Lunes, 29 de Junio, 2020

Aprobado un Real Decreto-Ley con medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica

El pasado 24 de junio el BOE publicaba el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

El despliegue de renovables en España, que se ha fijado tener un sistema eléctrico 100% renovable antes de 2050, permitirá aprovechar su potencial en términos de generación de empleo, actividad económica y competitividad, en línea con los planes de recuperación económica verde de la Unión Europea.

Entre otros aspectos, AECIM destaca los siguientes del texto normativo:


GARANTÍAS PARA LOS PROYECTOS RENOVABLES FIRMES

  • Regulación de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica: dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables. El objetivo fundamental es asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo.
  • Con el fin de lograr el objetivo de neutralidad climática que se ha fijado el país en línea con el Acuerdo de París y los compromisos de la Unión Europea (UE), se han establecido hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado. Los titulares deberán de ir acreditando el cumplimiento de cada uno esos hitos entre ellos, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos caducarán y/o se procederá a ejecutar los avales económicos. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.
  • En tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías y se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso.

NUEVO SISTEMA DE SUBASTAS PARA LA ORDENACIÓN DE RENOVABLES
  • Habilitación de un nuevo sistema de subastas de renovables que ofrezca previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables y traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata.
  • Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica.
  • A su vez, favorecerá a las instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables, que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.

SIMPLIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN DE TRÁMITES
  • Eliminación de las barreras para la puesta en marcha, simplificando y agilizando la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada.
  • Se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución.

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO LIGADOS A RENOVABLES
  • Incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio: almacenamiento, hibridación y agregador independiente.
  • Para favorecer la participación de la ciudadanía, quedan reguladas las comunidades de energía renovables. Se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones de I+D+i.
  • Será posible establecer bancos de pruebas regulatorios sandboxes para introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico.

PUNTOS DE RECARGA DE ALTA CAPACIDAD, UTILIDAD PÚBLICA
  • Con el fin promover el uso de la movilidad eléctrica, se otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas.
  • Se extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) hasta 2030 con un fondo, que se dota con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos, que permite movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía.
  • De manera excepcional, y en atención a la situación creada por el COVID19, se permitirá a las comercializadoras que sean pequeñas y medias empresas (PYMES) retrasar el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez.


LIQUIDEZ DEL SISTEMA

  • Se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020. Se concretará mediante orden ministerial.
  • Se ajusta excepcionalmente los porcentajes de PIB por los que se rigen la inversión máxima que se dedica a redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022.


APOYO A COGENERACIÓN, PURINES, LODOS DE ACEITE Y BIOMASA

  • Revisión del valor de la retribución a la operación (Ro) durante el periodo de vigencia del estado de alarma, para reconocer los efectos de unos menores precios de mercado y de CO2.
  • Para el cálculo de la mencionada revisión se consideran los valores del precio del mercado eléctrico y del precio de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma.
  • Se reducen en un 50% los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020, respecto de los valores establecidos previamente.

AGILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LA NORMATIVA AMBIENTAL
  • La norma también modifica la Ley de Evaluación Ambiental para dotarla de mayor agilidad y seguridad jurídica, garantizando la protección del medio ambiente, facilitando la tramitación de proyectos que permitan la reactivación de la economía tras la crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19.
  • Se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando así el vacío jurídico existente, se agiliza el procedimiento para la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental y se completan determinados aspectos del procedimiento de evaluación ambiental simplificada.
Leer 155 veces


Esta Web utiliza cookies propias y de terceros para facilitar su navegación, si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para buscar mas acerca del uso de cookies que usamos y como borrarlas lea nuestra Política de cookies.

Acepto cookies de este sitio