales Liquidez e Inversión del Instituto de Crédito Oficial (ICO) han garantizado con 95.570 millones créditos por un total de 125.729 millones. Esto supone que el Estado ha cubierto el 76% de media y el resto lo han hecho los bancos. El objetivo de estas medidas era ayudar a las empresas solventes que tenían dificultades por el cierre de las actividades por la pandemia. Para las que no tienen perspectivas de futuro tras la crisis, los bancos deberían organizar la liquidación de sus deudas.

El Consejo de Ministros presentará un acuerdo que dará luz al Código de Buenas Prácticas para regular los créditos avalados. Esta normativa está enmarcada en el fondo (uno de los tres de ayudas, que suman 11.000 millones) dotado con 3.000 millones. Su finalidad es flexibilizar y reestructurar los préstamos por tres vías: alargar los plazos de pago, convertir los créditos con aval público en préstamos participativos —algo que refuerza el capital de la empresa— y, como medida de último recurso, aplicar quitas.


El que no cumpla el código, deberá decirlo


Todo este proceso estará pautado en un código de buenas prácticas. No es de obligado cumplimiento, pero los que no se acojan a sus medidas deberán declararlo expresamente; es decir, no será suficiente con el silencio, de manera que tendrán que retratarse.

Entre las muchas medidas que contiene el código, destaca las que las quitas, denominadas técnicamente “reducción del nominal del crédito”. Se aplicarán en proporción a la caída de la facturación, empezando por empresas que hayan tenido un descenso del 30%. A partir de ahí, seguirán de manera escalonada mediante horquillas que está negociando el Ministerio de Asuntos Económicos con el sector financiero, según fuentes consultadas por este diario.

Quedará en manos del banco, y no del ICO, establecer el importe de la quita, tras un análisis del historial del cliente. Este asunto es de gran importancia para el sector financiero.

Como medidas precautorias, el Gobierno permitirá alargar hasta 12 años (desde los ocho actuales) el plazo para la amortización de los préstamos. Además, habrá otra espita para quitar presión: la carencia (el periodo en el que el cliente solo paga intereses y no el principal) se podrá alargar desde los dos años actuales.


Una morosidad del Estado de 10.000 millones


El Ejecutivo parte de la premisa de una recuperación económica, por lo que considera que dar más tiempo a los deudores evitará que entren en la lista de morosos. Según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha remitido el Gobierno a Bruselas, en 2023 calcula que tendrá una pérdida en los avales por 6.000 millones y en 2024 será de 4.000 millones, que se sumarán al déficit, según adelantó El Confidencial. Estos cálculos suponen esperar una morosidad cercana al 10%. Hasta el momento, los principales bancos han declarado que la morosidad procedente de los créditos ICO es baja, incluso tanto que la mayoría de ellos no han elevado las provisiones en 2021, pese a las advertencias del supervisor.

Aunque el Gobierno pagará la mayor parte de la factura, dejó en manos de la banca la gestión de estos créditos porque la enorme disparidad de préstamos —se han firmado 1.055. 459 operaciones— hacía imposible que el ICO pilotara este asunto. Además, “más del 98% de los créditos han sido suscritos por pymes y autónomos”, lo que hace más difícil que alguien que no sea el banco conozca la situación del cliente.

También existirá un sistema de control indirecto: las entidades deberán informar al Banco de España sobre su gestión con los clientes. El ICO podrá acceder a esta información para conocer cómo se están gestionando las pérdidas en los avales.

Eso sí, el Estado y las entidades absorberán las pérdidas en la misma proporción que tenían de riesgo. Es decir, no se establecerá una primera pérdida a cargo del Estado, sino que desde el primer euro se repartirá la morosidad. Se trata de evitar un incentivo perverso por el que el banco perdonase al cliente la parte cubierta por el Estado.

Fuente: El País/ Expansión
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Tras la publicación el pasado 26 de abril, por parte del Ayuntamiento de Madrid de la convocatoria de ayudas para los años 2021 y 2022, para apoyar la actividad industrial y servicios conexos a la industria madrileña, el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería Técnica Industrial de Madrid ha organizado una jornada online gratuita, el 13 de mayo, con el fin de informar, especialmente PYMES y AUTÓNOMOS, de todas las ventajas y beneficios a los que pueden optar con este programa de ayudas.

Las acciones subvencionables irán dirigidas principalmente a la digitalización de las empresas, la producción sostenible, la mejora productiva y transición hacia la industria 4.0, así como a acciones desarrolladas en respuesta a la situación generada por la COVID -19.

El plazo de presentación de solicitudes para el año 2021 es desde el 27 de abril al 26 de mayo.

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El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española "España Puede". Tras este trámite, el plan se enviará esta semana a Bruselas para su evaluación por parte de la Comisión Europea en un plazo máximo de dos meses.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el instrumento fundamental para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU y supone el impulso más importante de la reciente historia económica de España. El Plan se centra en la primera fase de ejecución y detalla las inversiones y reformas en el periodo 2021-2023, movilizando cerca de 70.000 millones de euros de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con el fin de impulsar la recuperación y lograr el máximo impacto contra-cíclico.

El Plan de Recuperación traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, tras la crisis del COVID-19, así como para preparar al país para afrontar los retos del futuro.

Todo el plan está estructurado en torno a las cuatro transformaciones que el Gobierno ha situado desde mediados de 2018 en el centro de la estrategia de política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

Estos cuatro ejes se proyectan en diez políticas palanca, de gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo ya en la primera fase del Plan:

1.   Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, y desarrollo de la agricultura

2.   Infraestructuras y ecosistemas resilientes

3.   Transición energética justa e inclusiva

4.   Una administración para el siglo XXI

5.   Modernización y digitalización del tejido industrial de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora

6.   Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud

7.   Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades

8.   Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo

9.   Impulso de la industria de la cultura y el deporte

10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible

Estas diez palancas se concretan en treinta componentes, que articulan los proyectos coherentes de inversiones y reformas para modernizar el país. Todo ello con un triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación, y acometer a largo plazo un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental.

Inversiones

Gracias a la financiación de los fondos Next Generation EU, se logrará recuperar el nivel de inversión previo a la pasada crisis, cercano al 4% del PIB, movilizándose inversiones públicas que servirán de palanca para inversiones privadas adicionales por 500.000 millones en los próximos seis años.

El Plan de Recuperación se centra en la primera fase de ejecución, detallando la inversión de alrededor de 70.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una concentración importante en los ámbitos de la transformación verde (39,12%) y digital (29%), y una apuesta clara por la educación y formación (10,5%), la I+D+i (7%) y el refuerzo de la inclusión social y la cohesión en todo el territorio, en claro alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y con las recomendaciones específicas de las instituciones comunitarias.

Además de las transferencias, ya desde el segundo año se irán movilizando los créditos previstos, para instrumentos financieros a partir de 2022 y para reforzar además la financiación del conjunto de programas de inversiones a partir de 2023. Por ejemplo, se podrán usar los préstamos para financiar el fondo COFIDES de capitalización de empresas o el fondo NEXT-TECH para escalar startups, así como las reformas que comporten inversiones de magnitud variable, como el nuevo mecanismo permanente para la estabilidad en el empleo y el apoyo a los procesos de transición.

Entre las inversiones clave, se destacan 20 que se consideran tienen un fuerte impacto tractor sobre el conjunto de la economía:

1.   La Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada

2.   El Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana

3.   La Modernización de las Administraciones Públicas

4.   El Plan de Digitalización de Pymes

5.   La Hoja de Ruta del 5G

6.   La Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular

7.   El Plan Nacional de Competencias Digitales   

8.   La Modernización y Competitividad del Sector Turístico

9.   El Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación

10. El Despliegue e Integración de Energías Renovables

11. La Nueva Economía de los Cuidados

12. Las Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo Dinámico, Resiliente e Inclusivo

13. La Preservación del Litoral y Recursos Hídricos

14. El Plan Estratégico de Formación Profesional

15. La Modernización y Digitalización del Sistema Educativo

16. La Conservación y Restauración de Ecosistemas y Biodiversidad

17. La Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable

18. Las Infraestructuras Eléctricas, Redes Inteligentes y Almacenamiento

19. La Renovación y Modernización del Sistema Sanitario

20. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial


Reformas


Junto a los planes de inversión, el Plan de Recuperación articula una agenda coherente de reformas estructurales que responden al diagnóstico compartido por las instituciones europeas, el gobierno español y los principales agentes económicos y sociales, en ámbitos clave para reforzar la estructura económica y social del país:

1.   Reformas para mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, promover el emprendimiento y aumentar el tamaño y eficiencia de las empresas.

2.   Reforzar el capital humano, mediante la reforma de la educación, la universidad, la formación profesional y las políticas activas de empleo.

3.   Apuesta por la ciencia, modernizando y reforzando el sistema de investigación.

4.   Aumentar el capital tecnológico del país, mediante una nueva política industrial, el apoyo a las pymes, impulso de los sectores con más futuro y un programa de renovación del equipamiento del Sistema Nacional de Salud.

5.   Proteger y revalorizar nuestro capital natural, mediante la protección de ecosistemas, la descarbonización de la industria tradicional y del sector agroalimentario, impulsando una nueva economía verde y azul eficiente y sostenible.

6.   Modernización de las infraestructuras físicas y digitales, con el fin de reforzar la sostenibilidad y resiliencia del conjunto de la economía.

7.   Reforma del sistema energético, para desplegar redes y sistemas que acompañen el aumento de la generación con fuentes renovables.

8.   Modernización de las políticas públicas en el ámbito laboral, sobre la base del diálogo social.

9.   Mejora de la vertebración territorial y refuerzo del capital social, con el fin de proporcionar oportunidades de trabajo y desarrollo personal en todo el país, frenando la despoblación y desplegando un estado del bienestar moderno que proteja a los ciudadanos, garantice el cuidado de los mayores y dependientes, refuerce los servicios sociales y también proporcione oportunidades vitales a las nuevas generaciones.

10. Modernización de la Administración, que tiene un papel importante tractor sobre la productividad del conjunto de la economía, además de su labor redistributiva, de cohesión social y territorial.

11. Avanzar hacia un sistema fiscal para el siglo XXI, que refuerce los ingresos públicos y la progresividad, reduzca la economía sumergida y el fraude, adecúe las figuras impositivas a la realidad actual y garantice la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones a medio y largo plazo.

Los instrumentos comunitarios de financiación Next Generation EU proporcionan una ocasión extraordinaria para desplegar este plan y contrarrestar así el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad económica. También para impulsar la recuperación y abordar una transformación profunda de la economía española, comparable a la que supuso la incorporación a la UE en 1986, que permita retomar la senda de progreso y prosperidad.

El Fondo de Recuperación Europeo consta de dos instrumentos a través de los cuales se canalizarán los recursos: por un lado, el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra el grueso de los fondos con cerca de 70.000 millones en transferencias, y por otro lado el REACT-EU, del que a España le corresponden 12.400 millones, principalmente para financiar la respuesta en el ámbito sanitario y educativo. A ello se sumará el despliegue de los fondos estructurales previstos en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

Impacto macroeconómico y social

El despliegue del Plan de Recuperación permitirá impulsar la productividad, llevando el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2% a medio y largo plazo; la creación de más de 800.000 puestos de trabajo de calidad; la reducción de la precariedad, la alta temporalidad, el desempleo estructural y juvenil que lastran a la economía española; y la reducción de la desigualdad y las brechas territoriales y de género, especialmente recortando la brecha digital.

El plan se orienta de manera especial a compensar el impacto negativo de la pandemia sobre los dos colectivos más golpeados por la anterior crisis y que se han vuelto a ver perjudicados ahora: las mujeres y los jóvenes, con numerosas inversiones y reformas dirigidas a estos colectivos.

Gobernanza eficiente

Para la plena eficacia del Plan de Recuperación, es fundamental contar con instrumentos de ejecución y control ágiles, así como con una gobernanza que garantice la transparencia, la coherencia de las actuaciones y su continuidad en el tiempo.

El 1 de enero de 2021 entró en vigor el Real Decreto-ley 36/2020 para la ejecución del Plan de Recuperación, una reforma estructural para reducir "cuellos de botella" legales para una gestión ágil y eficaz, eficiente y rigurosa de los recursos públicos, facilitar la colaboración público-privada y la adecuada articulación de las competencias de los diferentes niveles de Administración.

En este contexto, se han creado nuevos órganos de gobernanza que garantizan un proceso participativo en el que se incorporen las propuestas de los principales agentes económicos, sociales y políticos, así como los necesarios mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de Administración.
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La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid ha reactivado, desde el 21 de abril de 2021, el Plan Renove de Electrodomésticos, que tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de energía e impulsar la actividad económica mediante ayudas para la adquisición y sustitución de lavadoras, lavavajillas y frigoríficos por nuevos electrodomésticos con etiquetado energético de Clase A, B o C.

Será subvencionable la adquisición de lavadoras, lavavajillas y frigoríficos/frigoríficos combis con nuevo etiquetado energético de Clase A, B o C que se encuentren incluidos en la base de datos de electrodomésticos elaborada para este Plan.

Excepcionalmente, también serán subvencionables aquellos electrodomésticos con antigua etiqueta A+++ puestos en el mercado hasta el 30 de octubre de 2020 y que no dispongan de nuevo etiquetado, pero que puedan seguir comercializándose hasta el 30 de noviembre de 2021 con la etiqueta antigua por disponibilidad de stock. No se subvencionará ningún electrodoméstico con etiqueta A+++ vendido después del 30 de noviembre de 2021.

Para beneficiarse de las ayudas es necesario obtener un BONO, a través de la página web del Plan Renove, que podrá canjearse en un Establecimiento Comercial Adherido durante las siguientes 48 horas.

Procedimiento de solicitud

Todas aquellas personas físicas o jurídicas que deseen beneficiarse de estas ayudas deberán obtener un BONO a través de la página web del Plan Renove de Electrodomésticos (www.electrodomesticos.sedefenercom.com) que podrán canjear presencialmente en un Establecimiento Comercial Adherido durante las 48 horas siguientes a su emisión.

Se contempla la adquisición de un máximo de un electrodoméstico por persona (física o jurídica) por cada tipo (frigorífico/combi, lavavajillas y lavadora), con las siguientes condiciones:
  • Que se adquiera dentro del periodo de realización de la inversión.
  • Que tenga como destino final la sustitución de un electrodoméstico ya existente y su instalación dentro de la Comunidad de Madrid.
  • Que se encuentre incluido en la base de datos de electrodomésticos con etiquetado energético A, B o C elaborada para este Plan Renove.

Dotación presupuestaria y cuantía de las ayudas

La dotación presupuestaria para la convocatoria del Plan Renove de Electrodomésticos 2020 será de 1.800.000,00 euros.

El importe de las ayudas ascenderá a:
  • Frigoríficos y frigoríficos combi: 150 euros
  • Lavavajillas: 110 euros
  • Lavadoras: 70 euros

Estas ayudas no podrán superar el 25% de la inversión subvencionable, en cuyo caso la cuantía de la ayuda será del 25% de la inversión subvencionable (IVA no incluido).

Para cualquier consulta puede ponerse en contacto a través del correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  
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El próximo 31 de marzo finalizará el plazo para solicitar las nuevas bonificaciones COVID 2021 en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de diciembre para contribuir al mantenimiento del mayor número posible de negocios y actividades empresariales en la ciudad como consecuencia de la crisis generada por la pandemia.

Este paquete de incentivos fiscales puesto en marcha por el Ayuntamiento para empresas y negocios afecta al IBI, IAE, la Tasa de Dominio Público (tasa de terrazas) y la Tasa de Residuos Urbanos de Actividad (TRUA).

Entre las bonificaciones acordadas por el equipo de Gobierno municipal el pasado año destacan:

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)

Bonificación del 25 % en los sectores de ocio, comercio, hostelería, cultural y espectáculos.

Bonificación del 50 % en el sector hotelero.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)

Bonificación del 25 % en los sectores de ocio, comercio, hostelería, cultural y espectáculos.

Bonificación 50 % en el sector hotelero.

TASA DE USO DE DOMINIO PÚBLICO

Bonificación del 100 % de la tasa 2021 para mercadillos, puestos aislados, terrazas, circos, tómbolas y distribuidores de prensa gratuita.

Bonificación del 100 % de la tasa 2021 para reservas permanentes de aparcamiento de vehículos de uso exclusivo de los hoteles.

TASA DE RESIDUOS URBANOS DE ACTIVIDAD (TRUA)

Bonificación del 25 % para los usos ocio, hostelería, comercial, espectáculos, cultural e industrial (113.092 potenciales recibos y 5,05 millones de euros).

Bonificación del 50 % en los sectores hoteles, hostales, moteles, apartahoteles y bungalows (5.069 potenciales recibos y 1,1 millones de euros).

La Agencia Tributaria de Madrid, con la finalidad de que estas bonificaciones lleguen al máximo número de beneficiarios posibles, ha remitido una carta personalizada a una veintena de asociaciones del mundo empresarial, comercial, hostelero y de ocio, adjuntando una guía con información detallada y el procedimiento a seguir para solicitar estas bonificaciones a través del Portal del Contribuyente del Ayuntamiento.

Además, en esta nueva convocatoria se ha ampliado hasta tres meses el plazo para presentar la solicitud de bonificaciones de IBI e IAE. En los casos de las otras dos tasas bonificadas, la de terrazas y la TRUA, se aplicarán de oficio.

Todos los posibles beneficiarios pueden resolver sus dudas a través del 010 o solicitando cita previa en las oficinas municipales de atención integral al contribuyente de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: Ayuntamiento de Madrid.
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