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Viernes, 22 de Julio, 2016

Llegó la hora del autoabastecimiento eléctrico

ARTÍCULO DE OPINIÓN


Cualquier politólogo rechazaría de inmediato la posibilidad de que un partido en el Gobierno sustentado por mayoría absoluta, pero con visos de perderla, decidiera aprobar una polémica medida en contra de la opinión del resto de oposición y numerosos colectivos sociales a 70 días de las elecciones generales.

Sin embargo, así ocurrió con el Real Decreto sobre autoconsumo eléctrico, aprobado en octubre pasado a pesar de la indudable contestación social contra el mismo, que ya lo ha bautizado como “el del impuesto al sol”.

Se trata de la normativa sobre autoabastecimiento eléctrico más restrictiva del mundo, no sólo porque grava la energía que uno produce para sí mismo (y que, al no salir a la red, no es detectada por el contador convencional), sino porque introduce gravosísimas obligaciones técnicas y administrativas, completamente innecesarias y, además, desprecia los excedentes de energía que pudieran producirse puntualmente.

Si hablamos ahora de autoconsumo —o mejor, de autoabastecimiento, más fácil de entender en la calle, que pone el foco en su actividad natural, el consumo de energía— es, no lo olvidemos, porque una tecnología, la solar fotovoltaica, ha reducido tanto sus costes en los últimos años que ya es competitiva con las tarifas eléctricas sin necesidad de ningún tipo de apoyo.

En este contexto se comprende que, a pesar de la indudable dificultad de llegar a acuerdos en la actual coyuntura política, nada menos que 227 diputados (todos, salvo los del Grupo Popular y sus socios electorales) se comprometieran en febrero a promulgar de urgencia una ley que permitiera el aprovechamiento del sol para producir electricidad en los tejados de España.

El acuerdo de febrero, lejos de ser vago en su propósito, incorporaba un anexo con un texto de modificación de la actual ley del sector eléctrico que directamente aplicaba medidas como la derogación de los cargos a la energía autoconsumida (“impuesto al sol”) o la simplificación administrativa, especialmente la relativa a las instalaciones que garantizaran que no iban a inyectar energía en la red.
La composición del Congreso de los Diputados tras las elecciones del pasado junio ha variado ligeramente; pero el pacto de febrero aún cuenta con el apoyo de más de tres quintas partes de la Cámara. Más que suficiente para sacarlo adelante. Contando, pues, que nuestros diputados cumplan con sus compromisos firmados, la pregunta inmediata es: ¿bastará la modificación legal acordada para el despegue del autoabastecimiento en España?

En mi opinión, será de gran utilidad, permitiendo que muchos proyectos salgan del cajón para convertirse en realidad; pero la situación distará, con mucho, de ser idónea para el desarrollo del autoconsumo en nuestro país.

En primer lugar, además de la ley, es necesario aprobar un nuevo Real Decreto que desarrolle los detalles que no pueden tener rango legal, tales como el tratamiento simplificado de los excedentes (facturación neta) en las pequeñas instalaciones, la posible apertura a las instalaciones compartidas o los requisitos técnicos y administrativos exigibles a las instalaciones de mayor tamaño.

Para que estos aspectos gocen de la deseada durabilidad en el tiempo es fundamental que cuenten con un amplio consenso. En la actual situación parlamentaria no es razonable pensar que una norma así pueda aprobarse en menos de un año. Por esa razón, en el acuerdo de febrero, que ya contemplaba esta negociación de la normativa de desarrollo, se optó por derogar parcialmente el actual decreto en lo relativo a las medidas más dañinas, tales como todo el sistema de imposición de cargos y peajes o la obligatoriedad de instalar un segundo contador; pero se decidió mantener vigente el cuerpo de la actual norma. De haberlo derogado totalmente nos encontraríamos, de nuevo, con la incertidumbre regulatoria que ya vivimos durante años hasta la aprobación del actual Decreto y que era aún peor que la situación actual.

Pero con el nuevo Decreto tampoco basta. Cuando una familia o un empresario invierten en paneles solares para producir, cuando menos parcialmente, la energía eléctrica que van a consumir in situ durante los 30 años de vida útil de la instalación, están apostando a que ahorrarán en sus facturas de la luz. Como todas las medidas de eficiencia energética, se trata de inversiones a largo plazo que requieren de estabilidad jurídica, tanto en el tratamiento de la producción como en el del consumo, para desarrollarse masivamente.

El nuevo Real Decreto debe abordar la estabilidad jurídica en lo que a la instalación de producción se refiere; pero la referida al consumo, esto es, a la factura de la luz, dista mucho de ser tal.

Hechos como el acontecido durante los últimos años de habernos duplicado el término fijo del recibo resultan demoledores para todas las medidas de eficiencia energética. Por eso es necesario reclamar una reforma del sistema tarifario que fundamente en la objetividad y transparencia la repercusión de los costes del sector eléctrico entre consumidores.

Estamos, por tanto, ante un prometedor futuro del autoabastecimiento eléctrico en España, apuntalado en tres pilares: la reforma legal en ciernes, un adecuado desarrollo reglamentario y una importante reforma del sistema tarifario eléctrico. Aún sin ellos, la actividad se desarrollará, porque son imparables motivos de ahorro económico los que la impulsan; pero el levantamiento de los tres pilares será definitivo para su despegue.


Jorge Morales de Labra
@jorpow 
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