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Información de Cinco Días.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha montado a contrarreloj una megacumbre empresarial con los principales líderes empresariales del país de todos los sectores para analizar la situación creada por el Covid-19. Tendrá lugar entre los días 15 y 25 de junio con el objetivo de proponer medidas para reactivar la economía y asentar las bases de futuro, que elevará a la Asamblea General de la patronal y compartirá con el Gobierno.


"Creo es muy importante que se oigan las opiniones de las personas que trabajan en directo en cada uno de los sectores y que son los que tienen la llave", ha explicado el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, tras confesar que la idea le surgió el viernes de la semana pasada y en tiempo récord reclutó a más de 130 primeros espadas de todos los sectores para las jornadas que celebrará en abierto.

El líder de CEOE ha destacado que es una cumbre "que se ha organizado en tan solo una semana" y que esto ha sido posible porque todos los participantes han mostrado interés por intervenir. "Nadie me ha dicho que no. Los empresarios vienen a hablar de sus sectores. Europa nos está mirando y tenemos que decir que estamos aquí; unidos y para sumar. Queremos que se nos oiga", ha recalcado Garamendi.

Además ha añadido que los empresarios quieren "plantear qué hay que hacer a futuro. Qué necesita España para que haya confianza. Todos tenemos que poner el granito de arena", ha dicho. Y también ha precisado que no se trata de hablar solo de las medidas más urgentes para salir de la crisis, como la extensión de los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), "sino para decir que hay que hacer en enero de 2021".

La organización patronal ha montado un operativo en el que cada día habra tres mesas distintas, en las que intervendrán los dirigentes empresariales con sus propuestas de reconstrucción. No habrá debates entre ellos y sus discursos se harán públicos en la web de CEOE.
 

Energía y banca, hoy
Bajo el eslogan 'Empresas españolas liderando el futuro', la sesión de debate y análisis ha arrancado hoy lunes, 15 de junio. El propio Garamendi, junto al presidente de Inditex (Pablo Isla), y al presidente de Mercadona (Juan Roig), se encargará del acto de apertura. Posteriormente arrancará un panel especializado en la banca, en el que participarán los presidentes del Santander (Ana Botín), BBVA (Carlos Torres), Caixabank (Jordi Gual), Bankia (José Ignacio Goirigolzarri), Sabadell (Josep Oliú) e Ibercaja (José Luis Aguirre) en un primer bloque financiero.

Seguirá el panel energético y de sostenibilidad con los primeros espadas de Iberdrola (José Ignacio Sánchez-Galán), Endesa (José Bogas), Naturgy (Francisco Reynés), Repsol (Antonio Brufau), Acciona (José Manuel Entrecanales), y Viesgo (Miguel Antoñanzas, también presidente del Club Español de la Energía). Posteriormente participarán, en un bloque dedicado a las operadores del sistema, los primeros ejecutivos de REE (Beatriz Corredor), Enagás (Antonio Llardén) o CLH (José Luis López de Silanes).
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Dada la crisis generada por el Covid-19, muchas empresas se han acogido a un ERTE y se preguntan si durante esta situación sus trabajadores pueden realizar formación bonificada. Tal y como indica la Ley 30/2015, vemos que SÍ es posible bonificar en estas situaciones.

En concreto, el artículo 9 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral dice lo siguiente:

“En la formación programada por las empresas podrán participar los trabajadores asalariados que prestan sus servicios en empresas o en entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones públicas a que hace referencia el artículo 6.6, incluidos los trabajadores fijos-discontinuos en los períodos de no ocupación, así como los trabajadores que, durante su participación en esta formación, accedan a situación de desempleo y los trabajadores afectados por medidas temporales de suspensión de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en sus períodos de suspensión de empleo“.

Del mismo modo, la Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral indica en su artículo 2:

“Para acogerse a lo establecido en esta resolución, las empresas beneficiarias del crédito de formación, en la formación programada por las empresas, así como las entidades beneficiarias de las subvenciones, en la oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas, deberán mantener, al menos, la plantilla media de los últimos 6 meses anteriores a la declaración del estado de alarma, durante el periodo de ejecución de las acciones formativas”.
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Información de la agencia EFE.

La compraventa de casas cayó en abril el 39,2 % respecto al mismo mes del año pasado, hasta las 25.042 transacciones, con lo que este indicador se anotó su mayor descenso en 11 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan el impacto de la covid-19 en el mercado inmobiliario.


En abril, el mercado de segunda mano cayó el 38,8 % (lo que supone también la mayor bajada en 11 años), hasta 20.603 unidades; mientras que la venta de casas nuevas retrocedió el 41,3 %, hasta 4.439, la menor cota desde el inicio de la serie histórica en 2007.

La estadística está elaborada con información de los registros de la propiedad y refleja operaciones cerradas semanas o meses antes ante notario

Según la misma fuente, en el cuarto mes del año, cuando los registros atendían telemáticamente por la pandemia, se inscribieron 22.537 operaciones sobre vivienda libre, el 38,8 % menos, y 2.505 operaciones sobre vivienda protegida, el 43 % menos.

En el acumulado desde enero y tras bajar el 18,6 % en marzo, la compraventa de casas en España ha bajado el 14,4 %, con un descenso del 16,5 % en el caso de la vivienda nueva y del 13,9 % en el de la usada.

Para contribuir al análisis e interpretación de los datos, que también reflejan la celebración en diferentes periodos de las vacaciones de Semana Santa, el INE detalla la variación del número de compraventas entre marzo y abril en los cinco últimos años.

En 2020, la tasa de variación mensual fue del -28,1 %, lo que supone 24,4 puntos menos que la del año anterior (-3,7 %). En 2018, la variación intermensual fue del 6,1 %, en 2017 del -20,7 % y en 2016 arrojó un incremento del 10,6 %.

De vuelta a los datos de abril, la compraventa de casas bajó en todas las comunidades autónomas, lideradas por Navarra (66,8 %), Extremadura (65,7 %) y Canarias (60,8%). Los menores descensos correspondieron a La Rioja (20,8 %), Cantabria (25 %) e Islas Baleares (27,8 %).

En el cuarto mes del año, el número total de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad y procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente se situó en 87.796, el 48,8 % menos que un año antes.

La compraventa de fincas sumó 45.808 operaciones, el 44,5 % menos, las herencias bajaron el 59,5 % (14.403), las permutas el 51,9 % (245) y las donaciones el 49,8 % (1.792).

Las concentraciones parcelarias, divisiones horizontales, operaciones conjuntas o mezclas de varios títulos de transmisión, transmisiones sin título de adquisición, dación en pago, ejecuciones hipotecarias y adjudicaciones judiciales descendieron el 48,3 %, hasta 25.548.
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La Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ya ha reabierto sus dependencias para seguir proporcionando servicio a los madrileños. Las instalaciones, situadas en la calle Gran Vía 3 de Madrid, tendrán un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 con el fin de adecuarse a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la crisis del coronavirus (COVID-19).

Como medida de limitación de aforo, se atenderá exclusivamente a los ciudadanos que soliciten cita previa en la prestación de los siguientes servicios: Registro, Información General, Validación de certificados electrónicos y Solicitud oral de acceso a la información pública.

Los cuatro puestos de atención al público estarán dotados de las debidas mamparas de protección, y se ha instalado una columna de gel hidroalcohólico para uso de los ciudadanos a la entrada de la Oficina. Las instalaciones también contarán con la correspondiente señalización para cumplir con la distancia social de dos metros entre personas, así como con cartelería informando de la atención exclusiva con cita previa y de los canales a través de los cuales se puede solicitar.


Protección de los empleados públicos
Todos los empleados públicos que presten sus servicios en la Oficina de Atención dispondrán de EPIs: mascarilla, FFP2, guantes y botes de gel hidroalcohólico de uso individual.

La Dirección General de Transparencia, Gobierno Abierto y Atención al Ciudadano ya trabaja en la elaboración de un contenido web que abarque el servicio de cita previa en la Comunidad de Madrid, un contenido en el que figurará información sobre las direcciones de las diversas sedes de oficinas de asistencia en materia de registro, puntos de información y atención al ciudadano, y oficinas de información especializada de las distintas consejerías: horarios de apertura, fechas previstas de implantación de cita previa y apertura y canales a través de los que se puede solicitar.
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Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha suscrito un convenio con el Instituto de Crédito Oficial, entidad pública empresarial adscrita a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, para poner en marcha la línea "CO-Red.es Acelera". El objetivo es que las empresas beneficiarias de las próximas convocatorias de Red.es, en el marco del programa AceleraPyme, puedan obtener acceso a esta línea de crédito.

El convenio tendrá una vigencia de 4 años. La dotación asignada a la Línea ICO Red.es Acelera para el 2020 es de 135 M€. Podrán acceder a financiación a través de este programa, los beneficiarios de las próximas convocatorias que va a lanzar Red.es, y que tienen como objetivo la digitalización de las empresas a través del impulso y financiación de proyectos tecnológicos. La financiación se podrá solicitar en las entidades financieras que se adhieran a la Línea.

En concreto, la línea ICO-Red.es Acelera financiará con hasta 95 M€ a los beneficiarios de la próxima convocatoria de Red.es sobre Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras. El objetivo es financiar proyectos de desarrollo experimental realizados por empresas sobre inteligencia artificial como machine learning; desarrollo de soluciones, aplicaciones o servicios que mejoren la eficiencia de los servicios sanitarios, internet de las cosas, tecnologías de procesamiento masivo de datos e información, computación de alto rendimiento, computación en la nube, entre otros.

Asimismo, la línea ICO-Red.es Acelera financiará con hasta 40 M€ a los proyectos beneficiarios de la próxima convocatoria de Economía del dato y Contenidos digitales. Esta convocatoria persigue financiar proyectos de empresas basados en el desarrollo tecnológico sobre los siguientes contenidos digitales: puesta a disposición de datos de forma masiva y en formatos reutilizables, tratamiento de datos aplicada a la mejora de la asistencia sanitaria y a las crisis sanitarias, videojuegos, publicidad digital, redes sociales y aplicaciones móviles, entre otros.

Ambas convocatorias recibieron luz verde por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo y se publicarán en las próximas semanas con el objetivo de acelerar el proceso de digitalización de las PYMEs y establecer medidas de apoyo a la creación de soluciones tecnológicas para su digitalización.


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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha explicado en la Comisión correspondiente del Senado las líneas básicas del Departamento de cara a los próximos meses.

Tras informar a las senadoras y senadores de la acción de Gobierno llevada a cabo desde que fue decretado el estado de alarma como consecuencia de la irrupción del COVID-19 en España, Reyes Maroto enumeró tres prioridades estratégicas:
  • En primer lugar, el impulso de la competitividad de las empresas españolas en un contexto internacional cada vez más globalizado, mediante cuatro palancas (internacionalización, digitalización, sostenibilidad y apoyo financiero), para acompañarlas en su proceso de transformación digital, en su necesaria sostenibilidad medioambiental y en su apertura a los mercados internacionales.
  • En segundo lugar, el diálogo "sincero, constructivo y ambicioso con las administraciones autonómicas y locales, que nos permita mejorar nuestras propuestas y coordinarlas con las orientaciones europeas".
  • En tercer lugar, el refuerzo de las relaciones institucionales y comerciales a nivel europeo e internacional, a fin de reposicionar a España y sus empresas en un lugar preferente.


Industria
La ministra señaló que España "necesita un sector industrial fuerte, dinámico e innovador, y para ello es necesario articular una nueva política industrial proactiva, con visión de largo plazo para recuperar el tiempo perdido y alineada con los ODS de la Agenda 2030" y se comprometió a impulsar un Pacto por la Industria -con vocación de estabilidad, permanencia, certidumbre y compromiso presupuestario- que recoja las líneas maestras a largo plazo, de modo que sea elevada a la categoría de política de Estado y esté salvaguardada de eventuales y futuros cambios políticos.

Otras acciones en desarrollo enumeradas por la ministra son el Anteproyecto de Ley de Industria, proyectos tractores de automoción (con el hidrógeno verde como vector energético clave para la descarbonización), el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas o el Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Asimismo, se comprometió a seguir apoyando sectores industriales (agroalimentario, químico, papel, farmacéutico, aeronáutico, entre tantos), que "han de consolidarse en oportunidad, aportando soluciones a los retos de la digitalización, el cambio climático, la economía circular y la movilidad sostenible".


Comercio
En materia de comercio exterior, la ministra señaló que el Gobierno trabaja en los distintos foros internacionales para fortalecer el sistema multilateral de comercio y acelerar la recuperación económica. Asimismo, se comprometió a seguir adoptando medidas para apoyar la competitividad y modernización del pequeño comercio, ayudándole a adaptarse a las nuevas formas de consumo y a los nuevos canales de distribución. "En este proceso de nueva normalidad es necesario hacerlo con la seguridad y la confianza en los profesionales del sector como principal elemento. Por ello, tenemos que apoyar la sostenibilidad de los comercios físicos y su modernización a través de la digitalización y la omnicanalidad, haciéndoles motores de la economía", dijo.


Turismo
En relación con el turismo, señaló en primer lugar el esfuerzo para recuperar los mercados emisores tradicionales, y señaló como prioridad de legislatura la aprobación de la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, con la participación de las Comunidades Autónomas y el sector: "Una estrategia cuyo objetivo es reforzar la posición del sector turístico, basado en la sostenibilidad y en la implementación de la inteligencia turística y la digitalización". Asimismo, señaló como necesario "aprovechar los fondos del Plan de Recuperación de la UE para alinearlos con los objetivos comunitarios de digitalización y sostenibilidad".


Acuerdo para la recuperación económica y social
La ministra finalizó señalando que "es preciso y urgente poner en marcha un acuerdo para una recuperación económica fuerte, sostenible y justa, un proyecto transformador de la economía española articulado con los planes que se están poniendo en marcha a nivel comunitario que permita recuperar cuanto antes la senda del crecimiento sobre una base sólida; la envergadura de estos retos requiere del concurso del conjunto de la sociedad, articulado a través del Gobierno, el Parlamento, las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y los agentes sociales".
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Información de Cinco Días. 

Los autónomos pueden acceder al cese de actividad. La prestación, si es aprobada, concede una cantidad mensual correspondiente al 70% de su base reguladora por la que cotice el profesional. Con motivo de encontrarse en situación de paro, y como es lógico, no tendrá que abonar las cuotas a la Seguridad Social, del mismo modo que no lo hace un asalariado cuando se encuentra en situación de desempleo.


Pero algunas gestorías se están encontrando con casos en los que el autónomo, al cumplir con los requisitos, solicita el cese. Como los cumple, deja de abonar sus cuotas mensuales a la Seguridad Social. Grave error, según advierten estos mismos asesores.


Aunque se cumplan los requisitos, no se puede dejar de pagar la cuota
La Seguridad Social es clara en este aspecto: la prestación debe estar reconocida en firme. Sólo en este caso se podrá dejar de pagar la cuota a este organismo. La única excepcionalidad que se permite es el ingreso fuera de plazo, y sin recargo, de los días que se trabajaron en el mes de marzo. Sólo la parte proporcional, no el mes completo. Pero, en el resto de casos, el autónomo debe proceder con normalidad. Si no se expone a recargos por retraso.


¿Qué pasa si el autónomo no paga la cuota durante el coronavirus?
Si se tiene algún problema para pagar las cuotas, lo recomendable es que se solicite la moratoria habilitada, que permite postergar durante seis meses el abono de las cantidades correspondientes a junio y julio. Para ello, se debe solicitar durante los diez primeros días naturales del plazo de ingreso habitual para el mes en cuestión.

Si no demora o aplaza las cuotas, o bien no se asegura de que es preceptor autorizado del cese, el autónomo tendrá que pagar las cuotas cuando corresponde. Si no lo hace, tendrá que afrontar un recargo del 10% de la deuda acumulada, siempre y cuando la restituya en el primer mes natural al vencimiento del plazo habitual.

En el caso de que pase a pagarlas en el segundo mes natural, el recargo será del 20%.
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Información de Europa Press.

La Comunidad de Madrid no pedirá el pase adelantado a la fase 3 de la desescalada de cara al próximo lunes ni tampoco propondrá medidas de flexibilización, como ha hecho en otras ocasiones.


Así lo ha desvelado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en rueda de prensa, en la Real Casa de Correos, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Desde el Ejecutivo autonómico, han apostado por ser "prudentes" y trabajar en abordar la situación de cara al 21 de junio, cuando decae el estado de alarma.

"No se ha valorado la posibilidad de pasar a fase 3 por varias razones. En primer lugar, ya hicimos una serie de peticiones al Gobierno de España para flexibilizar esta fase 2, que no han sido atendidas, y en segundo porque a partir del 21 de junio el estado de alarma decaerá y con ello el sistema de fases", ha trasladado. Además, ha incidido que no se estudiado ninguna medida en concreto para flexibilizar la actual situación.

Por ello, considera que ahora lo que tienen que hacer es "estar preparados para sumir de nuevo íntegramente todas las competencias que van a volver a las comunidades autónomas y, a partir de ahí, diseñar un plan para continuar con esa desescalada" para evitar rebrotes y conseguir reactivar la economía.

El Ejecutivo regional tendrá que valorar, "seguramente" en el próximo Consejo de Gobierno, "qué nivel de desescalada" ponen marcha, qué sectores pueden seguir abriéndose y cuáles tienen que "esperar un poco más".

En un primer momento el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, señaló que sí se pedirá el cambio de fase. Ante esto, Aguado ha indicado que "no ha pasado nada" sino que pasar a la fase 3 sigue dependiendo del Gobierno de España y en las dos ocasiones anteriores donde han solicitado el pase o incorporación de determinadas medidas se les ha negado.

"Entendemos que si nos han negado esta opción estaremos estos 14 días en fase 2, que es lo que nos ha transmitido el Gobierno que quiere que hagamos y lo que estamos pidiendo al Gobierno de España es que a partir del 21 de junio nos diga qué va a suceder con las comunidades, cuántas competencias vamos a asumir y qué capacidad vamos a tener de movimiento para los madrileños", ha manifestado.

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Fuente: AFEC.

En la época del año en que nos encontramos, las temperaturas comienzan a subir y con ello el uso masivo de sistemas de climatización. Teniendo en cuenta la situación derivada del COVID-19, es de especial interés destacar que el aire acondicionado es un buen aliado para hacer frente a las altas temperaturas que tendremos en breve.


Los sistemas y equipos de climatización mejoran la calidad de vida de las personas, proporcionando confort y contribuyendo a obtener entornos más saludables. Además de conseguir la temperatura y humedad ambiental adecuada, son capaces de renovar y filtrar el aire interior, eliminando micropartículas del ambiente, haciendo así que el aire que se respira sea más limpio.

Expertos de diferentes Asociaciones como ASHRAE (Sociedad Estadounidense de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado), REHVA (Federación de Asociaciones Europeas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) y ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración) han concluido que la ventilación y la filtración proporcionadas por los sistemas de climatización, utilizados para calefacción y refrigeración, contribuyen a reducir la concentración de los virus y bacterias en el aire interior y, por lo tanto, el riesgo de transmisión.

En la actualidad, la situación derivada de la pandemia, también ha sacado a la luz, diversos beneficios de los equipos de climatización:
  • Las instalaciones de climatización son seguras y necesarias para alcanzar unas condiciones óptimas de bienestar e higiene en el interior de los edificios, mejorando la calidad del aire interior.
  • Espacios no acondicionados pueden provocar estrés térmico en personas, lo que puede perjudicar a quiénes estén en situación de convalecencia. Lo más recomendado es mantener unas condiciones interiores de temperatura en época de calefacción, entre 19ºC y 21ºC, y, en época de refrigeración, entre 24ºC y 26ºC, con una humedad relativa del 40%-60%.
  • Una adecuada ventilación de espacios, independiente o integrada en sistemas de climatización, garantiza una renovación permanente de aire, y ayuda a eliminar partículas suspendidas en el aire, de tal manera que reduce el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.
  • No es recomendable, para reducir la transmisión del virus, detener los sistemas e instalaciones de climatización y ventilación, siendo muy importante un buen mantenimiento de los mismos.
  • Los filtros de los equipos de aire acondicionado reducen las partículas suspendidas en el aire, por lo que contribuyen a mejorar la calidad del aire interior. Es esencial la limpieza de los mismos y un buen mantenimiento.
  • Los propios equipos de aire acondicionado pueden incluir sistemas de purificación y filtración del aire de alta eficiencia, en base a tecnologías que han demostrado su alta eficacia, por ejemplo, mediante radiación UV; fotocatalización, mediante dióxido de Titanio TiO2; procesos de filtración Iónica, etc., para reducir virus/bacterias y partículas en suspensión, todo ello mediante la propia recirculación del aire, comandada y monitorizada por el mismo equipo o sistema.
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que cobrar un suplemento por los gastos ocasionados por el Covid-19 es ilegal. Un número creciente de establecimientos de distintos sectores de actividad, con la excusa de que tienen una subida en sus gastos como consecuencia de adoptar las medidas dictadas por el Gobierno, están aplicando lo que denominan recargo, tasa o suplemento Covid a los usuarios.

Así, cobrar en un bar un recargo por las medidas que tienen que llevar a cabo para evitar la propagación del coronavirus, como el hecho de que sus trabajadores lleven mascarillas, resulta tan ilícito como que antes de la pandemia cobrasen un extra por limpiar la mesa o por el hecho de que los camareros lleven un uniforme.

FACUA advierte de que el hecho de que se informe a los usuarios de la existencia de este recargo no lo convierte en legal. Por tanto, exista o no información previa, no tiene por qué pagarse el suplemento y, además, es aconsejable realizar una fotografía del cartel o recibo donde se indique su aplicación para proceder a denunciarlo ante la autoridad de protección al consumidor de la comunidad autónoma.


Imposición al consumidor
De esta manera, FACUA considera que los locales de restauración o cualquier otro servicio estarían cargando al consumidor un recargo abusivo. El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en su artículo 89.4 así lo recoge al señalar como cláusula abusiva "la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados".

Igualmente, la aplicación del suplemento podría suponer una quiebra en la buena fe y en el necesario equilibrio entre los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual entre las partes. Ello conllevaría la abusividad de su cargo conforme recogen los artículos 80 y 82, al tratar de descargarse en el consumidor la totalidad de los perjuicios derivados de la adopción de medidas para evitar la propagación del virus. Tal ruptura de la buena fe que vendría agravada en muchos casos ante la sospecha de lucro en el cobro del suplemento por parte de muchas empresas, al existir una falta de concreción de los conceptos cobrados pudiendo ser superior a los gastos realmente soportados por las medidas destinadas a evitar la propagación del Covid-19.

FACUA insiste en que no es de recibo que los empresarios aprovechen la situación actual para hacer que los consumidores paguen suplementos por medidas higiénicas como la limpieza que se supone que antes también se realizaban por parte de la empresa y no se cobraban como tal.

En este sentido, el establecimiento ajusta los precios de sus bienes y servicios de acuerdo a los gastos que tiene y al margen de beneficio para la empresa, por lo que debe ajustar las tarifas de acuerdo a esos conceptos y no creando un suplemento extra por el Covid-19. Ante la nueva carta de servicios, será el consumidor el que decida si acepta los nuevos precios o decide optar por la oferta de otra tienda.
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