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El Área de Desarrollo Urbano ha terminado de redactar el texto de la nueva Ordenanza de Simplificación de Trámites Urbanísticos (OSTUM) que va a revolucionar la forma en la que la administración se relaciona con los ciudadanos, según ha anunciado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, tras la Junta de Gobierno en la que el delegado del Área, Mariano Fuentes, ha presentado las principales novedades de la normativa.

Se trata de una ordenanza que aúna en un único texto las dos que existen en la actualidad para la obtención de licencias, la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMTLU) y la Ordenanza de Apertura de Actividades Económicas (OAAE), pero no se limita a refundirlas, sino que propone un nuevo marco normativo que ofrece seguridad jurídica, proporcionalidad de los procedimientos en relación con las diversas actuaciones urbanísticas y que acorta los tiempos de tramitación.

El nuevo texto reduce casi en un 40 % el volumen de artículos que regulan las licencias en Madrid, pasando de los 136 actuales a 87, lo que la convierte en una normativa más concisa y sencilla.

La ordenanza, que entra ahora en la fase de solicitud de los informes internos, incorpora las propuestas de todos los agentes involucrados en la gestión de las licencias y declaraciones responsables, elimina muchos trámites innecesarios que ahora alargan los procesos y apuesta por la implantación definitiva de la tramitación telemática.

El impulso a esta ordenanza es, además, una de las medidas incluidas en el Plan de Choque de agilización de licencias del Área de Desarrollo Urbano para ayudar a la recuperación de la ciudad tras la crisis sanitaria por COVID-19.


Exposiciones temporales
Con la nueva norma se permitirán actividades temporales en locales, siempre que cumplan con los requisitos ambientales y de seguridad. Así, los establecimientos que lo deseen podrán albergar exposiciones u otras actividades económicas o culturales de forma temporal, algo que hasta ahora no tenía cabida en las ordenanzas. Esto supondrá “más actividad y, por tanto, más dinamismo, más empleo y más riqueza para Madrid”, según ha destacado la vicealcaldesa.

Otra novedad es que con un informe de viabilidad urbanística básica, que cumpla una serie de criterios claros, se facilita que en el plazo de un mes el interesado ya pueda empezar la obra. Además, se define mejor el objeto de las declaraciones responsables y el ámbito de actuación de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU).


Disciplina urbanística
Los mecanismos de disciplina urbanística existentes a día de hoy, regulados por diversas normas, se han demostrado poco eficaces para determinadas situaciones. Por eso, la nueva ordenanza crea novedosos mecanismos para dar cobertura normativa a las actuaciones de disciplina.

Así, crea un nuevo procedimiento para cesar actividades sin licencia o sin declaración responsable y también para poder revocar licencias de actividad y funcionamiento si se incumplen los requisitos en los que fueron concedidas. También intenta dar mayor agilidad a la subsanación de deficiencias.

Como aspecto reseñable, introduce la mediación administrativa para facilitar la obtención de un acuerdo entre denunciante y denunciado con el fin de reducir la conflictividad entre las partes y dar cumplimiento efectivo a la legalidad urbanística.
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En la sesión de control al Ejecutivo celebrada en la Cámara Baja, Sánchez ha asegurado que, durante estos tres meses de pandemia, el esfuerzo de los ciudadanos, los agentes sociales y el conjunto de las instituciones públicas ha permitido evitar la destrucción de millones de puestos de trabajo y de empresas y asistir a los colectivos más vulnerables. Y, sobre todo, el estado de alarma y el confinamiento han permitido salvar miles de vidas, ha subrayado el presidente en su respuesta a la pregunta formulada por el diputado Pablo Casado, del Grupo Parlamentario Popular.

"Es cierto que no estamos todos", ha dicho Sánchez, que ha anunciado que la ceremonia de Estado en tributo a los fallecidos por el COVID-19 se celebrará el próximo 16 de julio. El acto -ha añadido- será también un homenaje a los servidores públicos "que han estado en primera línea luchando contra la pandemia".

La ceremonia se celebrará en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, estará presidida por el Rey y contará con la presencia de los máximos representantes de las instituciones españolas y también de las europeas: el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el Alto Representante de la UE, Josep Borrell. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, también asistirá a este acto en memoria de las víctimas. Sánchez ha apuntado que el Ejecutivo espera contar igualmente con la presencia de todas las fuerzas parlamentarias.

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El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se activa el quinto y último tramo de la Línea de Avales para garantizar la liquidez de empresas y autónomos. Esta Línea fue aprobada por el Gobierno el pasado 17 de marzo por un importe total de 100.000 millones de euros para hacer frente a los efectos económicos del COVID-19 y es la mayor movilización de avales públicos para empresas puesta en marcha en España.

La activación por tramos ha permitido ir adaptando la Línea a las necesidades de las distintas empresas y sectores en cada momento, lo que hace que sea una de las más utilizadas en Europa.

Este tramo tiene una dotación de 15.500 millones de euros, de los cuales 7.500 millones se ponen a disposición de autónomos y pymes, en línea con lo que se ha venido haciendo hasta el momento de priorizar a las compañías de menor tamaño. El resto de empresas contarán con 5.000 millones de avales.

Con el fin de impulsar y reactivar el sector turístico, se reservan 2.500 millones de euros para para atender las necesidades de financiación de autónomos y pymes del sector turístico y actividades conexas. De esta forma, el Gobierno sigue reforzando su apoyo al turismo, uno de los más afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. Los fondos podrán destinarse tanto a cubrir necesidades de liquidez como las inversiones necesarias para la mejora, ampliación o adaptación de instalaciones y equipos.

Las empresas y negocios del sector turístico, ocio y cultura son las que han recibido un mayor volumen de financiación a través de la Línea de Avales. A esta financiación se suma la recibida inicialmente a través de la Línea de Thomas Cook por importe de 400 millones de euros, que permitió que 4.700 empresas del sector obtuvieron préstamos para cubrir sus necesidades de liquidez.

Adicionalmente, se destinan 500 millones de euros para la adquisición o arrendamiento financiero u operativo por empresas y autónomos de vehículos de transporte terrestre para uso profesional, con el fin de impulsar la inversión, contribuir a la renovación del parque de vehículos y fomentar la movilidad sostenible.

Con la activación del último tramo de la Línea de Avales, se han reservado un total de 67.500 millones de euros a pymes y autónomos; 25.000 millones al resto de empresas; 4.000 para avalar las emisiones del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF); 2.500 a reactivar el sector del turismo; 500 millones a reforzar el reaval que CERSA concede a las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas y 500 millones a la adquisición o arrendamiento financiero de vehículos destinados al transporte por carretera.

Asimismo, la colaboración con las 123 entidades financieras que gestionan la Línea está permitiendo que empresas de todos los sectores de actividad y de todas las provincias de España estén accediendo a este programa de avales, lo que le convierte en uno de los mayores y principales exponentes del éxito de la colaboración público privada.


Características de la Línea de Avales
El quinto tramo de la Línea de Avales mantiene las mismas características y el mismo modo de tramitación de los anteriores para los préstamos destinados a empresas y autónomos. Podrán solicitar estos avales hasta el 30 de septiembre de forma exclusiva las empresas afectadas por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

La distribución de la línea de avales para autónomos y empresas entre los operadores se llevará a cabo con los mismos criterios que los establecidos en los tramos anteriores, en función de la cuota de mercado comunicada por cada entidad financiera al Banco de España a cierre de 2019.

El volumen máximo asignado para cada entidad será válido hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de operadores, de forma proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta esa fecha.

Los importes destinados a los sectores del turismo y el automóvil se distribuirán a demanda en función de los créditos aprobados por las entidades financieras.


Más de 69.000 millones de euros en financiación
Las empresas españolas han recibido ya 69.023 millones de financiación garantizada con la Línea de Avales. Con datos a 14 de junio, se han aprobado 565.110 operaciones de financiación, con un importe avalado de 52.761 millones de euros.

El mayor volumen de operaciones y financiación se concentra en pymes y autónomos, con 555.288 préstamos aprobados, el 98% del total, y un importe avalado de 38.975 millones de euros. Esto ha permitido que estas empresas hayan recibido 48.750 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante.

El resto de empresas han recibido más de 20.272 millones de euros en financiación, a través de 9.822 operaciones avaladas con 13.804 millones de euros.
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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se crea el Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, con el que se financiarán los gastos derivados de la pandemia, en especial en el sistema sanitario, se incrementarán las partidas en educación, se compensará la caída de ingresos fiscales y se garantizará la prestación de servicios públicos esenciales.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado que este fondo supone la mayor transferencia de recursos del Gobierno a las comunidades realizada hasta ahora, al margen del sistema de financiación, y que se trata de un fondo no reembolsable: "No tendrán que devolver el dinero, no va a incrementar su deuda pública ni va a generar intereses a abonar al Estado español”.

Montero ha incidido en que el fondo refleja la apuesta del Gobierno por la sanidad y la educación como piezas angulares del crecimiento y del bienestar social, con independencia de cuál sea la administración que ejerza esas competencias: "Sin una sanidad fuerte, pública, universal; sin un sistema educativo que responda a las necesidades de nuestra sociedad, no avanzaremos en la recuperación que necesitan España y Europa".

Asimismo, ha dicho, pone de manifiesto que el Gobierno cree firmemente en el Estado de las autonomías y las dota de recursos.


Criterios de reparto
María Jesús Montero ha avanzado que más de la mitad del fondo, 9.000 millones de euros, se destinará a gasto sanitario para reforzar las plantillas y los sistemas de salud con el objetivo de que estén en condiciones de actuar de forma temprana ante la aparición de cualquier nuevo brote de coronavirus; 2.000 millones cubrirán las necesidades del sistema educativo y 5.000 millones compensarán la caída de la recaudación de los impuestos propios de las comunidades y la caída de viajeros en su transporte público.

El fondo se divide en cuatro tramos:
  • El primer tramo, de 6.000 millones, se abonará en julio y se repartirá en función de la incidencia del virus en los territorios: ingresos en UCI, pacientes hospitalizados, PCR totales realizadas, así como población protegida equivalente. Se tomarán como referencia los datos a 30 de abril.
  • El segundo tramo contempla los 3.000 millones restantes de gasto sanitario. Se repartirán en base a los mismos parámetros pero con diferentes ponderaciones y a 31 de octubre.
  • El tramo de 2.000 millones reservado a la educación se abonará en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. En este caso, el 80% del importe se distribuye en función de la población de 0-16 años de cada comunidad, y el 20% restante por el número de habitantes de 17 a 24 años. Es decir, este 20% va más dirigido a cubrir las necesidades de la educación universitaria.
  • El cuarto tramo, dotado con 5.000 millones de euros se dividirá en dos: 4.200 millones se distribuirán en función de peso de la recaudación en los años 2017, 2018 y 2019, con un ajuste de población; 800 millones se destinarán a financiar el déficit adicional que ha sufrido el transporte público autonómico motivado por las medidas adoptadas durante el estado de alarma.

La portavoz también ha resaltado que el Real Decreto-ley permite, de manera excepcional, que las comunidades autónomas con superávit en años anteriores pendiente de aplicar puedan destinarlo a cubrir necesidades de financiación provocadas por la pandemia.
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La entrada de pedidos de la Plataforma Electronet e-Commerce sigue recuperando paulatinamente sus niveles de actividad, según informa ADIME.

Si el mes de mayo cerró con una mejora del 4% respecto a la semana anterior, durante la primera semana de junio se han registrado casi 9.500 transacciones, esto es, un 3% más que la semana precedente.


Las formas de la recuperación
Durante el mes de mayo se fue “dibujando” el progresivo incremento, lento pero constante, de la entrada de pedidos a través de Plataforma Electronet e-Commerce, llegando a registrar más de 34.000 transacciones, no obstante, todavía lejos de los niveles pre-covid, ya que mayo cierra con un casi -26% en comparación con el mismo mes del 2019. En estos momentos, el acumulado anual se sitúa en un -15,77%.


Despegue de pedidos desde el Decreto de Estado de Alarma
Durante el mes de mayo, se han marcado semana a semana, los niveles más altos desde el inicio del confinamiento tras el Decreto de Estado de Alarma. Una progresiva mejora en el nivel de transacciones, aunque no se puede saber el importe de estas actividades, para obtener el análisis completo, en cuanto al volumen económico que representan.

La evolución de los pedidos durante el mes de marzo, tuvo un antes y un después con las medidas establecidas por el Gobierno, que se agravaron tras el mayor endurecimiento del confinamiento, a partir del 30 de marzo.

Situando el mes de marzo en niveles del -11% respecto al mismo mes del 2019, aunque los niveles críticos fueron en el mes de abril, que como se refleja en anteriores análisis, llegaron a rozar el -47% comparados con el mismo mes de abril del pasado año.
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Salicru ha suministrado diferentes Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) a hospitales de España y Portugal que han reforzado su equipamiento sanitario para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

En concreto, se han suministrado 2 SLC Cube3+ para las UCIS de los hospitales de Vall d’Hebrón de Barcelona y Doctor Josep Trueta de Girona, dos hospitales públicos de referencia en su sector.

La misma serie SLC Cube3+ se ha suministrado también al prestigioso hospital Curry Cabral de Lisboa, un centro perteneciente al Serviço Nacional de Saúde portugués que es una referencia nacional en el tratamiento de enfermedades infecciosas.

Finalmente, Salicru ha donado 10 SAIs de la serie SLC Twin Pro 2 a la Marina de Guerra del Perú, para alimentar los primeros respiradores artificiales básicos que ha desarrollado un Comité de Investigación del ejército para tratar a enfermos del Covid-19 de ese país.


Equipos para aplicaciones críticas
En una situación de excepcionalidad como la provocada por la pandemia del coronavirus, los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) son equipos que resultan imprescindibles para garantizar la alimentación eléctrica en servicios tan básicos como hospitales y centros sanitarios.

Pero también para muchas más aplicaciones críticas donde es necesario asegurar un suministro eléctrico fiable, continuo y de calidad como son las instalaciones de las compañías suministradoras de electricidad, agua y gas; las infraestructuras de transporte y telecomunicaciones; los servicios financieros y comerciales, los sistemas de seguridad y control o los procesos industriales.
Información de Europa Press.

La Comunidad de Madrid no entrará directamente en la nueva normalidad el 21 de junio, día en el que decae el estado de alarma, sino que el Gobierno regional impondrá restricciones para hacerlo de "forma progresiva".

Así lo ha desgranado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en declaraciones a los medios, durante una visita a de las oficinas de gestión de la tarjeta de transporte público que se ha reabierto en el Intercambiador de Príncipe Pío.

El vicepresidente ha sostenido que llevan "muchos días" trabajando en esta "desescalada regional", en las competencias que deben asumir. Así, ha desvelado que en los próximos días celebrarán un Consejo de Gobierno extraordinario donde aprobarán estas medidas, que tendrán que ver "con la apertura gradual de los sectores económicos de la Comunidad" así como de la escuelas infantiles e instalaciones dependientes de la Consejería de Políticas Sociales.

"No volveremos a la nueva normalidad a partir del domingo sino que iremos progresivamente, de forma escalonada, recuperando la normalidad en el sector de la restauración, hoteles, ocio, espectáculos o entretenimiento. Iremos avanzado gradualmente pero no en bloque, no de una sola vez, sino por etapas, por fases", ha desvelado.

Respecto a la movilidad, Aguado ha incidido en que las competencias "vuelven" a las autonomías "excepto las restricciones de movilidad" con lo cual el Estado "sigue siendo el único capaz" de limitarla o restringirla.

"Tiene que ser el Gobierno de España el que dictamine si hay una restricción de movilidad entre la Comunidad de Madrid y otras autonomías. A día de hoy lo que ha dicho es que no habrá restricción de movimiento", ha manifestado. Según ha subrayado, el Gobierno regional no tiene "la capacidad ni las competencias" de hacerlo.
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Información de El Confidencial.

Un millón de sanciones quedarán en el limbo de la indeterminación a partir del próximo 21 de junio, día en que el estado de alarma acabará en toda España después de más de tres meses. Los despachos de abogados que se ocupan de recurrir estas multas en nombre de los afectados han encontrado un resquicio en la ley en la que se apoyó el real decreto por el que se declaró que puede desactivar todas aquellas que no sean firmes antes del próximo domingo.


El argumento para dinamitar la tramitación por parte de las administraciones de estas propuestas elevadas por los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se encuentra en la norma que permitió al Ejecutivo declararlo. La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Desde su arranque, ya en el artículo 1, la norma precisa que una vez finalizada su vigencia, "decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a estas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes".

Aunque el textual del artículo parece bastante claro, los multados no las tienen todas consigo. La norma jurídica puede interpretarse de varias maneras, y al final todo dependerá de lo que decidan interpretar políticamente el Gobierno de turno y los jueces de lo contencioso. Antecedentes no hay. La indeterminación viene de que, desde que se dictó, no se ha aplicado en 40 años.

Por ejemplo, el real decreto se desarrolló a través de nuevos decretos u órdenes ministeriales y, en ningún momento, incluyó un régimen sancionador específico. El Ministerio del Interior se basó en el incumplimiento de otras leyes que ya existían. En las instrucciones que el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha ido dando a las policías y la Guardia Civil, para orientar y graduar la incoación de sanciones por incumplir el confinamiento generalizado, se fijaban multas de entre los 601 euros y los 10.400 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza.

Durante estos tres meses, ha habido de todo. Muchos juristas reconocían que las multas eran necesarias para controlar, en muchos casos, la observancia del encierro obligatorio en los hogares. Pero también se han producido excesos de celo que dieron lugar a situaciones injustas. Recintos religiosos desalojados, multas por comida inadecuada, detenciones por delitos de desobediencia e incluso de odio, advertencias de agentes por el uso de lugares que, sin embargo, no son públicos, como las azoteas, o por la elección de la residencia donde el ciudadano escoge confinarse.

El último recuento proporcionado, de finales de mayo, cifraba en 1.013.747 las propuestas de sanción impuestas, a las que se sumaban 8.418 detenidos. Como en una montaña rusa, el inicio de la desescalada supuso también un descenso de las multas, mucho más elevadas en las semanas iniciales que en las del final. Pero siguen imponiéndose. Incluso el decreto de la llamada 'nueva normalidad' prevé para aquellos que no lleven mascarilla en los casos obligados 100 euros de sanción.

El laboratorio para probar la validez del recurso por esta disposición que parece borrar de un plumazo todas las que no sean firmes está siendo Galicia. Ha sido la primera comunidad que ha quedado fuera del estado de alarma. Ha abandonado este lunes de forma anticipada la fase 3 de la desescalada y, por ello, son los multados allí quienes primero probarán el argumento para solicitar archivar expedientes sancionadores abiertos.

A esta arma legal se suma contra la tramitación efectiva su enorme volumen de multas, que provocará que, en muchos casos, acaben convirtiéndose en papel mojado. Gran parte de ellas quedarán desactivadas, atrapadas en las dificultades de tramitación y en la falta de personal de muchas de las delegaciones de gobierno donde han ido acumulándose semana tras semana. El reloj también va a favor, ya que, transcurridos seis meses, el expediente caduca.

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Información de Cinco Días.

El Congreso pide al Gobierno a que mantenga el apoyo a los autónomos y a que se reforme el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley en la que se solicita al Gobierno central a que apoye a estos trabajadores para que puedan mantener su actividad productiva tras la crisis provocada por la Covid-19. Pero, ¿qué medidas serán exactamente las que se plantean?


La iniciativa parte del Grupo Parlamentario Republicano, aunque ha contado con los votos a favor del Grupo Socialista, ya que se ha introducido una enmienda de este grupo parlamentario.

Según han dicho, la reforma del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos sería a fin de establecer el sistema de cotización por ingresos reales. Se trata de una propuesta que ya se ha planteado en varias ocasiones.


Seguimiento de la prestación extraordinaria
En ese sentido, según la proposición no de ley el Congreso ha pedido al Ejecutivo que haga un seguimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad para que valore su prórroga en función de los sectores que requieran más ayuda por la crisis sanitaria.

A su vez, la propuesta contempla el estudio de nuevos aplazamientos temporales en deudas de los autónomos con la Seguridad Social. Con un interés especial que pudiera acercarse paulatinamente al interés de demora establecido en la Ley General de la Seguridad Social.


Un plan para el empleo autónomo
Por otro lado se ha aprobado la constitución del Consejo de Trabajo Autónomo y se ha solicitado que en la mesa de diálogo social se diseñe un plan estratégico para el empleo autónomo. Dicho plan, de acuerdo a los parlamentarios, debería contemplar la digitalización de la economía, la fijación de la población en el territorio favoreciendo el autoempleo rural, así como actuaciones para colectivos especiales como los mayores de 52 o los menores de 30 años, las mujeres y las personas con discapacidad, y los autónomos con actividad estacional; y garantizar de forma efectiva la igualdad en la prestación laboral por cuenta propia.
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Información de 20 Minutos.

La pandemia ha tenido y tiene un efecto directo en la economía española. También en lo que a salarios se refiere. Y es que los expedientes de regulación de empleo han frenado en el primer trimestre de 2020 la recuperación salarial de los trabajadores. El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.570,32 euros en el primer trimestre, lo que supone un repunte interanual del 0,8%, su menor alza en dos años (desde el segundo trimestre de 2018), según los datos del IN.


El organismo atribuye la moderación en el ritmo de crecimiento del coste laboral precisamente a la suspensión temporal de diversas actividades económicas por la declaración del estado de alarma a mediados de marzo.

Hay que tener en cuenta también que este coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subió un 0,7% respecto al primer trimestre de 2019, situándose en 1.889,78 euros por trabajador y mes. Con este incremento interanual, los salarios también encadenan once trimestres consecutivos de alzas.

Estadística precisa que los trabajadores afectados por este cierre temporal acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) continúan perteneciendo a la plantilla de sus empresas, pero no son remunerados con salarios, sino con prestaciones aportadas directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en algunos casos, complementadas por las propias empresas. Además, las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores de estos trabajadores están exoneradas en su mayor parte.

Con este aumento interanual en el primer trimestre de 2020, el coste laboral encadena once trimestres consecutivos en positivo. La subida del 0,8% registrada entre enero y marzo contrasta notablemente con los crecimientos trimestrales que se experimentaron en el ejercicio 2019, todos superiores al 2%.

Los otros costes (costes no salariales) alcanzaron hasta marzo los 680,54 euros, con un alza interanual del 1%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que totalizaron 623,82 euros, un 1,3% más que en el primer trimestre de 2019.

El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no salariales, que disminuyeron un 3,2% en tasa interanual, debido fundamentalmente al descenso de las indemnizaciones por despido y de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, ropa de trabajo, pagos compensatorios, etc). Por su parte, las subvenciones y bonificaciones bajaron un 4,7% interanual.

El coste laboral por hora creció en el primer trimestre un 4,8% interanual. Este incremento, superior al del coste por trabajador, se debe a la bajada del 3,8% en el número de horas efectivas de trabajo debido, fundamentalmente, a la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma. Si se elimina el efecto estacional y el de calendario, el crecimiento estimado del coste por hora es del 4,2%. Por su parte, el coste laboral por hora pagada creció un 0,6% interanual, dado que el 98,4% de las horas no trabajadas son remuneradas, incluyendo las de los ERTE.


Por sectores
Hay que tener en cuenta, asimismo, que a mayor crecimiento del coste laboral, menor es el impacto de la pandemia en la actividad económica correspondiente. Por ejemplo, la hostelería, uno de los sectores más castigados por la crisis, registró el mayor descenso interanual del coste laboral, un 7,2%, hasta los 1.402,5 euros por trabajador y mes. En este sector, las horas efectivas disminuyeron un 12%, pues un 23,8% de la jornada pactada no se realizó, la mayor parte por razones técnicas, económicas y fuerza mayor.

El suministro de energía, las actividades financieras e industrias extractivas son las que presentan los costes laborales más elevados, con 7.099,6 euros, 5.706,6 euros y 4.695,6 euros por trabajador y mes, respectivamente, mientras que los menores corresponden a la hostelería (1.402 euros), otros servicios (1.740 euros) y actividades artísticas (1.806 euros), precisamente los tres sectores donde en el primer trimestre se registraron descensos interanuales del coste laboral.

Por contra, los crecimientos interanuales más significativos de los costes laborales en el primer trimestre se los anotaron las actividades inmobiliarias (un 9,1% más), el suministro de energía (con un subida de un 7%) y la Administración Pública, que experimentó un crecimiento de un 4,3%.


¿Dónde están los sueldos más elevados?
Por comunidades autónomas, los costes laborales más altos los registraron Madrid (3.123,8 euros por trabajador y mes), País Vasco (3.017,5 euros), Navarra (2.763,1 euros) y Cataluña (2.680,8 euros), mientras que los más bajos se dieron en Extremadura (2.072,7 euros) y Canarias (2.171,8 euros).

Estadística señala que el impacto de la pandemia ha sido desigual por comunidades autónomas, dependiendo de su estructura productiva. Castilla-La Mancha y Navarra presentaron los mayores avances interanuales del coste laboral, un 3,1% y un 2,4%, respectivamente, mientras que Cataluña registró el mayor retroceso (una bajada de un 2,3%).
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