Martes, 18 de Abril, 2017

El fraude energético nos afecta a todos


Artículo elaborado por Javier Serrano Patzig. Director de Unión Fenosa Distribución. Zona Madrid

Las conexiones irregulares a la red o la manipulación de contadores suponen un riesgo para quien las ejecuta y para todas las personas que se encuentren cerca de la instalación.

En los últimos años se está produciendo un incremento del fraude energético en sus diferentes modalidades (principalmente conexiones directas a la red de distribución y manipulación de los equipos de medida y control) y dicho fraude se está profesionalizando, llegando a proliferar los grupos de fraude organizado.

Además, se han detectado casos en que operarios de las empresas que las compañías distribuidoras tienen contratadas para la instalación de los nuevos contadores, ofrecen, la manipulación de estos equipos, por lo que están llevando a cabo investigaciones para descubrir y erradicar estas prácticas.

Es importante destacar que el fraude no está asociado a la pobreza, ya que la mayor parte del fraude energético no corresponde a usuarios domésticos, sino que se detecta en empresas que lo cometen para sacar ventaja competitiva en sus negocios, reduciendo el importe de la factura energética. No pagar la energía perjudica, sobre todo, a los ciudadanos de a pie, porque todos los clientes tienen que pagar en el recibo el sobrecoste que suponen las pérdidas generadas por el fraude.

Además, el sistema recibe menos ingresos para financiar partidas como el bono social, destinado a los usuarios con menos recursos. En este sentido, cada año, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el fraude provoca un encarecimiento de 150 millones de euros en la factura eléctrica total pagada por los consumidores españoles.


Detección del fraude

Las empresas distribuidoras abren al año miles de expedientes de irregularidad a los usuarios por las manipulaciones detectadas en los equipos de medida. Estos usuarios se enfrentan a cortes de suministro, posibles acciones legales y sanciones económicas por parte de las Administraciones y organismos públicos.

Con el objetivo de frenar estas actividades delictivas, las compañías refuerzan sus campañas de detección del fraude en toda España. Se han introducido elementos de tecnificación de la red, por lo que cada vez tienen más información sobre dónde se produce el fraude y son capaces de actuar más rápido: el despliegue en España de los contadores inteligentes o el big data son elementos que han permitido perfeccionar la detección del fraude.

Pero, ¿cómo saben las empresas dónde y cuándo se produce el fraude? El primer paso es detectarlo. Los canales donde pueden obtener esa información son varios, pero los indicios más importantes se detectan mediante el cálculo de balances de consumo de energía: se obtiene la energía que entra en la red y se compara con la energía entregada. Ahí es cuando se ve si hay pérdidas y valores anómalos que pueden deberse a manipulaciones en los equipos de medida.


Consecuencias legales

El fraude energético nunca compensa, ya que la sanción a la que se enfrenta el responsable de la realización del fraude siempre es mayor que el importe del fraude que se ha cometido.

La realización de actividades de defraudación de energía viene tipificada en el Código Penal como delito en el artículo 255, el artículo 348 y el artículo 623.4. El delito de defraudación puede comportar una sanción económica en forma de pena de multa de 3 a 12 meses y la obligación de responder por la energía defraudada.

La pena se impone al responsable de la defraudación y al usuario de la instalación como responsable de la custodia de la misma. Por ese motivo, los clientes deben velar porque en sus instalaciones no se produzca fraude.

Si la sentencia judicial determina que la responsabilidad del fraude es de un instalador y éste es condenado, la pena impuesta puede llevar aparejada la inhabilitación para el ejercicio de su actividad profesional con carácter permanente.

También hay que destacar que el fraude energético en el sector empresarial supone un acto de competencia desleal frente a otras empresas del mismo sector que actúan dentro de la legalidad. Las empresas legales pagan sus recibos y, además, de forma indirecta, tienen que abonar los de sus competidores.

Las compañías y las Administraciones Públicas están focalizando sus esfuerzos en perseguir y demostrar la manipulación de equipos de medida con el objetivo de erradicar las malas prácticas y los delitos de defraudación. En este sentido, dentro del sector eléctrico se está imponiendo la obligatoriedad de firmar e incluir en los correspondientes contratos (por parte de las empresas y de cualquier trabajador) protocolos de actuación y comportamiento que les obliguen a realizar sus actividades de acuerdo con estrictos códigos éticos para garantizar el cumplimiento del marco legal y reglamentario. El incumplimiento de dichos protocolos implica penalizaciones económicas, consecuencias legales tanto para la empresa como para el personal implicado e importantes consecuencias contractuales y laborales negativas de cara al desarrollo de futuros contratos o nuevos trabajos.


Consecuencias personales

Además de ser un delito tipificado en el Código Penal, las conexiones irregulares a la red o la manipulación de contadores para reducir el consumo reflejado en las facturas, son muy peligrosas y ponen en riesgo a quien las ejecuta, a todas las personas que viven en el edificio, a los operarios eléctricos y a la propia instalación energética.

Engancharse ilegalmente a la red eléctrica supone un grave riesgo y puede provocar averías y cortes de suministro en las instalaciones particulares del defraudador y en las generales del edificio. En los últimos años se han producido numerosos accidentes, algunos mortales, incendios y cortocircuitos en los cuartos de contadores mientras se estaba cometiendo el fraude o con posterioridad, por la sobrecarga a la que se someten las instalaciones.

 
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