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Los trabajadores autónomos que no puedan acceder a la prestación compatible con el cese por Covid-19, podrán acceder a una segunda prestación extraordinaria. La nueva prestación se ha puesto en marcha para aquellos profesionales que no cumplían los requisitos para percibir la primera de las ayudas.

Esta opción deberá tramitarse a través de la mutua colaboradora con la Seguridad Social. Los trabajadores tendrán que indicar, según la Asesoría Solano, si han percibido la primera ayuda. En caso afirmativo, deberán renunciar a ella para poder acceder a la segunda.

Aparte de eso, los autónomos tendrán que haber percibido unos ingresos inferiores a los obtenidos durante el primer trimestre de 2020. Además, los rendimientos que hayan obtenido de su actividad en el primer semestre de 2021 tendrán que ser menores a los 6.650 euros.

La nueva ayuda tampoco podrá compaginarse con otras prestaciones de la Seguridad Social, a menos que esas fueran ya compatibles con la actividad que está desarrollando el trabajador. Del mismo modo éstas tampoco podrán compaginarse con el trabajo por cuenta ajena si los ingresos superan los 1.385,41 euros.

La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización de la actividad. Aparte, dicho porcentaje podrá descender hasta el 40% cuando dos o más autónomos que puedan solicitar la prestación vivan juntos. Durante ese periodo, el trabajador autónomo no tendrá que cotizar a la Seguridad Social.

Al día con la Seguridad Social

Para cobrar la nueva ayuda, el autónomo tendrá que estar dado de alta desde el 1 de abril del 2020. El trabajador deberá encontrarse al día de sus pagos con las cotizaciones de la Seguridad Social.

La nueva prestación podrá solicitarse hasta el 21 de febrero. De hacerlo antes de dicho plazo, la ayuda tendrá efectos retroactivos aplicándose desde el pasado 1 de febrero. El periodo máximo de la ayuda finalizará el 31 de mayo y en caso de incumplir los requisitos deberá renunciarse a ella.

Fuente: Cinco Días.
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Los autónomos sostienen miles de empleos en Madrid, por ello el Ayuntamiento lanzará una convocatoria de ayudas directas a los más afectados por la pandemia. Por ello, el pasado 16 de febrero de 2021, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, acompañada del delegado de Economía Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, y del concejal de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, dieron a conocer la apertura de una línea de subvenciones de hasta 3.000 euros a fondo perdido para trabajadores por cuenta propia que se encuentren en dificultades económicas causadas por la crisis sanitaria de la COVID-19.

Villacís ha resaltado que, con esta línea conocida como Plan Relanza, “el Ayuntamiento se pone del lado de los autónomos ofreciendo unas ayudas que el Estado no ha sido capaz de sacar. Es una forma más de ayudar y seguiremos sacando distintas líneas para ellos, aunque sabemos que la competencia y la capacidad del Ayuntamiento no es la misma que tendría la administración central”.

Por su parte, Miguel Ángel Redondo ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Madrid para sacar adelante unos presupuestos que tienen entre sus principales objetivos ayudar a los autónomos y que tal y como ha subrayado “ha aumentado un 30 % en el primer año y en dos años lo hará en un 50 %”.

Con respecto a esta nueva línea de ayudas directas, Ángel Niño ha destacado que “son un balón de oxígeno para que los autónomos puedan seguir abiertos, puedan seguir produciendo y generando empleo. Son ayudas directas, efectivas y reales de gestión ágil para que lleguen lo antes posible y son a fondo perdido para que saquen adelante su negocio”.

En el denominado 'Plan Relanza' del Área de Economía, Innovación y Empleo, que la líder de Cs ha dado hoy a conocer a las asociaciones de autónomos, representantes de los grupos políticos municipales y de las administraciones autonómica y estatal, se apuntan una serie de requisitos, que pueden ser modificados si se estima conveniente por los miembros del Consejo Municipal del Trabajo Autónomo. Entre ellos, será necesario estar dado de alta como autónomo desde el año 2019 y continuar aún en ese régimen; que sus ganancias se hayan visto reducidas a la mitad el año pasado o que durante 2019 haya facturado al menos 15.000 euros.

Para agilizar los trámites y que los autónomos reciban las ayudas de manera rápida, el Área de Economía, Innovación y Empleo, tramitará estas subvenciones a través de entidades colaboradoras.
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Se ha publicado el RD 2/2021 de medidas en defensa del empleo, entre otros aspectos regula en su TITULO II las nuevas medidas de apoyo para los trabajadores autónomos, y conlleva nuevos requisitos por lo que les relacionamos:

ART. 6 REAL DECRETO LEY 2/2021 (BOE 27/01/2021)

PRESTACION EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA AUTONOMOS COMPATIBLE CON TRABAJO POR CUENTA PROPIA

Objeto de la prestación: 50 % de la base mínima de cotización y exoneración de obligación de cotizar, hasta el día 31 de mayo (cuatro meses, febrero, marzo, abril y mayo)


Para poder solicitar la nueva prestación, cuyo plazo de solicitud vence el día 21 de febrero, hay que reunir los siguientes requisitos:

1. Estar dado de alta, antes del 1 de abril de 2020 y al corriente de pago en las cotizaciones.

2. No tener rendimientos netos (BENEFICIOS) de la actividad por cuenta propia en el primer semestre 2021 superiores a 6.650 €.

3. Acreditar en el PRIMER SEMESTRE de 2021 (seis meses) unos ingresos de la actividad por cuenta propia inferiores a los habidos en el PRIMER TRIMESTRE de 2020 (tres meses)

A partir del día 1 de septiembre de 2021, las Mutuas REVISARAN TODAS LAS RESOLUCIONES, y recabarán todos los datos tributarios de la Agencia Tributaria. En su caso, si no pueden tener acceso a los datos, el trse deberá aportar la siguiente documentación:
  • Modelo 390 y liquidaciones trimestrales de IVA 303 y 130 del año 2.020
  • Liquidaciones trimestrales de IVA 303 y 130 del primer semestre 2.021
  • Certificados de retribuciones por cuenta ajena.
  • Los autónomos en módulos, modelo 131, deberán aportar documentación necesaria para acreditar los ingresos.

Si se comprueba que el interesado no tiene derecho a la prestación se iniciarán los TRAMITES DE RECLAMACION de las cantidades indebidamente percibidas.

Debido a lo indicado, y según se desprende del planteamiento, al ser inciertos los datos de facturación del semestre en curso, así como los beneficios; deben valorar la idoneidad de la solicitud, por los trámites posteriores de reclamación que pudieran derivarse si no se cumplen los requisitos de la prestación.
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La pandemia del Covid-19 ha llevado a millones de españoles a cambiar el centro de trabajo habitual por su vivienda en los últimos meses, incluyendo a trabajadores por cuenta propia que han ejercido su negocio desde casa, al menos temporalmente. Aunque la normativa habilita a que los autónomos puedan deducirse casi un tercio de los gastos del hogar por la parte correspondiente del mismo que se destine a la labor profesional, Hacienda acaba de denegar al colectivo esta ventaja fiscal en los casos relacionados con la situación causada por el virus alegando que se trata de una situación “ocasional y excepcional”.

Así acaba de determinarlo la Dirección General de Tributos en respuesta a una consulta vinculante realizada por una trabajadora por cuenta propia. La autónoma que presentó la duda ante el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda informó de que habitualmente realiza en un despacho localizado fuera de su vivienda la actividad económica que desarrolla como autónoma, bajo el método de estimación directa de su rendimiento neto.

Sin embargo, y debido a la situación derivada de la propagación del Covid-19 por España, la contribuyente ha dejado de acudir diariamente al despacho, optando por trabajar asiduamente desde su vivienda. Como consecuencia, informa, hace uso profesional de algunos de los suministros del hogar, como son la luz o el acceso a internet, lo que le ha supuesto un aumento del gasto habitual que soportaba como mera residente en el domicilio. Como consecuencia, la autónoma reclama la posibilidad de deducirse los gastos derivados del traslado de su actividad profesional a la vivienda.

Para dar respuesta a la cuestión, la Dirección General de Tributos acude a la regulación pertinente, en este caso la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que regula cuáles de los costes “tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa”.

La norma detalla que, “en los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet” podrán ser deducibles “en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total”, salvo que se demuestre debidamente otra cifra concreta.

Atendiendo a dicha redacción, alega Tributos, “para que determinados suministros de la vivienda habitual del contribuyente puedan tener la consideración de gastos deducibles de una actividad económica desarrollada por él, es necesario que la vivienda habitual se encuentre parcialmente afecta a la actividad”. Sin embargo, concluye, “esta circunstancia no se produce en el caso planteado, pues la misma no se encuentra parcialmente afecta a la actividad, siendo la utilización de la misma en el desarrollo de la actividad motivada por una circunstancia ocasional y excepcional” relacionada con la pandemia.

“Por tanto, no se podrán deducir los gastos por suministros citados en la consulta”, dictamina, cerrando la puerta a miles de autónomos que han ejercido su labor en casa durante meses, por prudencia u obligación, a aprovechar la ventaja fiscal que tienen aquellos que trabajan habitualmente desde su domicilio.

Esta desgravación fue acotada en la ley de autónomos avalada por el Congreso de los Diputados en 2017, para tratar de acabar con los pulsos judiciales en torno al asunto. Como resultado, un trabajador con una vivienda de 100 metros cuadrados que destine al ámbito laboral 20 de ellos podrá beneficiarse de una deducción del 30% de esa proporción, es decir, de una rebaja fiscal de solo el 6% sobre la factura total de los suministros asociados en el pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.


Nuevo criterio sobre las costas judiciales
Tras el fallo del TEAC. Hacienda ha dado su brazo a torcer. La Dirección General de Tributos ha terminado por modificar su criterio para permitir que los ciudadanos que reciban un dictamen judicial favorable que incluya que sean compensados con el cobro de las costas judiciales dejen de hacer frente a una factura tributaria después de que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) se pronunciara en contra, el pasado mes de junio, en una resolución adelantada por este diario. Tras aquel dictamen, la Dirección General de Tributos ha acabado publicando una resolución vinculante en la que permite compensar dicha ganancia patrimonial con la deducción de los gastos que hayan comportado el juicio. A partir de ahora, por tanto, y sin necesidad de tener que acudir a la justicia, los beneficiarios de costas judiciales solo tendrán que tributar por el montante recibido en la cuantía que supere a la factura del litigio, quedando totalmente exentos de no superar dicha cuantía. Se trata, valora Almudena Velázquez, co-directora legal de reclamador.es, de “una decisión que parece lógica” pero que llega “obligada por la resolución” del TEAC que “ya tuvo que revocar el criterio de la Agencia Tributaria aplicando el sentido común”.

Fuente: Cinco Días.
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Las asociaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae reclaman cambios en el sistema de formación mediante la aplicación de 50 nuevas medidas que se ajusten a «las necesidades reales» de los autónomos y sus empresas.

Y es que tan solo el 1% de los autónomos han podido acceder a las acciones formativas desarrolladas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para este colectivo, el dato más bajo de todos los países europeos de nuestro entorno y que se debe, entre otras cosas, a que estos programas no atienden a la realidad profesional y necesidades de estos trabajadores. «Produce una falta de conexión entre la formación que los autónomos necesitan y la que se ofrece desde el sistema», aseguraron los responsables de las organizaciones en la presentación esta semana del «Estudio para la detección de la importancia de la formación, tipología y sistema formativo más adecuado para el trabajador autónomo».

Además, los representantes desaprobaron los contenidos, duración, metodología y horarios de las acciones formativas que se ofrecen, ya que «nada o poco» tienen que ver con las singularidades del autónomo que sufre una «excesiva» carga de trabajo y que tiene que compatibilizar su jornada laboral, su vida familiar y la formación.

El secretario general de ATA, José Luis Perea, afirmó que la anualidad de las convocatorias de formación «deben ser superadas» y cambiadas por convocatorias que permitan al autónomo acceder a ellas en cualquier momento. Sin embargo, sí que apuesta por organizar convocatorias anuales de formación más transversal como, por ejemplo, «el fomento de la digitalización». «Hay muchos autónomos que con un poco de su negocio digital han conseguido salvarse. Por ello, es necesario una cultura formativa en el autónomo porque en muchas ocasiones la digitalización va a permitir que sobrevivan los negocios», explicó Perea.
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A partir del mes de marzo de 2021, las Mutuas serán las encargadas de vigilar si los autónomos que han recibido cese de actividad realmente cumplían los requisitos, según se describe en el propio Real Decreto que activó dichas ayudas. Existen diversas vías que iniciarán la retirada de ayudas y la aplicación de sanciones, si procede.

Las vías que iniciarán la retirada de ayudas y la aplicación de sanciones, si procede, son:
  • Si el propio autónomo comprueba que ha dejado de cumplir con los requisitos necesarios, tiene la posibilidad de renunciar a la ayuda antes del día 21 de enero de 2021. Para ello, solo debe devolver el importe recibido, y no tendrá ningún recargo ni coste.
  • Si las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social se percatan de que no se cumplen con estas condiciones, la propia mutua lo comunicará a la Tesorería General de la Seguridad Social, y el trabajador autónomo deberá devolver la ayuda, esta vez sí, con un recargo adicional del 20%.

Importante para el autónomo: desde el día 1 de marzo de 2021 las mutuas tienen potestad para comprobar los modelos 303, 130 y 131 de la Agencia Tributaria. Es preciso darles permiso para que puedan realizar esta consulta y comprobar que el trabajador por cuenta propia cumple con los requisitos exigidos. Si este no otorga el permiso correspondiente, deberá aportar la documentación que le soliciten desde la mutua en un plazo máximo de 10 días.


¿A qué ayudas afecta esta revisión?


Se trata de un cese de actividad para trabajadores por cuenta propia, con unos requisitos excepcionales a raíz del coronavirus:

  • La facturación deberá ser inferior al 75% si la comparamos con el mismo periodo del año 2019. De igual manera, no se podrán superar los 1.938,59 euros facturados en un mes, o en el caso del trimestre, los 5.818,75 euros.
  • En el caso de los autónomos societarios, las nóminas no podrán superar el 25%. Además, tampoco podrá ser superior a facturación de la empresa durante el mismo periodo el pasado ejercicio, ni en concreto en la propia nómina del socio trabajador.

Información extraida de cincodias.elpais.com 

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Con fecha de 21 de diciembre, el BOCM publica la ORDEN de 15 de diciembre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone el importe de 250.000 euros para las ayudas del Programa Impulsa para autónomos en dificultades en el año 2020.

El importe total de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, de las ayudas del Programa Impulsa para autónomos en dificultades, para el año 2020, es de 42.000.000 de euros, con cargo a la posición presupuestaria 49100, del Programa Presupuestario 241N, “Desarrollo del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas”, del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid prorrogado para 2020, mediante Decreto 315/2019, de 27 de diciembre.

Estas subvenciones se financian mediante los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal, para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, la norma reguladora establece que podrá declararse la disponibilidad de crédito para estas ayudas mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de empleo, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con cargo el propio presupuesto de la Comunidad de Madrid.

En esta nueva norma se amplía el importe de 250.000 euros del Programa Impulsa para autónomos en dificultades, para el ejercicio 2020. Dicho crédito se imputará al programa 241N “Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas” con cargo a la posición presupuestaria 49100, del vigente presupuesto de gastos, de la Comunidad de Madrid prorrogado para el año 2020.

Como requisito se ha establecido que los beneficiarios sean autónomos sin empleados a su cargo de la región que hayan visto mermada su actividad durante las últimas semanas, pero que sigan ofreciendo sus servicios. En este sentido, los solicitantes deben estar dados de alta en el RETA (Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos), mantenerse durante, al menos, 12 meses; y adjuntar una declaración que justifique la caída de ingresos provocada por el coronavirus a sus negocios.

Las ayudas del Plan Impulsa son directas, de hasta 3.200 euros, y se transfieren al beneficiario en un pago único. Esta cantidad, que se concederá por orden de solicitud, corresponde al pago de 12 mensualidades de la base mínima de cotización a la Seguridad Social, y el autónomo podrá emplearla en lo que considere necesario y urgente para mantener la actividad de su negocio.
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El BOE del 18 de noviembre publicó el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas en materia urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, con entrada en vigor al día siguiente al de su publicación, salvo lo contenido en el artículo 6, relativo al tipo impositivo del IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, que dispone lo siguiente:

"…/…Con efectos desde el 1 de noviembre de 2020 y vigencia hasta el 30 de abril de 2021, se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el anexo de este Real Decreto-ley cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social a que se refiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas…/…"

Se establecen en el mismo las siguientes medidas:

1)  REDUCCIÓN TIPOS IMPOSITIVOS IVA.

Se prorroga hasta el 30 de abril de 2021 la rebaja al 0% del IVA aplicable a la compra de determinados productos sanitarios como mascarillas, guantes, gafas, gorros, batas impermeables, termómetros, respiradores, y diversos elementos de protección individual por parte de hospitales.

Además, se rebaja, hasta el 31 de diciembre de 2021, el IVA de las mascarillas al tipo superreducido, bajando del 21% al 4% y se adoptan una serie de disposiciones para la transposición de la normativa comunitaria en materia energética. De esta forma, el precio ha pasado de 0,96 euros a 0,72 euros la unidad, con un IVA del 21%. La rebaja del gravamen al 4% provocará una próxima disminución del precio máximo. Por tanto, está previsto que finalmente el precio de las mascarillas bajará en torno a un 35%.

2)  MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

Se modifica el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

De esta forma se amplía la deducción por inversiones en producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales para incorporar la fase de producción a la aplicación de este incentivo en las producciones de animación.

El Real Decreto-ley recoge además la modificación de una serie de incentivos fiscales al sector del automóvil para adecuarlos a la regulación comunitaria. De esta forma, se adapta la libertad de amortización para determinadas inversiones al Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado, y se modifican los límites temporales para poner en funcionamiento las inversiones y para aplicar el incentivo. (Se crea una nueva DA 16ª en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre)

Además, se modifica la deducción por innovación y se introducen diferencias, según la dimensión de la empresa, de forma que para pymes la deducción pasa a ser del 50%, mientras que para no pymes será del 15%.

3)  MEDIDAS DE APOYO A LA LIQUIDEZ Y LA SOLVENCIA DE AUTÓNOMOS Y EMPRESAS.

Con el objetivo de que puedan seguir disponiendo de la financiación adecuada para cubrir sus necesidades de liquidez o realizar sus proyectos de inversión, se amplía hasta el 30 de junio el plazo de concesión de las dos Líneas de hasta 140.000 millones de avales públicos gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
  • Las empresas y autónomos que lo soliciten y que cumplan con los criterios de elegibilidad (no estar en mora ni incursas en procedimiento concursal) podrán disponer de una ampliación en el vencimiento de los préstamos de la Línea de Avales del ICO para liquidez de hasta tres años adicionales, con un máximo de ocho años, desde los cinco actuales.
  • Adicionalmente, podrán gozar de un plazo adicional de carencia en el pago del principal de 12 meses, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses.
  • Asimismo, las entidades financieras no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados y habrán de mantener las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021 para los clientes que cumplan los criterios de elegibilidad y cuenten con un préstamo avalado al amparo de alguna de las dos Líneas de Avales de ICO.
  • Las entidades financieras aprobarán la ampliación de los plazos a solicitud del cliente en un máximo de 30 días.
  • A partir de la entrada en vigor de estos cambios, todas las operaciones de financiación garantizadas con aval del ICO contarán con un plazo de amortización que puede llegar a los ocho años.
  • Se prevé, asimismo, una rebaja de hasta el 50% de los aranceles notariales y registrales correspondientes a las operaciones relativas a la extensión de los plazos.

4)  MEDIDAS EN MATERIA CONCURSAL POR EL COVID-19.

El RDL establece también otras medidas para apoyar la solvencia, recuperación y mantenimiento de las empresas viables, evitando así el posible impacto sobre la continuidad de la actividad económica y la estabilidad financiera generado por el desencadenamiento automático de procesos de liquidación derivados de la caída transitoria de los ingresos por la situación excepcional generada por la pandemia sanitaria. Con este objetivo, se amplía el alcance temporal de algunas medidas aprobadas en materia concursal.

Se modifica, por tanto, la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Se establecen medida que permitirán evitar el concurso de empresas que, en condiciones de normalidad, serían viables, proporcionándoles un tiempo adicional para su recuperación o para la negociación con sus acreedores. Entre estas, destacamos:
  • Se extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores.
  • También se amplía el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdo de refinanciación.
  • Adicionalmente, se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.

5)  FINANCIACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL SEPE.

El Real Decreto-ley también contempla la aprobación de un suplemento de crédito de 6.000 millones de euros para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social tras el impacto de la pandemia.

Esta transferencia garantiza la financiación del sistema de la Seguridad Social para atender las medidas puestas en marcha para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia. Entre esas medidas que siguen vigentes para proteger las rentas de los trabajadores se encuentran los ERTEs, la prestación por cese de actividad para los autónomos o medidas de alivio para las empresas mediante exoneraciones en las cotizaciones sociales.

El Real Decreto-ley incluye además un crédito extraordinario por importe de 2.300 millones para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
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La disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, previó un aumento progresivo de los tipos de cotización aplicables por contingencias profesionales y por cese de actividad de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

En concreto, durante el año 2020:
  • Para la cotización por contingencias profesionales, el tipo de cotización será el 1,1 por ciento.
  • Para el cese de actividad, el tipo de cotización será el 0,8 por ciento.
De conformidad con lo anterior, se informa de que se ha procedido por la Tesorería General a la actualización de los tipos de cotización que se han venido aplicando hasta el periodo de liquidación de septiembre de 2020, y que correspondían a los previstos para el año 2019. Como consecuencia de la citada actualización, las cuotas correspondientes al periodo de octubre de 2020 y posteriores se calcularán ya con los nuevos tipos.

Respecto de la regularización que proceda hacer de las cuotas correspondientes a los meses de enero a septiembre, señalar que la misma se abordará en las próximas semanas y en su momento se informará del periodo de recaudación en el que se procederá al cargo en cuenta de las complementarias correspondientes.
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La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, inauguró la pasada semana la primera sesión del Consejo Municipal del Trabajo Autónomo, nuevo órgano creado en la ciudad para impulsar la labor de los trabajadores autónomos y las organizaciones que los representan.

En la apertura del acto, Villacís destacó “la capacidad de resistencia de los trabajadores autónomos, para quienes el Ayuntamiento promueve una mejora de calidad de su trabajo con el fin de evitar la dualidad aún existente entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena”.

La vicealcaldesa recordó algunas de las medidas que el Ayuntamiento de Madrid ha adoptado para ayudar al colectivo de trabajadores autónomos como las bajadas de impuestos (IBI e IAE), el impulso que han recibido los hosteleros gracias a la ampliación de terrazas, la bonificación de la tasa que se paga por ellas y la posibilidad de instalarlas en bandas de aparcamiento.


Un Consejo plural y constructivo
El Consejo cuenta con la presencia de las distintas asociaciones de autónomos como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) o la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), además de con distintos vocales de todos los partidos políticos con representación municipal.

Los diferentes grupos han manifestado su deseo de mejorar las condiciones de los autónomos en Madrid y su intención de trasladar distintas propuestas que puedan ser aplicadas en la ciudad. En este sentido, a juicio de la vicealcaldesa, “la pluralidad y el espíritu de consenso han acompañado la creación de este Consejo”.

Por su parte, las asociaciones de autónomos han celebrado su constitución, que llega en un momento “idóneo ante las dificultades que están sufriendo a causa de la COVID-19”.
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